Por diversos motivos, preocupa la situación de las obras sociales sindicales

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Faltarían desentrañar negociados con los servicios de salud

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar

Desde que se descubrió la denominada “mafia de los medicamentos” en la Argentina, comenzó a hablarse mucho más de negociados con los servicios de salud, como los tratamientos de alta complejidad y de mayor costo vinculados con las obras sociales (OS) y sus interacciones con la Administración de Programas Especiales (APE) de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud).

Eso motivó que la Auditoría General de la Nación (AGN) investigará, en el 2009, no sólo la actuación de la APE y de más de 40 OS, sino también de la SSSalud, organismo descentralizado que actúa en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación para regular y controlar a las obras sociales y los agentes del “Sistema Nacional del Seguro de Salud” (SNSS) y las empresas de medicina prepaga.

Así fue como se conocieron prestaciones a personas fallecidas con anterioridad a las fechas en las que les realizaron supuestas prácticas médicas; operaciones de cadera a afiliados de hasta 178 años; personas con discapacidades sin las correspondientes declaraciones juradas, ni las historias clínicas; troqueles de medicamentos que no se pudieron certificar como legítimos, por lo que se consideraron “truchos”, y expedientes firmados por auditores médicos no registrados, algunos de los cuales ni siquiera tenían sus matrículas profesionales, y expedientes en los que faltaba documentación (facturas, recibos, historias clínicas, análisis de laboratorio, etc.).

“La presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) dispuso otorgar un subsidio anual de más de 2.000 millones de pesos a todas las obras sociales sindicales”, anunció Beatriz Liliana Korenfeld (BLK), titular de la SSSalud, el 5 del actual. Así se refirió al “Subsidio de mitigación de asimetrías” (Suma), que beneficia a todas las OS; compensa a aquellas con menores niveles de ingresos por afiliado y fortalece a las que tienen menos de 50.000 afiliados. Este esquema no reemplazará ni modificará ningún procedimiento sino que incrementará los montos que habitualmente manejan los integrantes del seguro de salud, otorgando mayor equidad en el reparto y apoyando a las OS más pequeñas y/o de menores recursos.

Simultáneamente, BLK rechazó los reclamos de Hugo Moyano, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), y sus seguidores de una deuda cercana a los 15.000 millones de pesos, en total, retenidos en la cuenta del FSR, en el Banco Nación, que se forma con los aportes y las contribuciones de las remuneraciones y administra la SSSalud, de manera que para Moyano lo que eventualmente distribuya no constituye un “subsidio estatal”. Y aunque el nuevo reparto de unos 550 millones mensuales beneficiaría más a las OS con los asalariados de menores ingresos, monotributistas y empleados domésticos, no consideraría toda la recaudación, como establece la ley de OS. El gobierno podría quedarse, entonces, con 1.000 millones anuales, que sumaría a los 15.000 millones adeudados.

BLK sí admitió que “había 124.458 expedientes pendientes de estudio y que para analizarlos se tardarían 2 años y 3 meses”, por lo que creó la APE residual, para trabajar en paralelo con la actual estructura y estudiar los expedientes iniciados antes del 31 de diciembre último (ver aparte).

Cuando existía la APE, los trabajadores en relación de dependencia de los ámbitos privado o público, supuestamente, podían interiorizarse de que una porción de sus aportes y de las contribuciones de los empleadores conformaba el FSR. Éste era utilizado como apoyo financiero para las OS en las coberturas de prestaciones médicas de alto impacto económico. En los papeles, el objetivo principal era satisfacer las solicitudes con una administración “equitativa y justa”. Esto se complementaba con programas de detección y/o prevención de patologías de alto impacto económico y/o que demandaran una atención prolongada.

CFK confió la dirección de la APE, desde el 13 de marzo pasado, a Korenfeld, una ultrakirchnerista exfuncionaria de Santa Cruz, quien por ese nombramiento dejó el cargo de diputada nacional por el Frente para la Victoria de dicha provincia.

Antes de que asumiera, los gremialistas Andrés Rodríguez (Unión Personal Civil de la Nación, UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), propusieron el empadronamiento de los enfermos crónicos y que los subsidios fueran directamente a los afiliados, sin que las OS los administraran.

A su vez, la AGN advirtió que la APE siempre fue una “caja” del sindicalismo, distribuyó subsidios y pagó reintegros a OS por muertos, pacientes falsos e incluso expedientes con troqueles apócrifos de remedios que nunca se prescribieron, según comunicó en marzo, BLK echó a los allegados a Moyano que sobrevivían en el organismo y afirmó que “a lo largo de los años el funcionamiento de la APE perdió coherencia” y provocó que muchas OS fueran “APE-dependientes”. No admitió públicamente las quejas por la lentitud de los trámites y las fallas informáticas del organismo.

Posteriormente, por el decreto 1008/12 del 3 de julio pasado, BLK ascendió a titular de la Salud, quien desmintió “absolutamente todo lo que tenga que ver con que las OS van a desaparecer; que la APE no funciona y que la residual se utilizará como moneda de cambio”, en más que obvia alusión a Moyano.

Entre tantos cruces registrados, no pasó desapercibido el que mantuvieron Juan Manzur, ministro de Salud de la Nación, y José Cano, senador radical por Tucumán, como consecuencia de la denuncia que este último formuló por presuntas irregularidades.

“Planteamos a la presidenta esta situación, buscando un equilibrio, porque queremos apoyar, ayudar y consolidar a las OS del país, y ella les otorgó un subsidio anual de más de 2.000 millones de pesos, por distribuirse entre todas y que significa casi el doble de lo que repartía la APE”, publicitó BLK.

CFK le pidió a la superintendenta que recibiera a dirigentes aliados –¿circunstancialmente?– con el gobierno nacional. Lo hizo con Antonio Caló, secretario general de la Unión Industrial Metalúrgica (UOM) y los mencionados Rodríguez y Lingeri, comprometiéndose a regularizar los pagos de este año y negociar un mecanismo para hacerlo con la deuda “residual” del 2011.

Moyano denunció que el gobierno nacional “no brinda respuestas, se queda con los dineros de las provincias, de los jubilados, de las OS y de las personas con capacidades diferentes”.

A través de la APE, se manejaba en el primer cuatrimestre del 2012 un presupuesto anual de 1.300 millones de pesos y demoraban más los pagos a las OS que respondieran a Hugo Moyano y Luis Barrionuevo no alineadas con el cristinismo. Una lista, encabezada con el rótulo “no se paga”, se vinculaba con las moyanistas Ospaca (Automóvil Club Argentino), Oschoca (choferes de camiones), Ospoce (organismos de control), Osprera (rurales y estibadores) y OSS (seguros). Incluía, además, a las barrionuevistas: Osutgra (gastronómicos), Osvvra (viajantes vendedores), Ospem (maestranza) y Ospara (industria del plástico). Hasta figuraban “oficialistas” del sector de los “gordos”, como Ospia (alimentación), Osecac (comercio) y Ospsa (sanidad), e independientes como la Osctcp (conductores de transporte colectivo de pasajeros), Osplad (docentes) y OSDE (empresarios).

Graciela Ocaña, exministra de Salud y actual diputada nacional del Movimiento para la Democracia Social (Modeso), muy enfrentada con Moyano durante su gestión en la citada cartera, sostuvo que desde la ruptura del titular de la CGT con Cristina Fernández de Kirchner “se usaron fondos de la APE para presionar a los gremios que le respondían a Moyano, como antes éste hizo lo mismo con los gremios que no le respondían”.

La presidenta nunca resigna encabezar cualquier anuncio oficial, pero el 5 de septiembre no participó del encuentro en el cual se comunicó lo de los 2.000 millones de pesos anuales y que se pondrá en marcha un nuevo sistema de reintegros para los tratamientos de alto costo, desde una dependencia de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Aunque estuvo Manzur, la superintendenta fue la única que habló… Para Moyano, resultó “una estafa que no hayan dicho nada de lo que adeudan; parece que algunos muchachos se resignaron a que el gobierno se quede con la guita” y adelantó que la CGT seguirá promoviendo juicios contra el Estado por esa deuda.

Korenfeld reconoció diferencias en el sistema y que muchas OS, en especial las más pequeñas, dependen de los reintegros estatales para subsistir. Implementó el Suma para que no corrieran el riesgo de desaparecer.

Desde el gobierno recomendaron a los dirigentes quejosos que resolvieran sus problemas hablando con Omar Viviani, titular del sindicato de taxistas, no hace mucho “convertido” al antimoyanismo.