Transparentando las políticas sociales de Río Negro

JORGE LUIS VALLAZZA (*)

Hace unos días el gobierno de Río Negro –desde el Ministerio de Desarrollo Social– transfería cerca de un millón y medio de pesos a diversos municipios de la provincia –alcanzando el 90% de ejecución de una asignación de 13 millones de pesos– en cumplimiento de un convenio firmado en abril del 2012 con cada uno de los 39 intendentes. Con aquel acuerdo de la Provincia con los municipios se puso en marcha hace 18 meses el “Programa de Acciones para la Asistencia y Promoción Integral de las Familias en Situación de Vulnerabilidad Social”, reorientando una buena parte del presupuesto que antes se gastaba en el cuestionado Plan “Comer en Familia”, programa alimentario emblemático de la política social de quienes fueron derrotados en las urnas en el 2011. Este nuevo programa presenta en su diseño una serie de características innovativas a nivel país, aportando a una mayor calidad en la implementación de las políticas públicas del área social. Se creó con el objetivo de fortalecer la articulación y la coordinación entre el nivel provincial y municipal, fomentar la participación ciudadana, alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia en el gasto, de manera que se pueda llegar así en tiempo y forma a dar mejor respuesta a las problemáticas particulares de cada comunidad local. Se puede sintetizar su operatoria señalando que se distribuye un presupuesto de 13 millones de pesos según el índice poblacional de cada municipio (con un “piso” mínimo para las localidades muy pequeñas) y del monto asignado se adelanta un primer desembolso (de un total de cuatro cuotas bimestrales) para que la comuna disponga de recursos antes del comienzo de las acciones. De esta manera se evita la excesiva burocracia que suele dilatar las respuestas del Estado, mejorando las condiciones para que el área social no llegue “tarde” frente a las situaciones concretas y urgentes que requieren de su intervención. Se le pide al municipio presentar a la Provincia un proyecto por cada acción a financiar con recursos del fondo ya depositado, y tales proyectos sólo pasan una evaluación técnica del área social provincial, habilitando que apenas presentados y aprobados se puedan ejecutar esos recursos inmediatamente. Además se permite una amplia tipología de acciones posibles, las cuales van desde situaciones de emergencia social o asistencia alimentaria, así como actividades culturales o deportivas, capacitaciones en temas diversos, microemprendimientos productivos, mejoramiento del hábitat, etc. Los destinatarios pueden pertenecer a cualquier grupo etario, mientras se encuentren en una situación de vulnerabilidad social. Se recomienda a los municipios responsables de manejar estos fondos que promuevan espacios de participación ciudadana donde incluyan en los proyectos a otros actores gubernamentales y no gubernamentales que están en el territorio. De esta manera se pone la decisión sobre el uso de los recursos bien “cerca” de la necesidad de la gente, se brinda la oportunidad a la comunidad de participar de su propio proceso de promoción y se generan efectos sinérgicos al articular con otros recursos e iniciativas. Todo lo cual genera mejores escenarios para responder a las necesidades sociales de cada localidad. Si bien el gobierno provincial tiene un rol central liderando este programa, aprobando los proyectos y descentralizando los fondos a las comunas, esta articulación evita las acciones descoordinadas y/o “paralelas” entre la Provincia y los municipios. También se le quita “margen” al uso de la discrecionalidad política en el “reparto” de los recursos, ya que los 39 municipios –con gobiernos de distintos signo partidario o pertenecientes a diversos sectores internos del oficialismo– tienen las mismas oportunidades de aprovechar estos fondos, si cumplen con los requisitos técnicos y las rendiciones parciales correspondientes. Inclusive para darles continuidad a las acciones programadas y evitar que los necesarios pasos administrativos atenten contra los tiempos reales de las necesidades de la gente, se tuvo en cuenta establecer que con el 60% de rendición de una cuota el municipio pueda solicitar la siguiente. Cabe señalar que –habiéndose evaluado oportunamente la primera etapa ejecutada en el 2012, alrededor de tres millones de pesos– se pudo observar que solamente el 20% de los fondos se destinó a la emergencia alimentaria, siendo el 80% utilizado para proyectos de promoción social y de mejoramiento del hábitat. Estas conclusiones son sumamente auspiciosas ya que –al ser los intendentes quienes atienden las situaciones más urgentes de sus vecinos– estarían indicando que la tendencia de la demanda social al Estado municipal, desde los sectores vulnerables, pone mucho más su expectativa en el acceso al trabajo, en mejorar la vivienda y en tener oportunidades de actividades culturales y deportivas para sus niños, adolescentes y jóvenes, que en la necesidad de recibir asistencia alimentaria de emergencia. Si bien se emplearon 18 meses para gestionar un programa diseñado para un año, es altamente positivo estar actualmente “casi” finalizando su ejecución y, seguramente, será muy beneficioso renovar este convenio con los municipios para un nuevo ciclo, tal vez aumentando la inversión presupuestaria y por qué no también replicando este sistema en otras áreas gubernamentales. Los resultados obtenidos con esta original metodología demuestran una manera transparente y eficiente de invertir los fondos públicos del área social, los cuales siempre parecen ser “escasos”, pero paradójicamente suelen a la vez presentarse con significativos niveles de subejecución. (*) Exministro de Desarrollo Social de Río Negro