Las reformas que necesita la fruticultura vienen en los tanques del general Alais

Lo que separa al apogeo del sector del Alto Valle de su desafiante presente es una serie de cambios jurídicos perjudiciales: hoy las condiciones para producir son muy distintas de las de décadas atrás. Ideeas para lograr que el marco normativo sea nuevamente atractivo para invertir.

Las reformas que necesita la fruticultura. Foto: archivo Matías Subat.

Para los que son millennials: el general Alais fue quien, en principio, venía desde Curuzú Cuatiá al mando de las tropas leales al presidente Alfonsín para aplacar el intento de golpe de Estado que se había gestado en Campo de Mayo por los “militares “cara pintada”. Dicho regimiento de tanques avanzaba 30 km de día y retrocedía 50 de noche; es decir, nunca llegaron.

Con las reformas laborales, impositivas, etc., que tanto necesita el país (y en especial la fruticultura) estaría pasando lo mismo.

El “costo argentino”, un punto de inflexión en la fruticultura

Hace muchos años, las inversiones en el sector frutícola, más allá de las empacadoras grandes, medianas o chicas, estaban realizadas por pequeños chacareros de 10, 15 o 20 hectáreas. Los mismos eran colonos que habían llegado a principios del siglo XX y formaron una clase media pujante que enviaba a estudiar a sus hijos para que fueran profesionales. Daban trabajo a una cantidad importante de trabajadores. Lo mismo pasaba con profesionales de otras actividades que se venían a instalar al Valle: invertían sus rentas en comprar tierras y ponerse a producir.

Todo esto fue un círculo virtuoso que daba trabajo y consumo a los pueblos… Hasta que las condiciones y leyes laborales se volvieron tóxicas. La corporación jurídica y la política se pusieron de acuerdo para destruir este fructífero ecosistema: la industria del juicio hizo que esos pequeños inversores abandonaran la actividad. La justicia laboral en la Argentina está colonizada por dicha corporación y ha hecho que los emprendedores corran el riesgo de perderlo todo en un juicio laboral, por no haber leyes claras y ecuanimidad en las sentencias.

José Luis Patalano, productor frutícola de Río Negro. Foto: archivo Cecilia Maletti.

Los certificados médicos truchos, marañas y costos para despedir a un empleado que no cumple sus funciones, el aumento de la conflictividad y el tiempo perdido para atender la judicialización generan un desincentivo para tomar personal. También resta motivación al trabajador bueno que cumple adecuadamente sus funciones. Este sistema hace que un trabajador, cuando acumula años de antigüedad, se vuelva conflictivo para cobrar la indemnización, generando no solo el perjuicio económico, sino la pérdida de una persona calificada y con experiencia, que se formó en el establecimiento.

La fruticultura del Alto Valle y la estacionalidad

La fruticultura tiene en su calendario puntos críticos de necesidad de personal: cosecha, poda, raleo, etc. Un sistema de contratación eventual podría agilizar la incorporación de gente. A modo de ejemplo, una persona podría tener una cuenta donde cobra su sueldo y otra administrada por Anses, donde el empleador deposita todas las cargas (jubilación, obra social, ART, etc.) y un porcentaje de seguro de desempleo.

El trabajador, en forma independiente, determina qué jubilación quiere, qué obra social, qué ART asignar. Cuando el empleador no necesita más del empleado, este cobra todo el monto acumulado por ese seguro aportado. Si tiene un inconveniente con la ART, será entre él y la ART, sacando al empleador del medio. Esto permitiría generar miles de puestos de trabajo, no solo en la fruticultura: una heladería que necesita más personal en verano, o muchas actividades estacionales. El sistema sería similar al de EE.UU., donde un trabajador despedido consigue otro trabajo rápidamente, porque no hay el nivel de judicialización que existe en Argentina.

El costo salarial, el principal problema de la fruticultura

Si un trabajador cobra $1.000.000 de sueldo, se le descuentan aproximadamente 20,5% de aportes: cobra $795.000 de bolsillo.

La empresa, además del sueldo, paga alrededor de $570.000 de contribuciones. El trabajador destina su ingreso al consumo, pagando 21% de IVA, por lo que su poder de compra es de $628.050.

«Quien da trabajo paga $1.570.000 y el trabajador tiene un poder de compra de $628.050. No hacen falta más palabras.»

José Luis Patalano.

Quien da trabajo paga $1.570.000 y el trabajador tiene un poder de compra de $628.050. No hacen falta más palabras.

Exámenes preocupacionales y empresas contratistas

Sería apropiado establecer una libreta sanitaria, confeccionada por hospitales o clínicas privadas, que habilite al trabajador para el puesto ofrecido, con costos a cargo de la persona o la empresa. Todo más ágil.

Por otro lado, es necesario modernizar el rol de contratistas como en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, NOA y NEA, donde empresas de servicio siembran, cuidan y cosechan cereales. Esto permite inversores de otras actividades y genera nuevos actores.

Brasil como ejemplo a seguir

Argentina necesita un proceso similar al de Brasil en los años 70 y 80, con reformas impulsadas por Fernando Henrique Cardoso junto a una burguesía industrial que pensó un país desarrollado a 20 o 30 años.

Los resultados fueron milagrosos: Brasil pasó de importar carne a ser primer exportador del mundo; también pasó de no producir manzana a ser un gran exportador. Todo esto se gestó en la Fundación Getulio Vargas, una institución para formar personal calificado para la administración pública y privada.

La educación, clave en todos los ámbitos

Argentina necesita una reforma educativa urgente, seria. No puede ser que un portero (con todo respeto) marque la agenda a un director de escuela o decano.

La clase media se retiró de la política por temor durante los regímenes militares, y ese espacio fue ocupado por punteros sin proyecto de país. Basta comparar la composición de las cámaras legislativas actuales con las del siglo pasado. Ni hablar de los concejos deliberantes e intendentes.

Costos ocultos que restan competitividad

Los municipios aplican una doble imposición, gravando la tasa de seguridad e higiene como si fueran ingresos brutos, lo cual es inconstitucional.

Solo pueden cobrar por una contraprestación real: levantar residuos, controlar seguridad, etc. El porcentaje de facturación no mide el servicio prestado.

Costos logísticos: un despropósito argentino

El costo de SMR, Senasa y Aduana por camión cargado a Brasil (incluyendo fruta perdida por corte) es igual al flete total de un productor europeo o portugués para enviar un contenedor al puerto de Santos.

Un flete por camión del Valle a San Pablo cuesta tres a cuatro veces más que el de un productor europeo a Brasil. Por su parte, un productor chileno paga la mitad por un tractor de iguales características y la misma marca.

Consideraciones finales

Estos son solo algunos ítems que necesitan análisis profundo y reformas que mejoren la competitividad del sector. El productor y empacador argentino es realmente eficiente, pero el resultado de esa eficiencia se pierde en manos del gran “costo argentino”. Como diría el recordado Guillermo Nimo: “Por lo menos, así lo veo yo”.

(*) joseluispatalano@juanpatalano.com.ar


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