Carreras advierte que el que ocupa tierras no tendrá vivienda
La gobernadora dijo que la usurpación de El Bolsón es un delito y no genera obligaciones de responder a la demanda habitacional, como planteó un juez.
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La gobernadora Arabela Carreras dejó en claro que no ofrecerá una vivienda o solución habitacional a los ocupantes de las tierras de la reserva forestal de Loma del Medio en El Bolsón, y de este modo se plantó ante la orden del juez federal subrogante Gustavo Zapata que establecía un plazo de 15 días para ofrecer una solución habitacional a las familias instaladas en el predio.
El terreno ocupado desde hace varias semanas por 130 familias, pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y ayer fue visitado por la gobernadora junto al intendente Bruno Pogliano, aunque no dialogaron con los ocupantes.
El Gobierno provincial tiene la premisa de que las personas que se instalaron en esta reserva forestal incurrieron en un delito y pretendía que el juez federal subrogante lo califique de ese modo y ordene el desalojo a pesar de que no es parte de la acción judicial por tratarse de tierras de dominio nacional.
Sin embargo Carreras dijo que a la provincia le corresponde responder por algunos artículos de la resolución judicial en los que se ordena al Estado nacional, provincial y municipal a ofrecer una solución habitacional para las familias ocupantes en un plazo de 15 días.
“Tenemos que tener en claro que cualquier solución habitacional, en la que está trabajando la municipalidad junto con el gobierno provincial y nacional, no será para quienes tomen si no en función de listados donde se contemplen las necesidades y los distintos criterios que permitan otorgar la tierra a quien mas lo necesita”, dijo la gobernadora a Río Negro.
Sin derecho ni prioridad
Para Carreras “el solo hecho de ocupar tierras de ninguna manera genera derechos ni genera prioridad” en el otorgamiento de soluciones habitacionales.
Esgrimió que en la ocupación de El Bolsón hay “distintas situaciones que ameritan un análisis social y judicial” y señaló que entre los ocupantes “no todos tienen el mismo grado de necesidad”.
La provincia prepara la apelación al fallo del juez Zapata en conjunto con la municipalidad y basará su respuesta en la premisa de que “es de imposible cumplimiento” que el Estado otorgue una solución a la demanda habitacional en 15 días.
Contra el juez Zapata
También Carreras apuntó al juez al indicar que es “evidente que no ha recorrido la zona” de la toma, al fundamentar que es difícil de cumplimentar el control para evitar que los ocupantes ingresen materiales o se sumen personas, ya que el amplio predio contiene un bosque y diversos senderos de acceso.
En el predio actualmente hay puntos de custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación, y de la Policía de Río Negro, ordenado por provincia.
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