Tensión en la obra social de las Fuerzas Armadas: renuncia clave y reclamos por 600 bajas y servicios en riesgo
El coronel Ariel Guzmán abandonó su cargo como administrador tras una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti, en medio de un conflicto por pasivos millonarios y cortes de prestaciones. En paralelo, el gremio estatal ingresó por la fuerza al edificio central para reclamar contra el cese de 600 contratos y la clausura de hoteles y farmacias.
La crisis institucional y financiera de la cobertura médica de las Fuerzas Armadas alcanzó un nuevo punto de tensión tras la renuncia del coronel retirado Ariel Guzmán, administrador de la liquidación del antiguo Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA). La salida del funcionario se produjo un día después de una reunión con el ministro de Defensa, Carlos Presti, quien expresó su insatisfacción por los tiempos del proceso de disolución, un paso clave para el titular de la cartera para abordar la deuda pasada.
De manera simultánea, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) irrumpió por la fuerza en la sede central del organismo, ubicada en la calle Paso 551 de la Ciudad de Buenos Aires. Tras violentar la persiana del edificio —cuyas puertas amanecieron cerradas por temor a incidentes—, los militantes liderados por el secretario general Rodolfo Aguiar tomaron las instalaciones a partir de las 11.
“Realizaremos esta protesta en la sede central y, si no tenemos respuestas, no descartamos adoptar medidas más drásticas hasta llegar a la ocupación de las distintas dependencias de OSFA si resultase necesario”, anticipó el gremio. A través de una asamblea, el sindicato definirá la continuidad de la toma, ejecutada para reclamar por el riesgo sobre 600 puestos de trabajo y el cese de coberturas médicas.
Deudas cruzadas, reestructuración y cruces por el presupuesto
El conflicto tiene como trasfondo una profunda transformación ordenada en febrero mediante el DNU 88/2026. El decreto dispuso la disolución del IOSFA y la creación de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), sin consultas previas al sindicato, hecho que motivó denuncias por violación al derecho de representación.
“La gestión de Presti montó un diseño complejo para superar la crisis. Creó por decreto la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y mantuvo una estructura residual del antiguo Iosfa para hacer frente al pago de la deuda, con el compromiso de que el Ministerio de Economía aportaría los fondos para cancelar el pasivo”, señaló una fuente cercana al organismo.
En este contexto, según informó La Nación, el administrador Guzmán manifestó su preocupación ante Presti por un pedido del presidente del Directorio de OSFA, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza, quien solicitó que la entidad residual mantuviera la atención médica de los afiliados a través de su red prestacional más allá de la fecha límite fijada para el 30 de este mes.
Desde la conducción justificaron las demoras bajo el argumento de que ambas cajas poseen personerías jurídicas y modelos disímiles. “Hasta ahora no se habían podido implementar algunos cambios que -ahora sí- comenzarán a verse y le llegarán al afiliado”, prometieron voces ligadas a la gestión de Plaza.
Las cifras del déficit representan uno de los ejes centrales de la disputa. Mientras el pasivo oficial asciende a $200.000 millones y fuentes del organismo ubican la deuda del IOSFA en torno a los $213.000 millones, desde ATE acusan a la gestión de dilapidar los recursos.
A través de comunicados oficiales, Aguiar sostuvo: “La agarraron con superávit y hoy la conducen directo a la quiebra. Cuando Petri asumió como ministro, comprobaron que tenía depósitos por $25.000 millones y hoy la deuda supera los $500.000 millones”.
Farmacias, centros turísticos y deuda: las denuncias de ATE
En una publicación posterior de tono confrontativo difundida el 24 de septiembre, la conducción sindical acusó a las autoridades por el destino del dinero. “No vamos a permitir que despidan a los trabajadores. Reventaron la obra social, la fundieron”, publicaron, y agregaron: “Qué hicieron con la guita!! Se la robaron toda!!”.
El sindicato enmarca esta situación en un proceso de militarización de las funciones civiles del Estado y advierte sobre presuntas irregularidades previas, como el desvío de un préstamo de $40.000 millones destinado a equipamiento médico hacia gastos corrientes y deudas con droguerías.
Desde el gremio que conduce Aguiar destacaron que la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, calificara la situación como un «desfalco». A esto se suma el impacto por la falta de pago de las fuerzas de seguridad que migraron hacia otras coberturas y el riesgo sobre las delegaciones del interior.
Según ATE, El plan gubernamental contempla la clausura de 13 hoteles y dos recreos ubicados principalmente en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche, además del análisis sobre la cesión de 18 centros turísticos a las propias Fuerzas Armadas sin contemplar el traspaso del personal civil.
En paralelo, advierten sobre el cierre de 33 farmacias propias y el riesgo sobre 11 centros médicos en Quilmes, Morón, Olivos, Bahía Blanca y Mendoza.
«No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”, acotó.
Por último, denunciaron que la interrupción de la cadena de pagos a prestadores provocó cortes de servicios médicos en todo el territorio nacional desde hace tres meses, con un impacto severo fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. Incluso, desde el medio ya citado apuntaron que en el Liceo Aeronáutico Militar de Funes, en la provincia de Santa Fe, el personal civil activó un plan de lucha por los descuentos aplicados en sus salarios a pesar de carecer de cobertura.
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