La relegada educación
En el inicio de otro ciclo lectivo, sólo 12 de 24 distritos comenzaron normalmente las clases por distintos conflictos y problemas, mientras en los discursos de apertura de sesiones legislativas a nivel nacional y provincial el tema mereció un lugar marginal, otra muestra de la subestimación del drama educativo en la dirigencia política.
En medio de las diatribas contra la Justicia, los medios y la oposición, el presidente Alberto Fernández hizo en su mensaje a la Asamblea Legislativa un breve lugar al tema educativo. Tras enumerar “logros” de su gestión, su principal propuesta fue un proyecto de Ley de Expansión de la Inversión Educativa que “tiene como objeto establecer las bases para la expansión de la inversión educativa en un plazo de 10 años, pasando del 6% al 8% del Producto Interno Bruto para el 2032”. Muy ambicioso, ya que en 2008 se fijó como política de Estado un piso de inversión educativa del 6% del PIB, pero en 15 años sólo se logró en 3: 2009, 2013 y 2015, según un estudio de Argentinos por la Educación. Menos de la mitad de los dos periodos de Cristina Fernández y en ningún año de las gestiones de Mauricio Macri y del Frente de Todos. Como en el debate sobre el narcotráfico, el dato abona el eterno discurso de “quién lo hizo peor”, pero sin proponer soluciones concretas.
En los mensajes de los gobernadores Arabela Carreras y Omar Gutiérrez, sus optimistas balances de los avances en la educación fueron opacados por la protesta docente en Río Negro, que ya provocó la pérdida de días de clases y depende de una paritaria incierta, mientras problemas edilicios impidieron comenzar a varias escuelas neuquinas.
Recientes estudios de Argentinos por la Educación, muestran datos inquietantes sobre el año que se inicia. El primero, que sólo 6 provincias planificaron 190 días de clase (entre ellas Neuquén), un compromiso asumido en el Consejo Federal de Educación para recuperar aprendizajes perdidos en la pandemia. El promedio para las jurisdicciones será de 185. Conflictos salariales y problemas edilicios, sumados a feriados, vacaciones y jornadas institucionales reducirán aún más esta cifra. Aunque más días de clases no garantizan mayor aprendizaje, sí amplían oportunidades y dan mayor contención a los alumnos más vulnerables en las escuelas.
Otro dato importante es que el sistema sigue careciendo de información suficiente para tomar decisiones. A más de diez años de su creación, el Sistema Integral de Información Digital Educativa (SiniDE) no tiene aún total cobertura nacional. La falta de coordinación entre Nación y provincias, cambios constantes en las políticas nacionales y resistencias de jurisdicciones retrasan la aplicación de una herramienta clave para la gestión educativa y la planificación pedagógica.
La carencia de estrategia lleva a improvisar continuos “parches” al sistema que a menudo empeoran la situación, como en la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe, que decidieron terminar con la repitencia, luego revertida. No se trata de volver a sistemas arcaicos, pero sí tomar conciencia de que los problemas de sobreedad y deserción no se resuelven con facilismo en la promoción, sino con reformas profundas y consensuadas de contenidos, métodos y formatos basados en información actualizada, escucha a toda la comunidad educativa sobre los problemas y la evaluación de aciertos y errores de las experiencias en otras jurisdicciones y países.
Así, mientras se declama la importancia de la educación y preparar a los argentinos para una “sociedad de la información” el 40% de los chicos de sexto grado no tiene competencias básicas de lectura, escritura y cálculo; sólo el 16% de quienes salen el secundario tienen los saberes esperados en matemática y lengua; y apenas el 20% de quienes comienzan una carrera universitaria se recibe a tiempo, por mencionar un dato en cada nivel. Se habla de Tecnologías de Información y la Comunicación en el aprendizaje, pero el 50% de las escuelas no tiene Internet.
Un abismo entre la declaración de intenciones y una educación que en la práctica sigue relegada, tanto en la toma de decisiones políticas como en el debate electoral.
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