“Que se respeten los legítimos derechos de las personas con discapacidad”
Por la presente deseamos expresar nuestra opinión sobre esta inconsulta decisión de desarticular la Junta de Evaluación-Jucaid-CUD para pasar esta responsabilidad al área de Salud del hospital. Conscientes de que ésta no es la mejor forma de desarrollar políticas sociales públicas basadas en beneficio del colectivo de personas con discapacidad, siempre que se dan pasos hacia atrás y no se valora lo conseguido y se perfecciona, deseamos expresar que: • Las decisiones inconsultas nunca fueron bien recibidas, sobre todo cuando el perjuicio supera al beneficio. • Desarmar una junta de evaluación de personas con discapacidad, monitoreada en su funcionamiento por Jucaid de Neuquén capital, con muy buena receptividad en las personas con discapacidad y sus familias, con fluido contacto con ONG’s y establecimientos de educación especial, es un despropósito. • No se cuantificó el impacto que una decisión de este tenor, tardíamente informada a la opinión pública, ha causado en las personas con discapacidad que actualmente tramitan el certificado de discapacidad nacional. Porque se magnifican pues nadie desconoce el anterior proceso burocrático y de barreras de todo tipo que debían sortear las personas y sus familias cuando se realizaba el antiguo trámite a través del sistema público de salud o un posterior viaje a Neuquén o Buenos Aires para obtener la certificación. • Deseamos que se respeten los legítimos derechos del conjunto de las personas con discapacidad sin que el marco sean decisiones políticas que decidan, en forma arbitraria e inconsulta, cuestiones inherentes e intrínsecas a la temática, obviando por ejemplo el ámbito de un Consejo de Discapacidad que funciona plenamente en la actualidad, el cual no fue consultado para saber qué opinaba al respecto. • Se quiere confundir a la opinión pública mezclando roles y denominaciones tales como dirección, área y consejo de discapacidad, siendo estos ámbitos de funcionamiento individual, compartiendo escenarios comunes en la vida cotidiana de nuestra ciudad, lo que se traduce confusamente en el ciudadano común como si fuera una misma entidad. • Quienes trabajamos en ONG’s y a su vez ocupamos cargos en el Consejo de Discapacidad o en la CAEB no percibimos ningún tipo de remuneración, trabajamos en forma total y absolutamente ad honórem. • Estamos deseosos de que se nos demuestre y garantice que esta medida no es violatoria de derechos, que el sistema de trámite y obtención del Certificado Único de Discapacidad CUD se verá beneficiado con esta medida, que se puede cumplir por ejemplo con la demanda con sólo 18 horas mensuales de atención para tal efecto, contra las 18 horas semanales que se venía implementando. Que se argumente que un profesional médico generalista es mejor que un especialista en discapacidad. • Deseamos precisiones sobre el proceso de evaluación cuando, por circunstancias que nadie puede prever, el sistema de salud pública se encuentre con medidas de emergencia, paros y cargas horarias de/del médico/a, conflictos internos, ¿quién atenderá los requerimientos de las PCD’s? Esto sólo por citar un ejemplo. El arduo trabajo cotidiano de ayuda a las personas con discapacidad es nuestro mejor aval para el reclamo. Esperamos que se pueda dar una respuesta que nos aliente y no nos segregue y discrimine. Alejandro Díaz Vicepresidente Asoc. de Ayuda a las personas con Discapacidad “Nueva Esperanza” Vicepresidente Consejo Municipal de Discapacidad Secretario general Comisión Asesora para la Eliminación de Barreras CAEB San Martín de los Andes
Alejandro Díaz Vicepresidente Asoc. de Ayuda a las personas con Discapacidad “Nueva Esperanza” Vicepresidente Consejo Municipal de Discapacidad Secretario general Comisión Asesora para la Eliminación de Barreras CAEB San Martín de los Andes
