Acusado de homicidio en Bariloche pidió perdón, pero igual quedó expuesto a una severa condena

Los fiscales que investigan el homicidio del comerciante, Elías Miguel, ocurrido en Bariloche el último domingo formularon cargos hoy contra uno de los presuntos autores del asalto que terminó de la peor manera, mientras que el segundo sujeto detenido por el hecho fue relevado por ahora de enfrentar la acusación formal porque arrastra las secuelas de una herida de bala en el ojo, hasta ayer permaneció internado en el hospital zonal y todavía no fue evaluado por un médico forense.

Este último imputado, Franco Alí González, tenía un pedido de captura de Chubut, donde se profugó en febrero pasado cuando cumplía pena por un robo con armas. Su abogado defensor, Ezequiel Palavecino, pidió y obtuvo la suspensión de la formulación de cargos luego de sugerir que hubo presiones externas.

El caso tomó trascendencia y el gobernador Alberto Weretilneck en los últimos días se refirió en el violento episodio que causó impacto en Bariloche. El mandatario compartió imágenes de las detenciones y prometió que el crimen de Miguel “no va a quedar impune”. Ayer emitió otro comunicado en el que volvió a asegurar que “los responsables van a pagar”.

Al menos seis personas habrían participado del asalto, según los datos surgidos hasta ahora de la investigación y que fueron expuestos en la audiencia por el fiscal a cargo Facundo D´Apice. Cuatro de ellos ingresaron a las 20.47 del domingo en la vivienda de Miguel luego de “destruir” la puerta con un ariete de confección casera que llevaron para ese fin, mientras otros dos los esperaban a bordo de sendos vehículos listos para escapar.

Uno de los asaltantes portaba un arma calibre 9 mm. Al entrar los ladrones se encontraron primero con la mujer del comerciante y le preguntaron “¿dónde está el viejo?”, con conocimiento del escenario y la aparente finalidad de robar el dinero que guardaba en su domicilio, como supuesto resultado de su actividad comercial. Advertido por los golpes en la puerta, el hombre también esgrimió un arma de calibre 22 y se desató un tiroteo en el que consiguió herir a González, instantes antes de recibir un disparo fatal.

No está confirmado que Bonnefoi haya sido quien baleó a Miguel, pero esa sería la presunción de la fiscalía, que destacó el hallazgo posterior en su domicilio de un cargador 9mm que es compatible con el arma empleada.

Bonnefoi tiene 42 años y numerosos antecedentes penales. También purgaba desde 2024 una condena por otro robo agravado y estaba monitoreado con una pulsera electrónica, de modo que los registros satelitales fueron determinantes para definir su participación en el hecho y su detención posterior.

“Quiero pedir disculpas a la familia damnificada, cometí un error, lastimé gente” fue lo que dijo Bonnefoi. El abogado defensor, Marcos Miguel, hizo hincapié más de una vez en el “arrepentimiento” del imputado y anticipó su propósito de llegar a un acuerdo de juicio abreviado, algo que en principio estarían lejos de aceptar la fiscalía y la querella.

Un robo “coordinado y con división funcional de tareas”

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El fiscal D´Apice describió la conducta seguida por los asaltantes, que se pudo reconstruir con el registro de varias cámaras de seguridad, y dio por sentado que no se trató de un asalto “al voleo” sino que hubo una evidente “planificación”. Refirió que el grupo integrado por cuatro individuos ingresó por un lavadero ubicado sobre la calle Rivadavia, a la vuelta de la casa de Miguel, que tiene frente sobre Albarracín. Luego por “el pulmón de manzana” pasaron a otro terreno lindante y cortaron un alambrado para acceder a la propiedad de las víctimas, donde recorrieron un pasillo hasta la puerta que finalmente violentaron con un elemento contundente.

Tras el tiroteo huyeron por el mismo lugar, donde quedó un rastro de sangre, relacionado en apariencia con las heridas de Alí González. Según el fiscal, pasaron 40 minutos entre el ingreso del grupo y la huida posterior al crimen. Se fueron sin llevarse nada de valor, pero la imputación formal contra Bonnefoi fue por homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego.

González quedó detenido el mismo domingo antes de la medianoche cuando se presentó en la guardia del hospital con una herida de bala en el ojo derecho. Bonnefoi fue interceptado dos días después en la zona oeste de Bariloche, también en horas nocturnas, cuando circulaba en un Chevrolet Corsa.

En varios allanamientos fueron secuestrados alrededor de 50 elementos entre ropa, mochilas, un cargador, teléfonos celulares y otros objetos que todavía deben ser peritados. El fiscal jefe Martín Lozada fundamentó el pedido de prisión preventiva, que fundó en la peligrosidad del imputado, el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y la gravedad del hecho investigado, que a priori podría depararle una condena de entre 13 y 33 años de prisión.

Dijo que “se trató de un atraco minuciosamente estudiado” y subrayó también que el “consorcio” delictivo que formaron los seis participantes -cuatro de ellos no identificados aun- hace suponer que “podrían tomar contacto” para concertar una fuga o burlar a la Justicia, si Bonnefoi accede a una medida cautelar atenuada.

El juez de garantías Juan Pablo Laurence validó la formulación de cargos por el homicidio y también la prisión preventiva por un plazo de cuatro meses.

El imputado herido quedó eximido por ahora de la formulación

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En el comienzo de la audiencia, además de Bonnefoi, estuvo sentado en el espacio destinado a los imputados Franco Alí González, recién externado del hospital y con un parche en la cara producto de la cirugía oftalmológica que debieron practicarle por la herida que le causó Miguel durante el asalto.

Su abogado, Ezequiel Palavecino, pidió la suspensión de la formulación de cargos para González luego de señalar que había “un entorpecimiento del derecho de defensa” que podía ser motivo de futuros pedidos de nulidad. Refirió que la policía le puso numerosas trabas para visitarlo en el hospital y para entrevistarse a solas con su defendido. Y dijo también que no existe certificado médico fehaciente del Cuerpo de Investigación Forense que lo considere apto para ser sometido a proceso.

Palavecino se trabó en un tenso intercambio de acusaciones con el fiscal Lozada y se quejó de “filtración” de fotos y videos de las actuaciones relacionadas con el homicidio, a las que solo tuvieron acceso el ministerio público fiscal y la policía de Río Negro. Adelantó que podría impugnar el uso de esas imágenes durante un futuro juicio.

El abogado defensor dijo que González en esas condiciones no podía enfrentar una formulación de cargos. “Existe un apuro que desvirtúa” el proceso, advirtió Palavecino.

El querellante Martín Govetto también cuestionó la difusión de imágenes de de la casa de Miguel. Dijo que se trata de “información sensible” y que si bien no sería motivo de nulidad, hay “una revictimización de la familia”.

El juez Laurence buscó bajar los decibeles de la pulseada entre los fiscales y la defensa de González, pidió privilegiar “la buena fe” de las partes y accedió a suspender en su caso la formulación de cargos hasta contar con una certificación del cuerpo médico forense, para lo cual otorgó un plazo de 48 horas. Subrayó que solo los profesionales con esa especialidad pueden comprobar si el imputado está en condiciones de afrontar el proceso, y no basta con las informes brindados por médicos del hospital.