Entraderas en el Alto Valle: condenaron a 11 años de prisión a un miembro de la asociación ilícita

Un integrante de la organización delictiva que cometía entraderas y robos en el Alto Valle fue condenado a 11 años de prisión tras reconocer su participación en nueve hechos. La investigación reunió pericias, análisis de celulares, cámaras de seguridad y pruebas genéticas.

Redacción

Por Redacción

La investigación reunió pericias telefónicas, registros fílmicos y evidencia científica para reconstruir el accionar del grupo delictivo.

La investigación reunió pericias telefónicas, registros fílmicos y evidencia científica para reconstruir el accionar del grupo delictivo.

Un hombre fue condenado a 11 años de prisión efectiva tras reconocer que integró una asociación ilícita dedicada a cometer entraderas y robos en Roca y Cipolletti. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, en el que admitió haber participado en nueve de los quince hechos atribuidos a la banda. El acusado permanece detenido con prisión preventiva desde noviembre de 2025.

Durante la audiencia, el imputado aceptó su responsabilidad penal y reconoció que formó parte de la organización criminal que planificaba los golpes mediante tareas previas de vigilancia sobre las viviendas elegidas como objetivo. El Tribunal Colegiado homologó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo martes.


Cómo actuaba la banda que cometía las entraderas


Al exponer la teoría del caso, la fiscal jefe Belén Calarco describió el funcionamiento del grupo delictivo. Explicó que sus integrantes realizaban un trabajo previo de inteligencia sobre las viviendas y luego ejecutaban los ataques con una modalidad organizada.

«Definían arribar en uno o dos vehículos que habían sido sustraídos con antelación, irrumpían de forma violenta por puertas traseras previo escalar paredones y techos, reducían a las víctimas utilizando armas de fuego y atándolas luego con alambres o precintos», sostuvo la fiscal.

La fiscal Verónica Villarruel agregó que, una vez controladas las víctimas, los delincuentes exigían dinero en moneda extranjera y buscaban cajas fuertes para apoderarse de efectivo, joyas, oro y dispositivos electrónicos.

«Posteriormente les exigían dólares y que develen la ubicación de sus cajas fuerte para sustraer dinero, oro y dispositivos electrónicos (aunque no teléfonos celulares). También se llevaban los DVR, equipos en los que se almacenan las imágenes de las cámaras de seguridad», explicó.


La investigación que permitió reconstruir los hechos


La Fiscalía destacó que la investigación fue desarrollada junto con una Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, conformada especialmente para esclarecer la serie de hechos y coordinada por el Ministerio Público Fiscal.

Entre las principales pruebas se incorporaron el análisis de imágenes obtenidas por cámaras del sistema 911 y dispositivos particulares, pericias criminalísticas, testimonios de víctimas y vecinos, además del examen de teléfonos celulares realizado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel).

Según detalló el Ministerio Público, el estudio del tráfico de antenas permitió ubicar a los imputados en distintos lugares donde ocurrieron los robos, mientras que la División de Delitos Complejos del Gabinete de Criminalística realizó el levantamiento de rastros, muestras genéticas y evidencias odoríficas que reforzaron la acusación.

También se incorporaron denuncias, actas policiales, croquis, resultados de allanamientos y requisas vehiculares.

Uno de los procedimientos permitió secuestrar un equipo de comunicaciones similar a los utilizados por las fuerzas de seguridad y con acceso a doce frecuencias policiales. Tras las pericias, se determinó que ese dispositivo no pertenecía al patrimonio de la Policía de Río Negro.


Qué pasará con el resto de los acusados


Además de homologar el juicio abreviado, el Tribunal resolvió realizar un cuarto intermedio hasta el 7 de julio para analizar el pedido de la defensa de unificar esta condena con otra pena que ya pesa sobre el imputado.

La causa, sin embargo, continúa abierta respecto del resto de los integrantes de la presunta organización.

En una audiencia posterior, las partes acordaron prorrogar hasta el 13 de agosto las prisiones preventivas de cinco imputados y mantener las medidas cautelares de otros dos que cumplen arresto con tobillera electrónica. Dos acusados permanecen detenidos en otra causa y otros dos continúan sometidos a medidas cautelares.

Actualmente, once personas siguen vinculadas al expediente con formulación de cargos.

Por disposición del Tribunal, quedó prohibida la publicación de datos personales o fotografías tanto del condenado como del resto de los imputados, debido a que aún resta realizar una rueda de reconocimiento cuya validez podría verse afectada por su identificación pública.


Un hombre fue condenado a 11 años de prisión efectiva tras reconocer que integró una asociación ilícita dedicada a cometer entraderas y robos en Roca y Cipolletti. La sentencia fue dictada mediante un juicio abreviado, en el que admitió haber participado en nueve de los quince hechos atribuidos a la banda. El acusado permanece detenido con prisión preventiva desde noviembre de 2025.

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