Se reaviva el conflicto por el reconocimiento territorial a mapuches en Vaca Muerta

La nueva prórroga de la ley que impide los desalojos implica un nuevo capítulo en el reconocimiento de una veintena de comunidades en Neuquén. Entre ellas cinco que tienen conflictos en zonas de explotación petrolera.

El diputado Carlos Alberto Viveros (Frente de Todos) se reunió en San Martín de los Andes con comunidades de la zona sur. (Gentileza prensa diputado Vivero)

El diputado Carlos Alberto Viveros (Frente de Todos) se reunió en San Martín de los Andes con comunidades de la zona sur. (Gentileza prensa diputado Vivero)

El irresuelto conflicto del reconocimiento a las comunidades indígenas que reclaman zonas de explotación hidrocarburífera en Vaca Muerta tendrá un nuevo capítulo a partir de la decisión del gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que anunció su desembarco en Neuquén para avanzar en la aplicación de la prorrogada ley que impide los desalojos.

Es que la última prórroga vence el 23 de noviembre de este año y, hasta ahora, no se avanzó en la resolución de los conflictos que tienen cinco comunidades con empresas petroleras y otras 59 que hay en la provincia según la Confederación Mapuche. Hasta el 2015 se habían relevado unas 30 comunidades de las 50 que había en ese momento, según precisó el exresponsable del organismo por ese entonces, Alberto Vivero.

El actual diputado nacional del Frente de Todos se reunió en San Martín de los Andes con representantes de comunidades mapuches de la zona sur neuquina para trabajar en la reactivación del relevamiento territorial de comunidades a partir del impulso que - dijo- dio el presidente Alberto Fernández con el anuncio de la prórroga de la Ley 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país.

Adelantó que espera con mucha expectativas para las próximas semanas la visita de las autoridades del INAI que vendrán para trabajar "en el territorio con nosotros para concretar la entrega de distintas carpetas técnicas”.

El presidente Alberto Fernández indicó que este año enviará un proyecto de renovación de esa ley e iniciarán "la reparación histórica que establece la manda constitucional" con el fin de reconocer "todas las voces e identidades que convivimos en la Argentina”, durante la apertura de sesiones del Congreso, refiriéndose a la Ley 26160.

Vivero recordó que esta ley fue sancionada en el año 2006 y, "pese a las resistencias y operación del gobierno provincial, tanto en la gestión anterior como en la actual, el relevamiento tuvo un avance importantísimo entre el año 2011 y 2015, donde se relevaron poco más de 30 de las más de 50 que hay en la provincia”.

La norma legal declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. Ha recibido varias prórrogas y actualmente tiene vigencia hasta el 23 de noviembre.

El diputado neuquino sostuvo que durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “se pudo llevar adelante el relevamiento territorial en la provincia porque el gobierno nacional, de manera integral, puso el presupuesto y financió toda la logística".

En relación con las carpetas técnicas, dijo que algunas se entregaron, pero que "muchas fueron observadas por la provincia en defensa de intereses inmobiliarios, en función de la especulación a la que nos tiene acostumbrados el MPN".

Acotó que durante los cuatro años de macrismo, que como primera medida derogó la ley que establecía la limitación a la extranjerización de la tierra, "como no pudieron dar de baja la Ley 26.160, lo que hicieron fue plancharla”.

La provincia fijó postura e indicó que reconoce las comunidades, pero con el límite del año 2006 cuando se sancionó la ley. Hasta entonces se habían contado 33 comunidades que estaban reconocidas con personería jurídica por la provincia de Neuquén, otras 14 que lo habían hecho ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, 3 tenían doble inscripción en Provincia y Nación y 22 que tenían carpetas técnicas con resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI o carpetas técnicas presentadas en el organismo.

Entre las que no estaban reconocidas ese año figuran las más conflictivas para la provincia porque ocupan zonas de explotación hidrocarburífera. Se trata de Lof Wirkaleu (Sauzal Bonito), Lof Kaxipayiñ (Loma La Lata), Lof Newen Kura (Rincón de los Sauces), Lof Fvta Xayen (Tratayen) y Lof Campo Maripe (Loma Campana).


Crítica a la decisión de Macri y Gutiérrez


Alberto Vivero aprovechó para meter el dedo en la llaga que tiene el MPN y disparó: “El gobierno de Mauricio Macri en anuencia con el gobierno de Omar Gutiérrez, suprimieron el relevamiento, lo desfinanciaron, desarmaron el equipo técnico que estaba compuesto por más de 30 profesionales para desarrollar el relevamiento en toda la provincia y, obviamente, frenaron todo avance de las carpetas técnicas y su posterior resolución de reconocimiento territorial y escrituración oportuna".

Manifestó su esperanza que "el nivel de compromiso del gobernador Omar Gutiérrez sea concurrente con sus declaraciones, que son de permanente colaboración y coordinación con las autoridades nacionales”.

Tras 15 años de funcionamiento de la ley, la actual conducción política a nivel nacional tiene la intención de que para su implementación se cuente con "una mayor participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y en la profundización del instrumento".

De allí que, según el diputado del FdT, el nuevo texto de la prórroga establecerá una asignación presupuestaria, "porque sin presupuesto no se puede ejecutar".

Abogó también por que el Estado Nacional, en ámbitos territoriales de su jurisdicción como Parques Nacionales, tome medidas concretas y efectivas para la transferencia o cambio de categorización de los territorios, como una forma de ratificar el compromiso político”. Este último aspecto tiene vinculación con los conflictos irresueltos con más visibilización en Villa Mascardi.

Se manifestó a favor de avanzar en una solución de fondo con una ley de propiedad comunitaria indígena, que ya lo incorpora el nuevo Código Civil de la Nación, y que ese proyecto de propiedad comunitaria "incorpore un relevamiento de manera permanente, como instrumento de reconocimiento territorial”.

Participaron del encuentro con las comunidades mapuches Fidel Colipan, Werken Confederación Mapuche de Neuquén; Jorge Quintulen, Lonko Comunidad Mapuche Atreuco; Luisa Cayun, Lonko Comunidad Mapuche Cayun; Ariel Epulef, Inai Lonko Comunidad Mapuche Curruhuinca; Aníbal Cañicul, Lonko Comunidad Mapuche Raquithue; Silvia CAñicul, werken Comunidad Mapuche Raquithue; Carlos Vivero, miembro de la Comunidad Mapuche Lafquenche; Rolando Quilaleo, Werken Zonal wijice CMN y CPI por la zonal wijice en el revelamiento territorial Ley 26.160; y Matías Melillán, técnico territorial INAI.


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