Rodríguez Larreta tensa más la cuerda: no tratará el traspaso de la policía con Nación
El jefe de Gobierno porteño dijo que la ley que sancionó el gobierno es inconstitucional. Tiene pendiente un reclamo en la Corte Suprema por la quita de fondos de coparticipación.
Rodríguez Larreta presentó un reclamo ante la Corte Suprema por el quita de fondos.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó hoy en una carta su decisión de no asistir a la reunión convocada por el Ejecutivo nacional para comenzar a tratar del traspaso de la policía al distrito capitalino, al señalar que planteó ante la Corte Suprema «la inconstitucionalidad» de la norma sancionada por el Congreso que estableció las condiciones para que se lleve a cabo ese traspaso.
«Me dirijo a Ustedes en respuesta a la convocatoria recibida en el marco de la Ley 27.606 relativa al “Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ante todo, quiero expresar que nos vemos impedidos de concurrir a la reunión propuesta según lo establecido por el artículo 2° de esta ley ya que hemos planteado judicialmente la inconstitucionalidad de la misma», señaló Rodríguez Laretta en la misiva.
La norma que aprobó el Congreso le quita a la administración porteña un 1,18 puntos porcentuales del dinero que recibe de parte del Estado nacional, que pasará de recibir el 3,5% de coparticipación a un 2,32%. La ley aprobada establece que por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires la gestión porteña recibirá anualmente $24.500 millones.
La cifra que incluye este nuevo proyecto se actualizará de acuerdo con un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el índice de precios al consumidor (IPC), del año precedente.
En el gobierno de Rodríguez Larreta afirman que si se mantiene esa poda de fondos, la Ciudad perderá más de 65 mil millones de pesos. Según el oficialismo porteño,los habitantes de la ciudad de Buenos Aires aportan el 22% del total de los recursos coparticipables a nivel nacionaly, tras el recorte, podrían empezar a recibir solo el 1,4 por ciento.
El 18 de setiembre pasado, Rodríguez Larreta presentó ante la Corte Suprema una demanda y una acción de amparo contra el decreto que llevaba del 3,5 por ciento al 2,32 el coeficiente de la coparticipación de impuestos de la Capital Federal. Pero hasta ahora no hubo un análisis por parte de la Corte Suprema. Lo único que hubo fue un dictamen del procurador interino Eduardo Casal diciendo que el máximo tribunal tenía competencia originaria en el asunto.
En el texto dirigido a los ministros de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán, el mandatario porteño señaló que «desde el primer momento, la Ciudad de Buenos Aires ha impulsado el diálogo y la concertación como mecanismos para lograr consensos».
«Pero consideramos que precisamente en este caso los acuerdos preexistentes fueron dejados de lado de forma unilateral y por lo tanto esta Ley quebranta las bases del federalismo de concertación que pretende promover. Además, la Ley viola manifiestamente la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires ya que la firma del convenio de traspaso de la Policía Federal llevada a cabo en 2016 era suficiente para consolidar la transferencia de facultades y funciones de seguridad sin necesidad de una norma adicional», explica la carta.
Para el jefe de Gobierno, «se trata de una Ley que consagra una violación a la división de poderes, a la seguridad jurídica, a la estabilidad de los actos de gobierno, a la buena fe que debe regir las relaciones entre distintos niveles de gobierno y a la confianza legítima; y como consecuencia, se pretende poner de rodillas a la autonomía de la Ciudad».
«Para enmascarar esta intención, a través de un ilusorio convenio posterior se intenta legitimar esta Ley dentro de las exigencias de la Constitución Nacional, que establece como necesario el acuerdo previo de la Ciudad como jurisdicción afectada. Pero esto es sólo una ficción jurídica que pretende ocultar el verdadero propósito de violar la autonomía» del distrito porteño.
En ese sentido, Rodríguez Larreta insiste en que «la Ley parte de una premisa errónea que distorsiona cualquier cálculo posible, porque establece que se debe tomar como base de cálculo los componentes efectivos en el año 2016, cuando el convenio firmado ese año aclaraba que se trataba de un período de transición y que recién en 2017 se consolidaría la transferencia».
«Nos vemos obligados a no convalidar con nuestra presencia la ejecución de una ley que, como hemos planteado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el mismo día en que fue publicada, es inconstitucional y daña a las instituciones democráticas de nuestro país», subraya.
Comentarios