Inseguridad judicial

Uno de los pilares de la democracia capitalista es la seguridad jurídica, base fundamental para cualquier sociedad desarrollada. Pero en el país y la región resulta paradójico que, no en pocas oportunidades, quienes deben velar por sus garantías son los que hacen la vista gorda o inventan soluciones creativas para retorcer el sistema de normas y leyes. Vaca Muerta es un ejemplo cabal de esa foto, pero en las últimas semanas atraviesa un silencioso y riesgoso trazado que podría dejarla en el aire.

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Como viene cubriendo en extenso este medio, el juez de Garantías Juan Guaita difundió esta semana el fallo completo del veredicto para el único imputado que quedó en la causa por el enterramiento de transformadores con PCB -una sustancia cancerígena- en Plottier. El hecho, no menor pero quizá no tan presente en la opinión pública y ausente completamente en la agenda política, tiene el potencial de una bomba de tiempo para el mayor proyecto económico del país y para el bienestar de las familias neuquinas.

Guaita había declarado, semanas atrás, no culpable al exsubsecretario de Ambiente Juan de Dios Lucchelli, a quien el fiscal Maximiliano Breide Obeid había acusado de cajonear la multa de los transformadores, y debió hacer público rápidamente el fallo completo para intentar salvar un verdadero agujero negro: el magistrado dijo que Lucchelli no era autoridad de aplicación#y que sus decisiones administrativas debían estar ratificadas por sus superiores.

El ruido generado por un fallo judicial, que no dejó culpables penales en una causa plagada de apellidos con conexiones con el poder político saliente del MPN, puso en alerta a toda la industria petrolera: Si Lucchelli, quien asumió en 2016 durante el gobierno de Omar Gutiérrez y en reemplazo de Ricardo Esquivel -hombre de extrema confianza del exgobernador Jorge Sapag-, no era autoridad de aplicación para sus funciones, no solo multas sino también los permisos ambientales y controles en Vaca Muerta, ¿todos sus actos no ratificados están viciados de nulidad?

La explicación que hace en el fallo el juez Guaita, también de estrechos lazos con Sapag y cuya anterior designación en la Oficina Judicial de Neuquén en 2020 partió al TSJ, intenta salvar ese “gris” y dice que “para el hipotético caso de que las sanciones no fueran ratificadas por órganos superiores, quedarían firmes por el paso del tiempo, ya que prescribirían las acciones de nulidad contra tales actos administrativos”.

Pese a que el fallo tiene más valor que el veredicto, el fiscal Breide Obeid puede apelarlo. En el sector petrolero analizan con detenimiento el tema. Pero más allá de eso, el punto más grave es inverso y es el que podría afectar al bien protegido, que es el medio ambiente y a la sociedad que lo habita. Las dudas no se disipan. Todo lo actuado por Lucchelli desde 2016 a 2023 ¿tiene validez? Más allá de la firma, si no era autoridad de aplicación ¿con qué pericia actuó?

Según los últimos datos disponibles, solo en 2021 se emitieron unas 80 licencias ambientales y se aprobaron 220 modificaciones. En cuanto a inspecciones, con información más actual, de 2024, se realizaron 1.647 operativos. El volumen de lo que podría revisarse es, sin dudas, significativo.

Un dato paradójico: la reglamentación de la Ley Ambiental de Neuquén (Ley N° 1.875), en 1999, fue elevada por la Dirección General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable que, pese a tener menor rango que una Secretaría, era la autoridad de aplicación. Con el paso de los gobiernos el área de ambiente subió y bajó de rango, la última vez que tuvo status de ministerio fue con el mencionado Esquivel, en el gobierno de Jorge Sapag. Actualmente, la autoridad de aplicación es la secretaría de Ambiente, a cargo de Leticia Esteves.

Resulta incomprensible que un hecho tan alevoso y brutal, como enterrar transformadores con PCB, quede impune. También habilita a imaginar qué otras atrocidades ambientales se comenten en la oscuridad. Pero, no menos grave es que un veredicto judicial, que benefició al exfuncionario Lucchelli, ponga en el limbo y en tela de juicio toda la cuestión ambiental en Neuquén.

Este no debería ser un tema menor en la región, aunque no siempre se entendió así. Qué quedará durante y después de Vaca Muerta debería ser un tema de Estado no solo en el traspaso de gobiernos provinciales sino también en la relación con Nación; pero claro está que no sucede, e incluso el Gobierno de Javier Milei abiertamente se ha expresado por lo contrario.