Denunciaron a un fiscal de Neuquén por privación ilegítima de la libertad

Los defensores públicos Fernando Díez y Verónica Zingoni presentaron una denuncia penal contra Marcelo Silva, por privación ilegítima de la libertad y desobediencia. Es por el accionar del fiscal en una causa por estafas, donde lo acusan de haber detenido a uno de los sospechosos por más de 33 horas para realizar la formulación de cargos, el plazo máximo es de 24 horas.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que la denuncia fue realizada ante la fiscalía de Asignación del Caso y que se está dando el tratamiento correspondiente.

La denuncia se relaciona a una investigación por la venta de una máquina, en la que hay tres denuncias y un monto de 1.800.000 de pesos. Ahora el proceso quedó estancado en una discusión entre defensores público y privados, y el fiscal de Delitos Económicos. Los cinco abogado defensores que intervinieron, también plantearon la recusación del fiscal ante la jueza que intervino, Estefanía Sauli, pero la magistrada advirtió que ese planteo se debe resolver en ámbitos del Ministerio Público Fiscal.

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El texto de la denuncia señala que el martes 30 de octubre a las 8 de la mañana se realizaron allanamientos y se detuvo a un hombre a quien además se le secuestró un arma de fuego, por ese motivo se le inició una causa en otra unidad fiscal, la de Flagrancia, donde le formularon cargos y como en esa imputación no se pidió prisión preventiva, la jueza Mara Suste ordenó su libertad a las 13,20 del mismo día.

El miércoles el fiscal Silva informó a los defensores que el imputado se encontraba detenido desde las 21 del martes, pero en relación con la investigación original por estafas, y agregó que esa formulación de cargos se iba a realizar a las 18:30 del miércoles.

En ese contexto los defensores esgrimieron que durante toda la mañana del miércoles intentaron acceder al legajo de la causa y no tuvieron éxito, luego fueron a la alcaldía de la Ciudad Judicial a entrevistar al detenido y descubrieron que nunca había recuperado la libertad.

Es decir que permaneció detenido 33 horas desde las 8 del martes hasta el miércoles a las 17 cuando se realizó la audiencia donde los defensores presentaron un Hábeas Corpus, reprochando el incumpliendo de la orden de la jueza Suste, quien dispuso su libertad tras la primera audiencia.

Ayer al mediodía, el fiscal intentó formular cargos nuevamente pero los cinco defensores pidieron que sea recusado y esgrimieron varios aspectos: se omitió dar información de la causa, por haber detenido a una persona sin ninguna justificación, por haber tenido detenidos por más 24 horas y por haber infringido el artículo dos de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal que establece que el fiscal “debe responder a los principios de legalidad y objetividad”.

En cuanto a la recusación y la continuidad o no del fiscal eso debe ser planteado por la defensa ante el fiscal jefe de Delitos Económicos, Pablo Vignaroli, por ese motivo la jueza suspendió la audiencia y sostuvo que el planteo debía ser por otro carril. La recusación está regulada por el artículo 70 del Código Procesal Penal y dice que “el fiscal se inhibirá y podrá ser recusado cuando exista algún interés personal que pueda interferir en su actuación funcional”. En tal caso “la recusación será resuelta por el fiscal superior jerárquico y la decisión no será impugnable”.