Conmoción en el Poder Judicial de Neuquén: allanan la vivienda del juez Piedrabuena
Es el juez del escándalo en el hipermercado. Lo denunció un fiscal por coacción. Lo acusa de involucrar a sus hijos, menores de edad, como presuntas víctimas.
El allanamiento comenzó temprano en la vivienda del magistrado. (Yamil Regules)
Personal de la fiscalía y de la policía allanó esta mañana de viernes la vivienda particular del juez de Neuquén Diego Piedrabuena. Es por una denuncia en su contra de un fiscal que lo acusa de extorsión. La información oficial confirma que secuestraron documentación, computadoras y teléfonos.
La estrategia de Piedrabuena que inquieta al Poder Judicial de Neuquén
Piedrabuena es el juez del escándalo en el hipermercado y enfrenta una causa penal por resistencia a la autoridad y un jurado de Enjuiciamiento por mal desempeño. Ahora se le suma esta nueva denuncia por coacción.
De acuerdo con la información que trascendió, la denuncia fue presentada por el fiscal de Delitos Sexuales, Andrés Azar.
Está vinculada con un correo electrónico y unos documentos que circularon en forma anónima en los últimos días, con información privada del fiscal sobre su vida familiar y laboral.
El operativo fue dispuesto por el fiscal Diego Azcárate, y autorizado por la jueza de Garantías Leticia Lorenzo.
Azar iba a ser citado como testigo en el Jurado de Enjuiciamiento contra Piedrabuena porque en una audiencia el juez lo insultó.
Como adelantó Río Negro en las últimas horas, la estrategia de defensa del juez Piedrabuena empezaba a generar temor y preocupación puertas adentro del Poder Judicial, por la circulación de anónimos y supuestos informes periodísticos en las redes sociales.
La investigación del fiscal Azcárate apuntaría a que el material y los informes fueron producidos o están relacionados con las computadoras y los teléfonos del juez Piedrabuena o de su esposa Liliana Geldres.
Confirmación oficial
El Ministerio Público Fiscal informó hoy que el allanamiento al domicilio particular del juez fue requerido en el contexto de una denuncia por supuesta coacción que efectuó el fiscal del caso Andrés Azar en la sede del Ministerio Público Fiscal el pasado 3 de junio, al recibir en su teléfono un mensaje con un documento PDF con fotos y textos referidos a su vida privada y laboral.
A través del contenido de este documento, se planteó además que supuestamente había cometido delitos, algunos de ellos en perjuicio de su hijo y su hija, ambos menores de edad, y se lo cuestionaba por su actuación en casos que llevó adelante como fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales, entre otros aspectos.
Con la asistencia de personal de la Policía Provincial, el allanamiento en la vivienda del juez de garantías fue realizado hoy por la mañana, con objetivo de secuestrar objetos informáticos (computadoras, pendrives, etc). El procedimiento contó con la autorización de la jueza de garantías Leticia Lorenzo.
El juez y su entorno
El Ministerio Público Fiscal requirió el allanamiento porque existen elementos recolectados durante la investigación iniciada tras la denuncia de Azar, que indican que el juez de garantías y las personas de su entorno familiar estarían vinculadas a la confección del documento PDF en contra del fiscal del caso, con la posible colaboración de personas de otras provincias.
En el pedido de allanamiento, el fiscal del caso sostuvo que: “considero que lo denunciado por Andrés Guillermo Azar, en el marco de este legajo, constituye una clara acción intimidante hacia su persona. Del propio testimonio del denunciante, de los audios y demás información aportada, como así también de las entrevistas testimoniales realizadas telefónicamente surge un claro accionar coaccionante” por parte del juez de Garantías y su entorno.
También planteó que “es el propio Azar quien manifiesta que todo esto le ha generado una clara intimidación y afectación a su libertad psíquica, y ello –claramente- se condice con la información colectada hasta el momento”.
La imputación por el hipermercado
Actualmente, el juez de garantías Diego Piedrabuena está acusado y es investigado por el delito de atentado a la autoridad agravado por ser funcionario público, en carácter de autor (artículos 237 y 238, inciso 3, del Código Penal). En el mismo caso, también está imputada una persona de su entorno familiar, L.N.G, por resistencia a la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por ser contra un funcionario policial, en carácter de autora (artículos 239, 89, 92 en función del 80, inciso 8, del Código Penal).
Ambos fueron imputados por un hecho ocurrido en un hipermercado de la ciudad de Neuquén el pasado 12 de diciembre de 2020. Tras realizar las compras y al llegar a la línea de cajas, un empleado del comercio les advirtió que debido al protocolo solamente podía estar una persona por grupo familiar en ese sector. Según la imputación fiscal, ante este planteo, L.N.G se corrió y Piedrabuena empezó a insultar al cajero. A partir de allí, comenzó una escalada de insultos que terminó con el acusado dejando la línea de cajas sin llevarse los productos, y en un forcejeo con integrantes de la Policía provincial, ante la negativa del juez a identificarse, lo detuvieron en calidad de demorado.
Además del caso penal, Piedrabuena deberá enfrentar un jurado de enjuiciamiento por supuesto mal desempeño en sus funciones. El proceso fue impulsado por presentaciones del fiscal general y del vocal y presidente subrogante del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en el actual período, Evaldo Moya.
Entre los hechos que se mencionaron para hacer el jury, figura una situación de discusión que Azar mantuvo con el juez de Garantías tiempo atrás.
Comentarios