Río Negro: el STJ pide una suba de su presupuesto del 76% para el año próximo

La Justicia rionegrina formalizó su requerimiento de recursos para el año próximo y abrió el debate del presupuesto del Estado provincial, que el Ejecutivo presentará en los próximos días. El Superior Tribunal de Justicia solicitó 15.885 millones para su funcionamiento durante el 2022, que significa un 76,4% más que las previsiones aprobadas del 2021.

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El Ejecutivo, como Poder administrador, elevará próximamente el proyecto del nuevo presupuesto anual a la Legislatura, pero el STJ formalizó su pretensión de fondos con la reciente acordada N° 38, con una asignación de $ 15.885.712.000, con el objetivo de “lograr el correcto y normal funcionamiento del servicio esencial de administración de Justicia”.

Presentado a los otros Poderes, esas estimaciones serán analizadas por los legisladores y técnicos de Economía para concluir -seguramente- con un recorte en los recursos solicitados.

La partida aprobada para el Poder Judicial en el 2021 fue de 9.006 milllones, con un ajuste de un 20% en relación a los montos pedidos por el STJ. Aquella partida aprobada por la Legislatura fue después corregida y, actualmente, es de 9.260 millones, de los cuales, un 91% se destinarán -aproximadamente- a desembolsos salariales.

La solicitud para el 2022 representa un aumento del 76% de la asignación para este año y, en principio, del 71% de lo que se estima se ejecutará finalmente. Estas subas porcentuales son muy superiores a los cálculos de incrementos que Economía elabora para el presupuesto del Estado rionegrino, que sería de un poco más del 50%.

La proyección del STJ establece alzas de un 75% en las partidas de personal en comparación a sus presupuestos del 2021. Esas erogaciones salariales serán superiores y, en ese caso, los incrementos propuestos se ubicarán en un 60% por arriba de las actuales.

Para los cálculos de los haberes públicos, el Ejecutivo estableció un parámetro de actualización del 33%, a partir que es la inflación programada por Nación en su presupuesto para el 2022.

En sus fundamentos, los integrantes del STJ plantearon que se realizaron las “previsiones atinentes a la cobertura de todas las vacantes de magistrados judiciales y de ley que se registran a la fecha en las cuatro circunscripciones”. Esas vacantes -agregan- corresponden a las originadas por ascensos o renuncias o las correspondientes a nuevos organismos. El Ministerio Público también contempla concursos, entre ellos, el “fortalecimiento en el fuero penal -fiscalías y defensorías- en orden a las nuevas funciones y responsabilidades funcionales que impone el modelo procesal acusatorio”.

El Poder Judicial divide partidas según se trate de “lo jurisdiccional” , “los ministerios públicos”, “los organismos auxiliares” y “el Consejo de la Magistratura”. Este cuerpo presenta la mayor suba porcentual requerida, llegando al 112%, mientras las otras tres asignaciones aumentan del 75% al 77%.

En el 2020, la Justicia utilizó 6.991 millones de pesos, de los cuales, el 87% se correspondieron con erogaciones salariales. El STJ -con su acordada N° 37- planteó recursos por 10.820 millones para el 2021 es decir, un 55% más de lo ejecutado. En esa oportunidad, la Legislatura le aprobó 9.006 millones de recursos para este año y con esa previsión se aproximó al 29% más de lo utilizado en el 2020.

Reformas, equipamientos y obras

La acordada del presupuesto -firmada por los jueces Sergio Barotto, Ricardo Apcarian, Sergio Ceci, Cecilia Criado, y Liliana Piccinini, y el Procurador, Jorge Crespo- describe también objetivos para el año próximo. Por ejemplo, plantea avanzar en el Fuero Contencioso Administrativo, la reorganización Funcional del Fuero Civil y la “Modernización de la Gestión del Fuero de Familia”, con la “transformación de los Juzgados en Unidades Procesales con la asistencia de una Oficina de Tramitación Integral de Familia (OTIF)”.

Se afirma que “requirió una minuciosa reasignación del personal de los Juzgados de Familia, la adecuación de los sistemas informáticos a las nuevas funciones y puestos de trabajo y la redistribución de expedientes entre las diferentes Unidades Procesales”.

En relación, al Consejo de la Magistratura -que se aclara que “el Poder Judicial participa según la ley N° 2434- “se han previsto -además de las partidas de personal- recursos indispensables para su normal funcionamiento, en particular para la Secretaría del Consejo” y “las erogaciones para solventar los gastos que demandan los estudios psicofísicos previos de los aspirantes a cargos de magistrados o funcionarios”.

También se explica que el “contexto de pandemia modificó para siempre algunos hábitos de trabajo y los espacios de interacción”. Por eso, se “requiere reformular los puestos de trabajo, equipándolos con los equipos y periféricos necesarios”. En ese sentido, el Poder decidió “adquirir equipamiento” para que los “puestos de trabajo se adapten al trabajo remoto y la interacción virtual”, “equipamiento para que las Delegaciones de Informática puedan atender la creciente demanda “, entre otras.

Además, se plantean distintas obras edilicias, como “la continuidad de la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti”, como también, la concreción de la de Jacobacci, las licitaciones para la de El Bolsón y de San Antonio, y “las tareas preliminares” para sus similares de Bariloche y de Choele Choel.