«Es volver al manicomio»: jornada de lucha en defensa de la Ley de Salud Mental en Neuquén

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Este miércoles 20 de mayo habrá una marcha federal en defensa de la salud pública. En Neuquén, además, convocan a una jornada de lucha contra la reforma de la Ley de Salud Mental que promueve el gobierno de Javier Milei. «Es volver al manicomio, al encierro», advirtió Julieta Lacunza, trabajadora social e integrante de la Red Intersectorial en Defensa de la Ley de Salud Mental y Adicciones. Pidió a la comunidad que acompañe las acciones «para frenar un retroceso».

La movilización se realizará mañana a las 17 en el Monumento a San Martín, en el centro de la capital neuquina. Busca visibilizar el rechazo al ajuste presupuestario del gobierno nacional y a las modificaciones propuestas a la Ley 26.657, sancionada hace 16 años.

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La jornada incluirá una radio abierta, micrófono abierto, intervenciones artísticas y música. Desde la Asamblea informaron que habrá una intervención colectiva: quienes quieran participar deben llevar una caja para construir una instalación callejera que simbolice la defensa de la atención comunitaria frente al encierro.

Qué puntos quieren cambiar en la Ley de Salud Mental y por qué preocupa

El proyecto de reforma plantea modificaciones en varios artículos de la Ley 26.657. Según las organizaciones en defensa de la normativa vigente, representan un giro hacia un modelo médico-centrista y privatizador.

Lacunza vio con preocupación los cambios que figuran dentro del lenguaje: de hablar de «persona con padecimiento o sufrimiento» pasan a referirse a «trastorno». También apuntó contra la reinstauración de la psiquiatría como intervención privilegiada y el énfasis en la medicalización. Señaló que eso «centra la atención en la enfermedad» y minimiza el abordaje interdisciplinario que la ley vigente promueve.

Indicó que otro punto clave es el financiamiento. La ley actual establece una pauta presupuestaria destinada a salud mental (un 10% del presupuesto de salud, que de todos modos no se cumplió plenamente), mientras que la reforma elimina esa obligación y deja la implementación a criterio de cada provincia. Para la Asamblea, esa decisión profundiza desigualdades territoriales: «Pretenden que cada provincia implemente la ley con el presupuesto que tenga sin colaboración de Nación».

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Lacunza sostuvo que la reforma favorece a los dispositivos privados y a la internación como respuesta prioritaria, en detrimento de los dispositivos comunitarios que la ley actual promueve, como centros de día y viviendas asistidas, que buscan garantizar la integración social.

Por otro lado, señaló que pretenden debilitar las protecciones y, a la vez, facilitar un mayor control coercitivo sobre los usuarios al modificar criterios como el de «riesgo cierto e inminente». «Puede generar más abusos en la prolongación de las internaciones dejando a las personas en mayor situación de vulnerabilidad», enfatizó la trabajadora social.

La especialista invitó a la comunidad a defender la Ley de Salud Mental vigente. «La ley 26.657 es una ley modelo a nivel internacional, una ley que fue muy debatida y construida colectivamente. Hasta el día de hoy nunca fue implementada en su totalidad por falta de presupuesto, falta de recursos», recalcó y enfatizó: «Esta reforma no contempla la voz de los usuarios de salud».