Investigan si los colchones eran inflamables
Actualizado a las 20:04
LA PLATA (DyN) – La Suprema Corte de Justicia bonaerense insistió hoy con su reclamo al gobernador Felipe Solá para que informe si los colchones del penal de la Unidad 28 de Magdalena, donde días atrás hubo un incendio en el que murieron 33 presos, estaban confeccionados con material ignífugo.
El alto tribunal pidió al Ejecutivo que en tres días le informe sobre el material de los colchones, y no sólo de ese penal sino de las otras unidades carcelarias dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), comisarías y otros lugares de detención.
También le pidió que precise si había otros elementos combustibles en el pabellón 16 donde se desató la tragedia. El requerimiento ya había sido formulado por la Corte al gobierno bonaerense en un pedido de informes del 17 de octubre. El tribunal consideró que en el primer informe «no resultan con claridad datos vinculados a la petición atinente a la constatación de existencia al tiempo de los hechos, en la Unidad Penitenciaria de elementos fácilmente combustibles (colchones…etc.)».
Por eso ahora pidió a Solá que precise «si los colchones que los detenidos utilizan» en la cárcel de Magdalena «están confeccionados con material ignífugo y la fecha en que fueron provistos». «En caso de que no reunieran tal calidad, si se ha dispuesto el reemplazo de los actualmente existentes por otros que reúnan tales características y en qué estado se encuentra el proceso de adquisición», agregaron los jueces.
Y preguntaron «si estas circunstancias pudieran prima facie reiterarse en la totalidad de los establecimientos de detención de la Provincia -cárceles, comisarías e institutos de detención de menores». Para contestar ese tema dieron 15 días. La acordada de la Corte fue firmada por Héctor Negri, Francisco Roncoroni; Daniel Soria, Juan Carlos Hitters, Luis Genoud, Hilda Kogan, Julio Pettigiani y Eduardo De Lázzari.
La Justicia platense investiga el origen del incendio en el penal cuando guardias penitenciarios intentaron reprimir a un grupo de presos que se estaban peleando y uno de los detenidos arrojó un pedazo de colchón encendido que cayó sobre otros. Así, 33 presos murieron al inhalar el humo. Los presos denunciaron que los guardias no los ayudaron a salir del pabellón, cerraron con candado una de las puertas y que las mangueras no tenían presión de agua.
El último lunes la Comisión Provincial por la Memoria se reunió con la Corte por los colchones. El abogado de la Comisión Roberto Cipriano García dijo a DyN que la compra de colchones de material ignífugo «representa una inversión de unos 4 millones de pesos, que no significa mucho para el presupuesto provincial». «Así se podrían salvar muchas vidas porque se trata de un material que retarda la propagación del fuego y los colchones como los de Magdalena emanan un derivado de cianuro y provocan la muerte casi inmediata. El costo del cambio sería ínfimo», afirmó.
Miembros de la Comisión se reunieron en el penal de Florencio Varela con presos sobrevivientes del pabellón 16. Según contó, los presos aseguraron que «en general el servicio penitenciario no participó en el rescate» y que tras retirarlos del pabellón cerraron la puerta principal con candado «desde afuera», contra la versión dada por los agentes.
«Los que los sacaron los tiraron en el patio y allá ellos ven que el encargado cierra la puerta. Escuchan que los otros muchachos golpean pidiendo que abran y uno dice: 'No, no quédense tranquilos que les vamos a abrir por atrás», recordó. Ante el contrapunto, García sostuvo que a los reclusos que sobrevivieron los separaron inmediatamente y los llevaron a cuatro cárceles pese a lo cual coinciden en sus relatos.
