Causa Rafael Nahuel: «Quieren que el crimen quede impune»

Tras la anulación del fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca que dejó sin efecto el procesamiento contra el albatros Francisco Pintos, la familia del joven fallecido insiste en que la responsabilidad fue de uno de los integrantes de Prefectura.

“Estamos recontra mal”, expresó Alejandro Nahuel. “Es como que se burlan de la muerte de Rafita”, afirmó, indignado. Alejandro y Graciela Salvo son los padres de Rafael Nahuel, el joven mapuche que mataron con un tiro por la espalda la tarde del 25 de octubre de 2017.

Están convencidos de que el autor del disparo fue uno de los integrantes del grupo albatros de Prefectura que interceptó esa tarde al grupo de jóvenes mapuches en la zona de la montaña, en Villa Mascardi, distante a unos 30 kilómetros de Bariloche. “Uno de ellos fue, uno de los albatros”, afirmó Alejandro.

Los padres de Rafael se enteraron el jueves pasado que los jueces de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani habían anulado el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca porque concluyeron que era arbitrario.

Al anularlo, quedó sin efecto el procesamiento contra el albatros Francisco Javier Pintos por el homicidio agravado de Rafael por el uso de arma de fuego. Además, apartaron a los jueces de Roca y ordenaron que ese mismo tribunal dicte un nuevo fallo, pero con otros jueces ajustado a los lineamientos expuestos por la Cámara de Casación.

“Quieren que el crimen de Rafael quede impune, pero no lo vamos a permitir”, afirmó la abogada Natalia Araya, que representa a los padres de la víctima, querellantes en la causa.

Ahora nos queda el recurso extraordinario ante la Corte Suprema y estamos preparando todo para irnos a la Corte”, explicó Araya.

Dijo que no están sorprendidos por el fallo de la Sala Tercera de la Cámara de Casación. “Siempre tuvimos miedos y, por eso, habíamos presentado una recusación ante los jueces de la Cámara de Casación Penal, porque sabíamos que iban a ser parciales a la hora de resolver porque habían emitido opinión en la causa de Fausto Jones Huala y Lautaro González”, recordó. Pero esa recusación fue rechazada.

Araya dijo que en ese fallo que había revocado en mayo del año pasado la excarcelación de Jones Huala y González, había sido en base a la creación “del enemigo interno para justificar el accionar de las fuerzas estatales”.

Araya planteó que están asustados porque los jueces de la Cámara de Casación “tergiversan información” que hay en el fallo del tribunal de Roca.

También, añadió, “tergiversa el juicio abreviado”, que se hizo a mediados de marzo pasado en el que Jones Huala (hermano de Facundo Jones Huala, preso en Chile) admitió el acuerdo propuesto por la fiscalía y aceptó su responsabilidad como autor del delito de atentado contra la autoridad, agravado por el uso de armas y consintió la pena de 6 meses de prisión condicional. En cambio, González sigue prófugo.

Fausto y González bajaron el 25 de noviembre de 2017 a Rafael herido de muerte desde la montaña hasta la ruta nacional 40, donde había una ambulancia que trasladó a Rafael hasta el hospital de Bariloche. Los dos fueron detenidos y Rafael murió por la grave herida.

En ese juicio abreviado no se había hablado nunca, tenemos entendido, de armas de fuego. Por lo tanto no se puede hablar de un enfrentamiento”, afirmó Araya, que aclaró que no intervino en ese acuerdo.

“Hasta donde tengo entendido, se reconoció el uso de piedras contra los efectivos, que podría llegar a ser considerado como un arma impropia, pero en la lectura que hace del fallo de la Cámara de Casación Penal se entiende que es armas de fuego que puede llegar a habilitar el uso de las armas de fuego por parte del grupo Albatros, lo cual no es verdad”, enfatizó Araya.

Los jueces de la Cámara de Casación observaron además que Jones Huala, González y Rafael tenían restos de partículas de pólvora en las manos, según una pericia. Y advirtieron que los jueces del tribunal de Roca no valoraron esa evidencia y tampoco las declaraciones de Pintos y de otros albatros que integraban la patrulla.

“No hay ningún indicio objetivo en el expediente del que se puede inferir que hubo un enfrentamiento, salvo lo que dice el grupo albatros y el Ministerio de Seguridad”, sostuvo Araya.

“No estamos hablando de dos bandas armadas, estamos hablando del Estado contra un grupo de particulares, entonces nunca puede haber un enfrentamiento”, afirmó Alejandro Nahuel.


Las pericias bajo la lupa


La abogada Natalia Araya aseguró que no es “antojadizo” que para la querella la pericia de Roberto Nigris y Karina Uribe “tiene mayor peso que la de Gendarmería”.

Recordó que hubo una junta de peritos, que se hizo en el juzgado federal de Bariloche, “donde cada uno de los peritos explicó cómo llegó a sus conclusiones, y ahí quedó claro que los peritos de Gendarmería no habían hecho la yuxtaposición de los proyectiles”.

“Al faltar este elemento es imposible llegar a una pericia completa. Ahí quedó claro que no había sido una pericia seria”, sostuvo.

Los jueces de la Cámara de Casación Penal cuestionaron que el tribunal de Roca tuviera en cuenta solo la pericia de Nigris y Uribe (peritos oficiales) que determinaron que el proyectil que mató a Rafael salió del subfusil MP5 asignado a Pintos, y desestimaran la pericia de Gendarmería sin ningún fundamento jurídico.

Los jueces de Roca no tomaron en cuenta la pericia de Gendarmería por su vinculación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que conduce Patricia Bullrich, que festejó el fallo de la Cámara Federal de Casación de la semana pasada.

La pericia de Gendarmería concluyó que el proyectil no corresponde al arma de Pintos ni del albatros Juan Ramón Obregón, que portaba una MP5 la tarde del homicidio de Rafael. Araya consideró que habrá que hacer una nueva pericia.


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