Juicios por jurados: un fiscal prepara la impugnación a la inconstitucionalidad
El viernes un fallo en Bariloche declaró la inconstitucionalidad de la suspensión de esta modalidad de juicios, que se aprobó por ley. Otro juez deberá analizar el recurso.
El fiscal Martín Govetto dijo que no hay dudas sobre los hechos. Foto: archivo
El fiscal Martín Govetto presentará en las próximas horas el recurso de impugnación contra la resolución del juez de Bariloche Héctor Leguizamón Pondal, que declaró el viernes la inconstitucionalidad de la ley sancionada a finales de junio pasado, que suspendió por 6 meses los juicios por jurados por la pandemia, causada por el nuevo coronavirus.
Govetto elaboró el recurso, con el apoyo pleno del procurador Jorge Crespo. Fuentes del Ministerio Público adelantaron que hay jurisprudencia sobre el tema y mencionaron el fallo de la Corte en el caso “Canales”.
El recurso lo revisará otro magistrado en los próximos días. Ese juez resolverá si lo admite y revoca la decisión de Leguizamón Pondal o si desestima el planteo del fiscal y confirma el fallo impugnado. Si el recurso es rechazado, Govetto tendrá que recurrir al Tribunal de Impugnación. La misma instancia tendrá habilitada la defensa.
Leguizamón Pondal declaró el viernes -en una audiencia- la inconstitucionalidad de la ley al desestimar el planteo de Govetto, que solicitaba que un imputado por abuso sexual agravado sea juzgado por un tribunal integrado por jueces profesionales, en lugar de un jurado popular.
El fiscal había pedido en diciembre pasado, cuando se hizo la audiencia de control de acusación, someter al acusado a un juicio por jurado porque su intención era lograr una condena superior a los 12 años de prisión.
El Código Procesal Penal de Río Negro prevé el juicio por jurados para los delitos considerados graves, con una pena mayor a los 12 años de cárcel. Pero a finales del año pasado no había pandemia ni cuarentena obligatoria, ni medidas de prevención sanitaria para evitar contagios de la COVID-19.
Justamente, la amplia mayoría de los legisladores provinciales invocaron ese argumento cuando votaron a finales de junio pasado la ley que suspendió por 6 meses los juicios por jurados en la provincia, ante la imposibilidad de poder hacerlos por la pandemia.
El defensor particular Manuel Mansilla, que asiste al acusado, se opuso en la audiencia de la semana pasada y solicitó a Leguizamón Pondal ratificar lo que se había resuelto en la etapa anterior del proceso.
Govetto propuso bajar la expectativa de pena a menos de 12 años, lo que beneficiaba al acusado, para de esa forma evitar el juicio por jurados. Pero la defensa rechazó la idea. Y el acusado dijo que quería ser juzgado por un jurado popular.
Leguizamón Pondal resolvió entonces declarar la inconstitucionalidad de la ley. La decisión se dictó en Bariloche, pero impactó en Viedma. Es que la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Liliana Piccinini impulsó el proyecto de ley para suspender provisoriamente los juicios por jurados, en acuerdo con el Procurador.
Leguizamón Pondal es el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro y ha estado históricamente parado en una vereda opuesta a la de Piccinini, recordaron fuentes judiciales.
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