Rafecas: muy difícil juzgar la corrupción





BUENOS AIRES (DyN).- El juez federal Daniel Rafecas, apartado de la investigación sobre aparente tráfico de influencias por parte del vicepresidente Amado Boudou a favor de empresarios de la ex Ciccone Calcográfica, no realizó aun una evaluación de un caso que “está desenvolviéndose”, pero advirtió que el sistema penal argentino tiene serias deficiencias para investigar y juzgar hechos de corrupción. El juez federal en lo criminal realizó estas declaraciones al diario “La Gaceta”, luego de presentar en Tucumán un libro de su autoría sobre los campos de concentración nazis en Auschwitz. El magistrado admitió que estaba “elaborando lo sucedido” y aclaró que hoy “no corresponde aún hacer una mirada retrospectiva”. Rafecas también advirtió que “el sistema penal no está diseñado para investigar la corrupción”. Consultado sobre si su intervención en la investigación a Ciccone que derivó en una denuncia contra Boudou le dejó alguna enseñanza, el juez dijo: “Todavía estoy elaborando lo sucedido”. “Es muy pronto para sacar (conclusiones). No corresponde aún hacer una mirada retrospectiva”, añadió. Además, sostuvo que “el caso está desenvolviéndose” y aclaró que prefería ahora “no opinar”. Rafecas, quien fue apartado en mayo del caso por comentar aspectos de la causa con el abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe, también señaló una “suma de factores” que en general no llevan a los políticos locales a afrontar juicios en casos de corrupción. En ese sentido, dijo que “en primer término, el sistema y el proceso penales no tienen los recursos humanos y materiales necesarios para abordar este tipo de investigaciones”. “El proceso penal, además, es sumamente lento y da una enorme cantidad de ventajas recursivas a las defensas de este tipo de imputados” acotó y señaló que “los períodos de prescripción normalmente son bastante cortos y las escalas penales suelen ser demasiado benignas”. Rafecas remarcó que “hay una enorme cantidad de razones que conspiran para que estas causas avancen”. “Es la propia clase política la que tiene en sus manos, por medio del Congreso de la Nación, el programa criminalizador del Estado. Es el poder político el que moldea el Código Penal”, indicó.


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