La fiscalía de Viedma da el primer paso para investigar al primo de “Fred” Machado por incompatibilidad

Luego de los cruces de acusaciones y vinculaciones de Claudio Ciccarelli, el primo de Federico “Fred” Machado, con el Gobierno provincial, la fiscalía dio el primer paso para investigar la presunta comisión de delitos por posibles incompatibilidades.

El caso llegó al Ministerio Público Fiscal por una denuncia que presentó el 13 de octubre el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) para pedir que la Procuración General investigue, luego de que el gobernador Alberto Weretilneck admitió que Ciccarelli fue empleado público en el área de Deportes, dependiente del ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes desde 2003, y luego asesor en la Legislatura de Río Negro y en el mismo período habría obtenido permisos de explotación minera.

Delgado Sempé presentó la denuncia en viedma y el fiscal General, Fabricio Brogna, que en ese momento estaba subrogando al procurador Jorge Crespo, dirigió la misma a la fiscal jefe de Hernán Trejo, según confirmaron a Diario RÍO NEGRO desde el Ministerio Público.

Ese es el primer paso para iniciar la investigación y determinar la existencia o no de un hecho delictivo. El organismo no informó de medidas preliminares adoptadas o solicitud de información porque no hace públicos los procedimientos de investigación.

El legislador destacó que se “dio curso” a su denuncia y se inicia una investigación preliminar con “el objetivo de determinar la legalidad de las autorizaciones otorgadas y las eventuales responsabilidades administrativas o penales que pudieran corresponder”.

Desde el Gobierno -ante la consulta de este medio- indicaron que se aportará toda la documentación disponible que solicite el fiscal y entendieron que la fiscalía tiene la obligación de iniciar el proceso para determinar si existen elementos que pueden incurrir en delito o no.

La presunción de violación de la ley de ética pública

---

En su presentación judicial, el legislador opositor advirtió que el hecho de que un agente estatal obtenga permisos de explotación de canteras de arenas silíceas podría incurrir en una violación a la ley de ética pública que expresa la prohibición de empleados y funcionarios de mantener negocios con el Estado.

Weretilneck ante la prensa en Viedma, días antes, había indicado el vínculo laboral con la Provincia que tuvo Ciccarelli desde el año 2003 y que tenía “permisos de tres canteras y dos en trámite”, todo ello en el marco del Código de Procedimiento Minero.

En paralelo, por la vía administrativa hay pedidos de informes de legisladores peronistas por el vínculo laboral de Ciccarelli y los permisos mineros.