El Gobierno anticipó que apelará el fallo a favor de la AFA: desde Casa Rosada advierten un revés político a Mahiques
La resolución judicial avaló el cambio de domicilio de la Asociación de Fútbol Argentino y también anuló la veeduría dispuesta por el Ministerio de Justicia sobre la entidad que conduce Chiqui Tapia. El fallo surgió justo cuando la administración de Javier Milei realizaba movimiento sobre el fútbol argentino.
Foto: Reuters.
El Gobierno recibió un golpe judicial este jueves 18 en su contienda con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y confirmó que apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que avaló el cambio de domicilio de la entidad hacia la provincia de Buenos Aires. La resolución, dictada por la Sala D, también anuló la veeduría que había sido dispuesta por el Ministerio de Justicia sobre la organización que conduce Claudio «Chiqui» Tapia. Frente a este escenario adverso, desde la Inspección General de Justicia (IGJ) adelantaron que buscarán revertir la decisión en una instancia superior.
“Nosotros vamos a apelar”, confirmaron fuentes oficiales del Gobierno a TN. En los pasillos de la Casa Rosada señalan que el actual titular de la IGJ es Alejandro Ramírez y remarcan con preocupación que esta decisión judicial impacta de lleno contra el esquema de fiscalización que el organismo había impulsado sobre la AFA, en medio de una ofensiva administrativa mucho más amplia sobre las entidades vinculadas al fútbol argentino.
La Cámara Civil declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, firmada el 18 de febrero de 2026, mediante la cual se había rechazado la inscripción de la reforma estatutaria por el cambio de domicilio y la consecuente cancelación de la matrícula de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el tribunal anuló la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, dictada el 16 de marzo, que había ordenado una intervención informativa en grado de veeduría por el plazo de 180 días hábiles.
En Balcarce 50 leen este dictamen como un fuerte revés político y jurídico para el esquema de control diseñado desde la cartera de Justicia, ya que la resolución fortalece la estrategia de Tapia de trasladar el debate al plano jurisdiccional y mantener los balances de la entidad fuera de la lupa de la IGJ.
A pesar de este freno, en la Casa Rosada anticipan que no darán por cerrada la discusión y que la inminente apelación buscará mantener viva la revisión de las transferencias, los contratos y los vínculos económicos del fútbol argentino.
Pase de facturas dentro del Gobierno por el revés judicial
El eje central que motivó el fallo fue la competencia territorial. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron en su dictamen que, una vez que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense autorizó el cambio de jurisdicción y prestó conformidad al traslado del domicilio social a Pilar, el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron bajo la órbita de la provincia.
Bajo esa lectura técnica, la IGJ ya no tenía potestad para inspeccionar el nuevo domicilio ni para revisar lo resuelto por el organismo bonaerense.
A la vez, la sentencia cuestionó severamente el accionar administrativo de la IGJ. Los jueces sostuvieron que el organismo nacional se “erigió por encima” de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, a la que le atribuyeron facultades equivalentes de control dentro de su jurisdicción.
En esa línea, los magistrados consideraron que la IGJ llevó adelante facultades revisoras o fiscalizadoras sobre un organismo par, y determinaron que esa conducta excedía su esfera de competencia legal.
Hacia el interior del Gobierno, el fallo abrió un nuevo pase de facturas dentro del área de Justicia. En el sector que ahora conduce Juan Bautista Mahiques, sostienen que la Cámara dejó en evidencia un flanco débil de la etapa anterior: que el organismo nacional tomó conocimiento del acto de la Dirección Provincial bonaerense que convalidó el traslado de la AFA a Pilar y no lo impugnó de manera eficaz.
Esta lectura apunta directamente contra la gestión previa del Ministerio de Justicia, que era coordinada por Santiago Caputo a través de Sebastián Amerio.
El expediente, sin embargo, expone ciertos matices sobre ese punto. El anterior titular de la IGJ, Daniel Vítolo, sí se había opuesto al avance de la AFA al intentar frenar la asamblea de octubre de 2024 y al rechazar en febrero de 2026 la inscripción de la reforma.
Lo que ahora determinó la Cámara es que las dudas sobre la ubicación de la sede o el funcionamiento en el inmueble cedido por la Municipalidad de Pilar, ubicado en la calle Mercedes 1366, no podían prevalecer sobre el acto administrativo ya dictado por el organismo provincial.
Cómo sigue la investigación contra la AFA de Chiqui Tapia
La decisión de la Justicia desactiva por completo la veeduría ordenada por el Ministerio de Justicia. La medida, que llevaba la firma de Mahiques y se basaba en un informe de la IGJ, apuntaba a revisar minuciosamente la documentación societaria, contable y financiera de la AFA. La Cámara concluyó que, al caer la resolución previa de la IGJ por una evidente falta de competencia, la resolución ministerial que designaba a los veedores se quedaba sin ningún tipo de sustento jurídico.
De todos modos, el fallo aclara que la decisión administrativa no implica desconocer las investigaciones judiciales en curso ante otros tribunales. Este apartado es sumamente relevante porque la situación institucional de la AFA y de sus principales dirigentes se encuentra atravesada por diversas causas penales y económicas que corren por vías independientes.
El Gobierno recibió un golpe judicial este jueves 18 en su contienda con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y confirmó que apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que avaló el cambio de domicilio de la entidad hacia la provincia de Buenos Aires. La resolución, dictada por la Sala D, también anuló la veeduría que había sido dispuesta por el Ministerio de Justicia sobre la organización que conduce Claudio "Chiqui" Tapia. Frente a este escenario adverso, desde la Inspección General de Justicia (IGJ) adelantaron que buscarán revertir la decisión en una instancia superior.
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