El caso de tirador Jofré: nuevas revelaciones, con Quintriqueo como eje
En las últimas semanas, la investigación registró una gran actividad que se mantuvo en reserva. La segunda quincena del mes saldrán a la luz detalles hasta ahora desconocidos, que adelantamos en esta nota.
Los graves incidentes ocurrieron el 29 de julio pasado. (Archivo/Patricio Rodríguez)
Son cada vez más explícitas las diferencias en la estrategia de la fiscalía que investiga al sindicalista Pedro Luis Jofré Luján, por tentativa de homicidio, y la querella que representa a Elena Cabeza, la empleada de la municipalidad de San Martín de los Andes alcanzada por una de las balas que disparó el afiliado a ATE Neuquén durante un enfrentamiento en pleno centro de esa ciudad. En los últimas días hubo muchas novedades que se mantuvieron lejos del conocimiento público, pero a partir de esta semana ya no será posible mantenerlas en reserva.
El martes 15 habrá una audiencia de control de la investigación ante el juez de San Martín de los Andes Maximiliano Bagnat, quien tiene a su cargo las tres causas abiertas por los incidentes del 29 de julio pasado: la del tiroteo, la de lesiones, y la de daños.
Esa audiencia la pidió Federico Egea, abogado querellante que representa a Elena Cabeza. Es para solicitar que les secuestren los teléfonos celulares al secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, a su hermana Azucena Quintriqueo y a uno de sus estrecho colaboradores, Arnaldo Gallardo, entre otras personas.
La finalidad es determinar las comunicaciones que mantuvieron antes del día del hecho, -para investigar la planificación de los incidentes-, durante y después, para detectar complicidades en la fuga de Pedro Jofré de San Martín de los Andes.
17 llamadas
El fiscal jefe de Homicidios, Agustín García, tiene un informe en su poder según el cual el día del tiroteo, Gallardo se comunicó 17 veces con Carlos Quintriqueo. En cambio el teléfono de Jofré desapareció y no registra movimientos.
La sospecha es que Gallardo estaba junto al tirador mientras escapaban de San Martín a Junín de los Andes en un vehículo, posiblemente una Toyota Hilux, y luego en otro automóvil hacia Neuquén capital, donde el acusado se entregó.
A García le molestó que Egea anunciara por los medios de prensa, allá por agosto, que iba a pedir el secuestro de los celulares, y todavía no le hizo lugar a la medida. Por eso el abogado querellante hará la solicitud ante un juez de Garantías.
«Aunque sabemos que es tardía, las comunicaciones quedan registradas y se puede rescatar información valiosa», razonó Egea. El abogado también participa, pero como defensor, en un spin off de esta investigación desguazada: asiste a los 8 municipales acusados de lesionar a tres militantes de ATE Provincia el día que Jofré anduvo a los tiros.
Quintriqueo y el antecedente Aguada San Roque
Otro tema que divide aguas es la situación de Carlos Quintriqueo. La querella quiere tratarlo como imputado, pero la fiscalía ya le tomó declaración como testigo, algo que no se sabía hasta este momento.
«Fue a los pocos días de que saliera el fallo Potas de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia», dijo Egea a este diario. «Ahora no se lo va a poder imputar», agregó.
Gabriel Potas es un funcionario de Educación que fue interrogado como testigo por la fiscalía en el caso de la explosión de la escuela de Aguada San Roque, en la que murieron una docente y dos operarios. Luego la fiscalía le formuló cargos como imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo.
La sala penal del TSJ, integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari, anuló esa acusación con un fallo muy singular: dedica una extensa explicación a justificar por qué declara admisible el recurso de la defensa en una etapa que no causa agravio, y al final reprocha con severidad a la fiscalía por su conducta de haber usado las declaraciones de un testigo en su contra para imputarlo, algo que en realidad no sucedió al menos de la manera que lo narran los vocales. Suena a sobreactuación y a mensaje disciplinador.
A Potas se lo vincula con un familiar del gobernador Omar Gutiérrez. Su defensor es Juan Coto, el mismo que asiste a Jofré y, ya que hablamos de familia, a la hermana de Quintriqueo.
La hermana de Quintriqueo
En efecto, Azucena Quintriqueo, o Mimi como la conocen, secretaria general de la seccional Junín, nombró a Coto como su defensor porque en los próximos días será acusada de encubrimiento calificado por el fiscal García.
Como informó Río Negro, la hermana de Carlos entregó en la comisaría de Junín uno de los vehículos que utilizó Jofré para escapar de San Martín de los Andes después del tiroteo. Dijo que desconocía a las personas que se la dejaron a su cuidado.
Gallardo también será imputado por el mismo delito. La camioneta Toyota Hilux dominio AC504PM está a nombre del gremio ATE y él era el encargado de conducirla. Semanas atrás se presentó a pedir que se la restituyan.
El delito de encubrimiento tiene varias formas de comisión, pero también tiene su letra chica: quedan exentos de responsabilidad penal quienes ayudan a parientes o amigos íntimos. Habrá que ver cómo hace la fiscalía para neutralizar esa prohibición.
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