Regulan cómo se aplicará el plan de austeridad

Las nuevas contrataciones de personal que se hagan en la provincia deberán tener el visto bueno del gobernador Omar Gutiérrez, a partir de un nuevo decreto que firmó como parte de su plan de “austeridad”. La medida forma parte de un paquete que incluye la creación de un Registro Único de Locaciones de Inmuebles y Vehículos y la obligación para los funcionarios de disponer de saldo presupuestario antes de autorizar nuevos gastos.

“Ya no hay posibilidad de que un ministro, un subsecretario o un secretario de Estado pueda designar individualmente a una persona con su sola decisión, sino que tiene que acudir al gobernador”, explicó ayer el ministro de Gobierno, Juan Pablo Prezzoli, quien justificó que las nuevas disposiciones no implican ajuste sobre los servicios esenciales del Estado, sino “donde se puede ajustar, que es en los niveles jerárquicos”. La subsecretaría de Salud quedó excluida de la restricción.

Te puede interesar Gutiérrez también anuncia recortes en cargos políticos

El decreto 183 de 2018 que estableció la modificación indica que “las designaciones o asignaciones de personal, en vacantes aprobadas o que se produzcan en el futuro, así como los contratos administrativos, locaciones de servicio o prácticas rentadas deberán ser autorizadas por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo”. También suspendió la facultad que tenían funcionarios con personal a cargo de otorgar bonificaciones y adicionales salariales.

En años anteriores, tanto la administración de Jorge Sapag como la de Gutiérrez habían firmado decretos para congelar los ingresos por un año, pero la aplicación de sucesivas excepciones hizo que la planta de personal siguiera creciendo. Del 2012 –primer año en que se aplicó– al 2017 ingresaron unos 9.100 nuevos agentes al Estado.

Gutiérrez también firmó el lunes el decreto 184 que crea el Registro Único de Locaciones de Inmuebles y Vehículos para tener “un control exhaustivo” de los contratos de alquiler. Y el 182 que obliga a los funcionarios a asegurar la existencia de saldo presupuestario antes de autorizar gastos y a elaborar un informe técnico que justifique la emisión.

“Cada organismo que quiera o que necesite gastar más tendrá que fundamentar porqué requiere un incremento”, dijo Prezzoli sobre las medidas con las que se busca ahorrar 1.000 millones.

“Aquí no hay ajuste en las políticas de desarrollo humano o servicios esenciales del Estado, estamos ajustando en los niveles jerárquicos”,

aseguró el ministro de Gobierno, Juan Pablo Prezzoli.