Se reabre la grieta por los plazos procesales en Neuquén: por segunda vez sobreseen a un condenado por robo
Se acumulan las resoluciones contrapuestas, con diferentes interpretaciones de una serie de sentencias que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La controversia se mantiene entre la sala penal del Tribunal Superior de Justicia e integrantes del Tribunal de Impugnación. (Archivo)
En un nuevo capítulo de la pulseada ya clásica en el Poder Judicial de Neuquén, el Tribunal de Impugnación resolvió sobreseer por segunda vez a Miguel Ángel Monsalve, condenado por robo en poblado y en banda, al declarar extinta la acción penal por vencimiento de los plazos procesales. La decisión se tomó por mayoría, con votos favorables de los jueces Richard Trincheri y Patricia Lupica Cristo, y la disidencia de Estefanía Sauli.
En marzo, el Tribunal de Impugnación con otros integrantes -Mauricio Macagno, Florencia Martini y Liliana Deiub- había tomado la misma decisión en el mismo caso.
El Tribunal Superior de Justicia anuló luego ese fallo, la causa volvió al juez de Garantías Lucas Yancarelli quien declaró inconstitucional el artículo 87 del Código Procesal Penal de Neuquén, que fija un máximo de 3 años para la duración total del proceso. Vencido el mismo corresponde sobreseer al imputado.
El defensor de Monsalve, José Quintero Marco, apeló y nuevamente el Tribunal de Impugnación, en una resolución conocida este viernes, sobreseyó a Monsalve.
Idas y vueltas
En resumen, la cadena de fallos que se anulan entre sí es la siguiente:
• El 21 de febrero condenan a Monsalve en tribunal de juicio a 3 años y 8 meses de prisión.
• El 30 de marzo lo sobreseen en Impugnación.
• En abril anulan el sobreseimiento en el Tribunal Superior de Justicia.
• El 16 de mayo declaran la inconstitucionalidad el plazo de 3 años por parte del juez Yancarelli.
• El 3 de julio, nuevo sobreseimiento en Impugnación por parte de otros jueces.
Las críticas a la Corte Suprema
En su voto, Trincheri retomó críticas que ya había formulado en otros casos como Cortez, en el que advirtió que fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como Price y Seccional Cuarta «consagran la vigencia del ‘no plazo» y dejan a las provincias sin margen para garantizar la celeridad procesal.
Para el juez, estos precedentes nacionales «son inconstitucionales» porque omiten distinguir entre dos conceptos clave: la prescripción, regulada por el Congreso Nacional como materia de fondo, y la caducidad procesal, que las provincias pueden fijar para asegurar que los juicios no se extiendan indefinidamente.
A su vez, Trincheri insistió en que la Corte Suprema, al invalidar la facultad provincial de fijar esos plazos, impone «un criterio centralista» que va en contra del derecho de cada provincia a administrar su justicia de forma autónoma. Citó antecedentes históricos y doctrinarios para recordar que la acción penal, una vez iniciada, se rige por normas procesales locales. «Los fallos Price y Seccional Cuarta contradicen esa tradición federal y convierten el derecho a un plazo razonable en letra muerta», escribió.
Clima de relajación
El juez subrayó que la doctrina de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia —que sigue la línea de Price— genera un «clima de relajación» en todo el sistema penal. Según advirtió, ese ambiente alienta a que fiscales no prioricen el respeto de los plazos procesales, sabiendo que el vencimiento no tendrá consecuencias concretas. El perjuicio será para imputados y víctimas, alertó en su voto.
En la misma línea, la jueza Patricia Lupica Cristo respaldó la postura de Trincheri y sostuvo que declarar inconstitucional un plazo que refuerza una garantía básica como la del plazo razonable es «un contrasentido».
Añadió que el artículo 87 es una manifestación legítima de la autonomía provincial y un freno esencial contra la impunidad o la dilación injustificada de causas penales.
El escenario cambió
En minoría quedó la jueza Estefanía Sauli, quien coincidió con varios de los argumentos de sus colegas sobre la importancia de los plazos y la crítica al fallo Price, pero remarcó que el escenario cambió tras nuevos pronunciamientos de la Corte Suprema —como Seccional Cuarta y Cozzi— que reafirmaron la inconstitucionalidad de normas provinciales que fijan plazos fatales.
Sauli subrayó que, si bien las provincias tienen potestades para legislar sobre el proceso, no advirtió motivos suficientes para apartarse de la doctrina ya consolidada por los tribunales superiores. “Debemos asegurar un plazo razonable para todas las partes, sin que ello derive en impunidad cuando ya existe una condena”, sostuvo.
Comentarios