Proponen que una hostería que sería de Cristóbal López pase al municipio
La iniciativa es de concejales del oficialismo de Juntos Somos Bariloche. La hostería El Retorno está en estado de abandono junto al lago Gutiérrez.
Proponen que una hostería que sería de Cristóbal López pase al municipio
Concejales del oficialismo elevaron una comunicación a un juez federal para que restituya al municipio de Bariloche el edificio de la hostería El Retorno que se le atribuye al empresario investigado por defraudación, Cristóbal López.
En una medida inédita en la ciudad, el bloque de Juntos Somos Bariloche, presentó un proyecto de comunicación que hoy será tratado en sesión sobre tablas, pidiendo al juez Luis Rodríguez, del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°9, la “restitución” de la hostería al municipio para “fines sociales, culturales y deportivos”.
En el escueto proyecto, las concejales afirman que el emprendimiento hotelero que está abandonado es “propiedad de Cristóbal López”.
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Los concejales quieren que la hostería sea utilizada por el municipio como albergue deportivo de manera provisoria “hasta tanto avance la investigación contra el empresario y se expidan sobre su situación procesal”.
El mes pasado la hostería que se encuentra cerrada desde hace un tiempo, fue sometida a hechos de vandalismo y saqueo de bienes por parte de desconocidos.
En los fundamentos, los concejales remarcan que la hostería que está en la costa del lago Gutiérrez en el barrio Villa Los Coihues, fue adquirida en 2015 por el empresario López a través de una inversora del grupo Indalo, de su propiedad y la administradora del predio es la firma IDEA S.A que también administra el hotel Alto Calafate.
“Proponemos que la municipalidad utilice este lugar para el alojamiento de personas que llegan a nuestra ciudad en el marco de actividades sociales, culturales y deportivas”, indican los siete concejales de Juntos que firmaron el proyecto.
Para elevar el pedido al juez, los concejales tomaron como antecedente la disposición judicial de remitir a organismos públicos algunos bienes vinculados a empresarios investigados por delitos de corrupción o defraudación.
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