Una cuestión de tiempo

Los esfuerzos del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por conseguir el apoyo de la clase política internacional en su batalla contra los fondos buitre han sido decididamente exitosos. Virtualmente todos los gobiernos del mundo coinciden en que, de instrumentarse, el fallo del juez Thomas Griesa –avalado indirectamente por la Corte Suprema norteamericana–, según el que la Argentina debería pagar ya a los últimos holdouts lo que están reclamando, repercutiría de forma terriblemente negativa en el sistema financiero mundial. Aunque Estados Unidos no votó a favor de una moción en tal sentido luego de un debate en el seno de la Organización de Estados Americanos, la abstención se habrá debido a lo incómodo que les sería a los diplomáticos norteamericanos oponerse a la Justicia de su propio país, ya que el presidente Barack Obama ha dejado saber que su gobierno preferiría un arreglo menos draconiano que el propuesto por el juez neoyorquino. Así y todo, si bien tanta solidaridad internacional es muy grata, no parece haber contribuido a solucionar el problema planteado por la deuda impaga. La situación sería otra si todos los gobiernos que dicen temer que, de salirse con la suya los “buitres”, el sistema financiero mundial pueda sufrir una nueva convulsión de consecuencias imprevisibles, pero con toda seguridad destructivas, optaran por prestarnos el dinero necesario para satisfacer a los acreedores sin caer en default, ya que conforme a las pautas internacionales los montos en juego son muy pequeños, pero no hay señales de que esté por ponerse en marcha un operativo de rescate. Tampoco las hay de que los gobiernos más influyentes estén realmente convencidos de la necesidad de modificar las reglas para que países, lo mismo que las empresas privadas, puedan declararse en bancarrota sin sufrir crisis sociales tan graves como la que tanto nos perjudicó luego del default de diciembre del 2001. Es como si hubiera un acuerdo universal de que los “buitres” son malos, malísimos, pero que no se puede hacer nada para impedirles seguir aprovechando oportunidades para enriquecerse a costa de países excesivamente endeudados que, bien administrados, estarían en condiciones de mantenerse a flote. De ser la Argentina un país africano paupérrimo, la “comunidad internacional” estaría dispuesta a hacer algo más que repudiar la codicia de los fondos buitre, pero, huelga decirlo, no lo es. No se equivoca el ministro de Economía Axel Kicillof cuando advierte que el caso argentino tiene “importancia sistémica”, ya que la decisión del juez Griesa podría “poner en colapso la modalidad de reestructuración”, pero nadie ignora que, por excesivo que en opinión de casi todos haya sido el fallo que tanta indignación ha motivado, la presidenta se las arregló para enfurecerlo al adoptar desde el vamos una actitud desafiante por razones de política interna. Es probable que, de haber manejado el asunto con mayor prudencia Cristina y otros funcionarios, Griesa hubiera continuado favoreciendo la posición argentina con miras a impedir que se aplicara la llamada cláusula RUFO, que vence a fin de año, según la que no se puede ofrecer a los holdouts más que a quienes aceptaron los canjes. En opinión de algunos especialistas, si antes de terminar el año los “buitres” consiguen lo que creen suyo, la deuda externa del país podría superar los 500.000 millones de dólares, o sea una suma mayor al producto bruto anual que, a partir de la devaluación de enero, se aproxima a los 480.000 millones. Así las cosas, la vigorosa y a veces histriónica campaña tanto internacional como nacional en contra de los “buitres” emprendida por el gobierno kirchnerista no carece de lógica; por lo menos sirve para que el mundo sepa que la Argentina no quiere pagarles voluntariamente lo que pretenden. Con todo, no nos convendría que Cristina, Kicillof, el canciller Héctor Timerman y otros voceros oficiales se ensañaran demasiado con el gobierno de Estados Unidos o, lo que sería peor todavía, con la Justicia de dicho país, que bien que mal se ha acostumbrado a privilegiar su propia independencia por encima de temas a su entender subalternos como el supuesto por “la modalidad de reestructuración” improvisada por quienes llevan la voz cantante en el mundo de las finanzas internacionales.

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