La Justicia falló a favor de Tecpetrol y el Estado deberá pagar más de $2500 millones por recortes al Plan Gas en Vaca Muerta
El fallo declaró nulas las resoluciones que redujeron de manera retroactiva los pagos del Plan Gas para la producción de Fortín de Piedra. La disputa se originó en 2018, cuando la petrolera del Grupo Techint llevó el reclamo a los tribunales.
El desarrollo Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, fue el eje del conflicto entre Tecpetrol y el Estado por la liquidación de subsidios a la producción de gas no convencional. Foto gentileza.
La Justicia federal falló a favor de Tecpetrol en el extenso litigio que la empresa mantenía con el Estado nacional por los subsidios previstos en el Plan Gas para la producción no convencional en Vaca Muerta. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6 dispuso que el Estado deberá pagarle a la petrolera $2553 millones más intereses por compensaciones correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2018.
La resolución judicial dejó sin efecto las medidas adoptadas por la entonces Secretaría de Energía, que había cambiado el criterio para calcular los incentivos y limitado los pagos a la curva de producción declarada originalmente por la empresa al adherirse al programa. El fallo, fue firmado por el juez Enrique Lavié Pico y todavía puede ser apelado.
El conflicto se remonta a mayo de 2019, cuando Tecpetrol formalizó una demanda contra el Estado tras advertir que el recorte aplicado en los subsidios afectaba de manera directa el desarrollo de Fortín de Piedra, su principal yacimiento gasífero en la cuenca neuquina.
En ese momento, la compañía reclamó en sede judicial unos $2500 millones más intereses por montos no percibidos y cuestionó la legalidad de las resoluciones oficiales que modificaron la liquidación del beneficio.
Según publicó en ese momento Diario Río Negro, la petrolera sostenía que la normativa original no fijaba un límite sobre la producción subsidiada y que el cambio dispuesto por el Gobierno alteraba las condiciones bajo las cuales se habían realizado las inversiones en el yacimiento. La empresa argumentó además que el incremento de producción —que duplicó las previsiones iniciales— no podía transformarse en un perjuicio económico para el proyecto.
En ese entonces, desde el Gobierno se defendieron sosteniendo que la decisión de recortar los subsidios no sólo fundados en las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) sino también en la disparada que junto al mayor valor del dólar significaba el incremento en la producción alcanzado por Tecpetrol.
Es que mientras se habían presupuestado para 2019 unos 700 millones de dólares para el programa, de abonarse la totalidad de la producción de Fortín de Piedra requeriría de unos 1.200 millones de dólares, es decir unos 500 millones de dólares extra sólo en ese año.
Fortín de Piedra había pasado en pocos años de una producción marginal a inyectar entre 15 y 17 millones de metros cúbicos diarios de gas, convirtiéndose en uno de los principales desarrollos de Vaca Muerta.
Ese crecimiento elevó el costo fiscal del programa por encima de lo previsto originalmente y derivó en la decisión oficial de recalcular los subsidios, en medio de un escenario de ajuste del gasto público.
Según informó La Nación, el fallo desestima el argumento del Estado sobre que Tecpetrol habría ejecutado un plan de inversión más ambicioso que el aprobado. La pericia judicial determinó que la empresa perforó 114 pozos en el período, por debajo de los 121 proyectados originalmente, y que para el período 2017-2019 la cantidad de pozos fue exactamente la misma que el plan original aprobado.
El salto de producción se explicó por la mayor productividad por pozo: según un informe técnico obrante en el expediente, la productividad media de los pozos en Fortín de Piedra se triplicó.
Por el momento, la sentencia de primera instancia le reconoce a Tecpetrol el derecho a cobrar las diferencias adeudadas. El Estado aún puede apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
La Justicia federal falló a favor de Tecpetrol en el extenso litigio que la empresa mantenía con el Estado nacional por los subsidios previstos en el Plan Gas para la producción no convencional en Vaca Muerta. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°6 dispuso que el Estado deberá pagarle a la petrolera $2553 millones más intereses por compensaciones correspondientes a agosto, septiembre y octubre de 2018.
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