Al borde de otro default

Atrapado el gobierno entre las exigencias del juez neoyorquino Thomas Griesa y el miedo a gatillar la temible “cláusula RUFO”, según la cual un arreglo favorable a los fondos buitre podría plantear el riesgo de que la deuda externa alcanzara dimensiones monstruosas, de hasta 500.000 millones de dólares, no es del todo sorprendente que algunos funcionarios hayan llegado a la conclusión de que un default “técnico”, siempre y cuando fuera “transitorio y administrado”, sería la opción menos mala. Por supuesto, para que lo fuera, el gobierno tendría que convencer a los mercados, dueños ellos de la palabra final, de que a pesar de lo difícil que le ha resultado saldar cuentas con los acreedores más tenaces y los muchos errores que se han cometido, la Argentina es un país confiable que, aleccionado por la experiencia, en adelante respetará todas las reglas internacionales. ¿Es lo que se han propuesto hacer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía Axel Kicillof y otros voceros oficiales, en el caso de que las negociaciones con los holdouts culminen mal? A veces parecería que sí, pero la tentación de minimizar el impacto político del drama asumiendo una postura desafiante ha sido fuerte y algunas declaraciones han servido para brindar una impresión muy negativa. No se trata de un detalle menor. Las impresiones importan. Los gobiernos de los países desarrollados, el Fondo Monetario Internacional y muchos prestigiosos economistas “ortodoxos” coinciden en que sería poco razonable permitir que una pequeña minoría de especuladores impidiera la “reestructuración” definitiva de la deuda argentina. De más está decir que el apoyo así supuesto es mucho más valioso que el ofrecido por gobiernos como el venezolano u otros que son contrarios al sistema internacional imperante y, por ende, propensos a subordinar todo a sus propios prejuicios ideológicos. Les guste o no a la presidenta y sus militantes, al país no le convendría en absoluto que siguieran actuando como rebeldes contra el statu quo y partidarios de alguna que otra “alternativa” radical. Puede que manifestaciones en tal sentido los hayan ayudado a congraciarse con quienes ya creían que la Argentina ha sido víctima inocente de un orden mundial intrínsecamente injusto, pero en términos prácticos las opiniones de dichos sectores pesan decididamente menos que las de la llamada “comunidad financiera” internacional que, desde luego, incluye a buena parte del empresariado local. La disputa con los fondos calificados de buitres y, últimamente, con la Justicia norteamericana nos ha perjudicado no sólo por los costos financieros inmediatos que ha motivado sino también porque ha hecho pensar que la Argentina sigue siendo gobernada por populistas irresponsables. Por lo tanto, aun cuando a último minuto el país logre no recaer en default, tendría que transcurrir cierto tiempo antes de que, a juicio de “los mercados”, por fin haya dejado atrás una etapa signada por el aventurismo económico, la manipulación aviesa de estadísticas, el desprecio por todo cuanto sabe a seguridad jurídica y el despilfarro de recursos financieros escasos por motivos políticos. Si finalmente cayera de nuevo en default la imagen nacional sería peor aún pero, de obrar el gobierno con sobriedad, le resultaría posible por lo menos minimizar los daños, ya que en el mundo desarrollado muchos atribuirían la desgracia a la terquedad insólita de un juez distrital norteamericano. No es posible prever exactamente cómo incidiría otro default en una economía inflacionaria que ya está en recesión. Algunos dan a entender que en tal caso el país se precipitaría por un abismo; otros dicen creer que sólo sería cuestión de un bache que a lo sumo provocaría un barquinazo pasajero. Todo dependería de la forma en que el gobierno manejara la situación. Si la trata como una lucha más entre “patria y buitres”, representantes éstos del “imperio” estadounidense, aseguraría que las consecuencias económicas y sociales resultaran muy graves. En cambio, una postura más racional posibilitaría que, luego de algunos días agitados, “los mercados” entendieran que valdría la pena aprovechar una oportunidad para invertir en la Argentina, por tratarse de un país que, gobernado con sensatez, podría convertirse en un futuro no tan lejano en un “emergente” sumamente promisorio.

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