Impulsan proyecto de ley para anular la compra de tierras en Río Negro con fondos de Emiratos Árabes Unidos

La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó este martes un proyecto de ley para anular la operación inmobiliaria que finalizó con la compra de 14.689 hectáreas, ubicadas en el cerro Carreras de la zona cordillerana de la provincia de Río Negro, con fondos aportados por el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

“El presente proyecto de ley tiende a retrotraer los efectos jurídicos de una de esas operaciones inmobiliarias: se trata de aquella que permitió que tierras del Estado rionegrino terminaran bajo el dominio del Estado de EAU, en un lapso de solo 9 años y mediante una trama de negocios inmobiliarios…”, afirmó Odarda.

El proyecto de ley declara “lesiva al interés general, la escritura de dominio número 70/2008 suscripta por el exgobernador de Río Negro Miguel Saiz y los actos administrativos dictados en consecuencia”. Se trata de la escritura suscrita el 30 de abril de 2008 que otorgó en venta las 14.689 hctáreas a Miguel Guajardo (ex intendente de El Maitén) y Uberfil Carrillanca, “vinculado al magnate inglés, Joseph Lewis”, según la legisladora opositora.

La parcela nomenclatura catastral 20-2-600250 incluyó además treinta y siete áreas y setenta y seis centiáreas. Según la escritura, “dicho inmueble se encuentra incluido en Zona de Frontera, decreto PEN N°887/94. El precio fijado de la operación fue $1.330.830,37. Equivalente a $ 90.6 por cada una de las hectáreas”, indicó la legisladora en los fundamentos del proyecto.

El proyecto de ley instruye a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, para que inicie acción judicial de lesividad contra Baranucci y/o el Fideicomiso Amaike, en los términos dispuestos en el artículo 24 del Código de Procedimiento Administrativo de Río Negro. El objetivo es “obtener la declaración de nulidad absoluta e insanable de las operaciones inmobiliarias que involucran a la parcela”, que está situada en zona de frontera por violación de la normativa de orden público en materia de defensa nacional, control de zonas de fronteras, “posibilitando la cesión de parte del territorio rionegrino al Estado de Emiratos Árabes Unidos”.

La iniciativa prevé comunicar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro, para que a través del organismo competente que estime corresponder, realice todos los actos conducentes a la toma de la posesión del inmueble”, que se compró con fondos de EAU, “así como todos aquellos inherentes a la regularización de la situación jurídica resultante de dicha medida”.

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Odarda reconstruyó en el proyecto la ruta de la operación inmobiliaria de esas tierras. Sostuvo que Guajardo y Carrillanca solo abonaron el equivalente al 10% del total de la operación, constituyendo derecho real de hipoteca sobre el saldo.

“A menos de un año de celebrado el contrato de compra venta, Guajardo cancela la hipoteca el 16 de junio de 2009 y un mes después vende los derechos al empresario Marcelo Mindlin”, relató Odarda que reconstruyó la ruta de la operación con esas tierras.

Advirtió que Marcos Marcelo Mindlin fue beneficiado por operaciones directas por parte del Estado rionegrino durante el Gobierno de Miguel Saiz.

“En la operación inmobiliaria, Mindlin fue representado por el Dr. Lisandro Allende, quien fuera imputado junto a Joseph Barrington Lewis por evadir, mediante simulación y fraude a la legislación argentina en la compra de 11.000 hectáreas circundantes al Lago Escondido, propiedad del magnate inglés Joseph Lewis, quien al día de la fecha mantiene un conflicto judicial por el libre acceso al espejo de agua”, recordó. Rememoró que la “triangulación de esa operación inmobiliaria fue investigada por la Justicia rionegrina”.

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“Mindlin compró y escrituró a su nombre tres campos el mismo día en 2009, en abierta violación a la ley provincial de Tierras vigente hasta la sanción de la ley 5705 en el año 2023”, aseguró la legisladora en los fundamentos de la iniciativa.

“Tres fracciones contiguas fueron compradas a Marcos Marcelo Mindlin en el Alto Río Chubut en el año 2017, lo cual afectó a las comunidades indígenas Kom Kiñé Mu, Lof Cayunao y Lof las Huaytecas”, añadió.

Odarda consignó que la escritura 15 confeccionada el 14 de marzo de 2017, “refleja la compraventa de Marcos Marcelo Mindlin a través de sus apoderados Martín Luciano Feldman, a favor de Hugo Alberto Barabucci, a través de su apoderada, Patricia Marcela Bin Astigarraga, ocurrida en San Carlos de Bariloche ante la escribana Ana Elisa Aguado, notaria titular del registro 152 del correspondiente distrito”.

Puntualizó que Mindlin vendió a Barabucci la parcela Nomenclatura Catasrral (NC) 20-2-600250 de 14.689 hectáreas, 37 áreas, 76 centiáreas, la NC 670.210 de 3.765 hectáreas., 81 áreas, 95 centiáreas, 69 decímetros cuadrados y la NC 710.320 de 815 has., 16 áreas, 81 centiáreas, 68 decímetros cuadrados. “El precio por las tres parcelas fue 2.050.165” dólares estadounidenses, aseguró Odarda.

Advirtió que la parcela de 14.689 hectáreas se fijó en 1.562.802 dólares “los que fueron donados por el Estado de Emiratos Árabes Unidos”. 

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La legisladora puntualizó en los fundamentos del proyecto de ley que mediante escritura 25 del 19 de enero de 2018 formalizada en la Ciudad de Buenos Aires, “se firmó el contrato por el cual se crea el “Fideicomiso Amaike”.

Reveló que se establecieron, como partes del mismo: “Fiduciante Clase “A”: Jorge Daniel Ortiz, presidente de la firma Manzil SA, vinculada también al Estado de EAU. Dicha empresa cuenta entre sus últimas adquisiciones, con el aeropuerto de Bahía Dorada, comprado al magnate inglés Joseph Lewis”.

“Y Fiduciante Clase B: Hugo Alberto Barabucci , quien fue representado en ese acto por su apoderada, Patricia Bin Astigarraga. Barabucci es quien realizó el único aporte de “tierras” al fideicomiso, entre ellas, la parcela 600-250, ubicada en el Departamento Bariloche, Alto Río Chubut, entre otras”, detalló Odarda. Según la legisladora, el Fiduciario era entonces Ignacio Petrochi Massuh.

Describió otra firma como la Sociedad “Gengis Real Estate SA”, quien resultará adjudicataria del 100% de los beneficios del fideicomiso.

Contó que el objeto del fideicomiso era la “explotación y administración del patrimonio fideicomitido mediante el cual se conforma un “Hounting Lodge” para la explotación de la caza deportiva y alojamiento temporario” por un plazo de 30 años desde la fecha de constitución.

De acuerdo con Odarda, la composición accionaria de de Gengis Real Estate SA es: 49% acciones clase B: Hugo Barabucci y 51% acciones clase “A”: Manzil SA. Por acta de asamblea ordinaria del 13 de marzo de 2020, se designó como presidente a Jorge Daniel Ortíz, presidente de Manzil SA”.

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“Empresas y fideicomisos con integrantes con DNI argentino, como el caso del “Fideicomisa Amaike”, “Manzil SA”, “Gengis Real Estate SA”, “Diuna Inmobiliaria”, entre otras, actúan como “personas interpuestas” según la ley 26.737, sirviendo como vehículo jurídico para que los Estados nombrados compren tierras en nuestro territorio provincial, que por imperio constitucional resulta único e indivisible”, advirtió Odarda.

“Estas maniobras de simulación ilícita y fraudulenta a la legislación argentina -que torna nulo de nulidad absoluta todo acto jurídico dictado en consecuencia- han ocurrido ante controles nulos por parte del gobierno provincial, a pesar de que se trata de tierras con agua dulce, parte del bosque andino patagónico, con flora y fauna silvestre inigualables y hasta –en algunos casos- con sistemas glaciarios protegidos”, enfatizó.

Odarda mencionó los confictos territoriales que tienen las comunidades mapuches con los privados citados en el proyecto.

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Citó el caso de la ley sancionada en junio de 2013 por La Legislatura de Río Negro por la que fueron restituidas al patrimonio provincial, “más de 24.000 hectáreas de tierras de origen fiscal”, ubicadas en la Meseta de Somuncura.

Esas tierras “habían sido adjudicadas mediante el mecanismo fraudulento mencionado precedentemente y denunciado por la Comisión. El precio vil fijado en la venta del inmueble, ascendía a $9,18, por hectárea”, recordó Odarda.

“La operación inmobiliaria fue declarada nula de nulidad absoluta e insanable y el adjudicatario particular no recibió indemnización alguna por parte del Estado”, destacó.