REACCIONES: Decepción entre las víctimas y sospechas sobre Uribe
La medida del gobierno tomó por sorpresa a abogados defensores y grupos de víctimas que han criticado la decisión de Uribe alegando que ahora será muy difícil conocer la verdad sobre sus delitos de lesa humanidad porque el centro de los juicios en EE. UU. es el narcotráfico.
La decisión, según analistas y opositores, apunta a dejar en la impunidad a los políticos oficialistas acusados de nexos con la ultraderecha. «Yo creo que se va a ir desmoronando poco a poco el proceso de la 'parapolítica' porque no hay pruebas ni testimonios para llevarlos a sentencia», declaró la politóloga Claudia López.
Las AUC son señaladas como responsables de al menos 9.000 asesinatos, en su mayoría de civiles, incluyendo dirigentes de izquierda, sindicalistas y campesinos que vivían en zonas de influencia de las guerrillas izquierdistas, contra las cuales habían lanzado una guerra a muerte.
«Estos son los principales criminales en términos del grueso de la violencia en derechos humanos en Colombia y van a terminan siendo sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos'', dijo José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.
Entre los extraditables están Salvatore Mancuso y Diego Murillo, alias «Don Berna''. Ambos estaban entre los jefes más reconocidos y activos de esos escuadrones de la muerte a los que se atribuye cientos de asesinatos.
Ahora «nunca sabremos que les pasó a nuestros seres queridos…es el momento que ellos digan la verdad, ¿dónde están nuestras familias?'', dijo María Eugenia Cobaleda, con dos hermanos Jairo de Jesús, de 31 años, y Oscar Alberto, de 41, secuestrados en abril de 1998 presuntamente por bandas paramilitares al mando de Murillo. Si Murillo «no lo admite, ¿cómo voy a saber donde están mis hermanos enterrados?'', agregó.
Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), aseguró que se trata de una «jugada maestra» de Uribe. «Frente a la comunidad internacional muestra que Uribe está enfrentando a los paramilitares. Pero evita que estos paramilitares sigan hablando en Colombia» y denunciando a dirigentes y políticos en el proceso penal que se conoce como la 'parapolítica', anotó Rojas.
La oposición colombiana también acusó al gobierno de realizar la extradición para torpedear las investigaciones sobre estos vínculos entre los paramilitares y políticos cercanos al oficialismo. «El gobierno está enviando a EE.UU. a los mismos jefes paramilitares que firmaron los acuerdos con los 'parapolíticos'», señaló Rafael Pardo, ex aspirante presidencial del opositor partido Liberal.
Unos 63 congresistas, casi todos de la coalición de gobierno, son investigados por vínculos con los grupos paramilitares. De esa cifra, 32 están detenidos, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del mandatario.
(AFP/AP)
