El Gobierno sumó el ataque al Club Andino de El Bolsón a la denuncia por terrorismo

La gobernadora Arabela Carreras confirmó que se incorpora el último hecho violento a la causa federal presentada la semana pasada en Bariloche.





La gobernadora Arabela Carreras confirmó ayer desde El Bolsón, que el nuevo ataque incendiario que destruyó la sede del Club Andino Piltriquitrón, fue incluido en la denuncia presentada la semana pasada ante la Justicia Federal para que se investiguen varios sucesos como parte de una organización terrorista.

De este modo se suma a la denuncia original, a la que la jueza subrogante Silvina Domínguez dio curso, para investigar quiénes están detrás de los ataques incendiarios y violentos en la oficina de turismo de El Bolsón y el campamento de vialidad rionegrina en el camino al cerro catedral, en Bariloche, ambos ocurridos el 3 de octubre pasado.

Ninguno de los hechos incluidos en esta denuncia penal ocurrieron en territorio federal pero el Gobierno de Río Negro entendió que existen elementos para abordar estos episodios como un delito federal vinculado a una organización que busca imponer sus ideas por la fuerza.

«Hemos incluido este hecho y la descripción de estos hechos en la denuncia que incluye otros hechos en la provincia de Río Negro que tiene características que nosotros denominamos como terrorismo, que tiene una tipificación en el Código Penal que nos rige», dijo en tono pausado la gobernadora en una conferencia que ayer por la tarde ofreció desde El Bolsón junto al intendente Bruno Pogliano.

El reciente hecho que tuvo por objetivo al Club Andino Piltriquitrón, no fue reivindicado por ningún grupo. En el lugar apareció un cartel con letras recortadas que señalaban a Carreras, Pogliano y los empresarios extranjeros Benetton y Joe Lewis, a quienes les advertían: «El agua y la tierra no se negocia, se defiende»

 Para la investigación de esta causa compleja, la fiscal Sylvia Little, fue ratificada en el cargo y recibirá el apoyo de un equipo de abordaje dispuesto por el procurador general Eduardo Casal.

Según la denuncia original de la provincia, se advierte en estos hechos violentos que existe una organización que busca “promover una lucha insurreccional contra el Estado Argentino y su Constitución Nacional, por considerarlo ilegítimo, procurando imponer mediante la violencia y el terror sus opiniones y apartándose del acuerdo constitucional que vincula a la sociedad en su conjunto”.


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