Tercera formulación de cargos contra Báez en un mes

El titular de ODEL y otras siete personas enfrentaron hoy una acusación por no cumplir las medidas de distanciamiento social.

Miguel Báez sumó cargos en su contra esta mañana, en el marco de las causas en las que aparece involucrado dentro del ámbito de la Justicia rionegrina.

El dirigente de la CTA Autónoma, que está preso por una denuncia de abuso sexual, fue acusado formalmente de haber incumplido las pautas de distanciamiento social impuestas el año pasado, por la pandemia de coronavirus.

Fue la tercera formulación de cargos en un mes para el gremialista, después de las acusaciones por abuso sexual y por amenazas que enfrentó el 23 y el 30 de marzo, respectivamente.

La detención de Báez se concretó minutos después de la segunda audiencia, pero esa medida se tomó en función de la primera causa, porque la fiscal Belén Calarco entendió que buscó obstruir el accionar de la Justicia al difundir fotos con la imagen del rostro de la mujer que lo acusó por abuso sexual.

Además de la imputación por infringir el artículo 205 del Código Penal, el titular de la Organización de Desocupados en Lucha ahora será investigado por desobediencia a la autoridad, a partir del presunto incumplimiento de los decretos y resoluciones emitidos a nivel nacional, provincial y municipal para limitar la circulación de personas.

De acuerdo a los datos del expediente, el 28 de junio del 2020 Báez y otras siete personas regresaban a Roca desde Cerro Policía, donde aparentemente se realizó una protesta.

Todos se movilizaban en dos camionetas de una empresa de transporte y al intentar cruzar por el puente sobre el río Negro, los agentes de la fuerza de seguridad ordenaron a los conductores que frenaran.

Ninguno de los ocupantes de los rodados pudo justificar por qué estaban en la vía pública mientras regían normas preventivas que impedían esa libre circulación, por lo tanto los uniformados iniciaron las actuaciones correspondientes.

La causa tiene como imputados a Báez, a los dos conductores, Pablo Glorioso Guerrero y Osvaldo Antonio Lucero; y a otras cuatro personas: Nicolás José Inostroza, Johana Paola Mondaca, Cristian Jonhatan Mondaga, Ricardo Walter Morales y Michay Jesús María Saavedra Felipín.

El fiscal Luciano Garrido detalló los hechos, sin plantear ninguna medida cautelar sobre los imputados. Los defensores no plantearon objeciones y de esa manera, el juez Julio Martínez Vivot dio por formulados los cargos.

El artículo 205 del Código Penal indica que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. De todas maneras, en la audiencia de esta mañana se advirtió que es muy probable que la mayoría de los imputados se beneficie con un criterio de oportunidad, evitando la llegada a un juicio.


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