Acusado de homicidio en El Bolsón pidió un cambio de domicilio “para trabajar”, pero se lo negaron
El imputado cumple prisión preventiva en El Bolsón, está acusado del crimen de Julián Salvo y pidió cumplir la "domiciliaria" en su casa, donde tiene herramientas para trabajar. Pero se lo negaron porque hay testigos que viven al lado.
La Justicia rechazó el pedido de la defensa de Richard Salazar para que espere el juicio por homicidio que lo tiene como imputado directo en su propia casa, ubicada en El Bolsón, en razón de que hay testigos del hecho que viven en el domicilio contiguo, según se encargó de subrayar la fiscalía.
Salazar pretendía cumplir la prisión preventiva con monitoreo electrónico en su vivienda particular porque allí podría cuidar a su hijo y porque tiene “herramientas para trabajar” y necesita asegurarse un ingreso económico. Así lo explicó esta mañana en la audiencia que presidió el juez de Garantías Víctor Gangarrosa.
El imputado está detenido desde octubre de 2025, cuando atacó y mató a puñaladas a Julián Salvo en la vía pública, luego de un altercado originado en una supuesta transacción de drogas. El mes pasado obtuvo la prisión domiciliaria con monitoreo, que cumple en la casa de una mujer conocida de su familia, en otro barrio de El Bolsón.
Pero hoy la defensa pidió la mudanza a su propia casa, ya que allí contaría con los medios para hacer trabajos de carpintería, y porque podría también ocuparse del cuidado del niño, que hoy está a cargo de su abuela, quien también tiene obligaciones laborales.
La defensora dijo para defender su solicitud que hoy la prisión preventiva de Salazar en otra vivienda, alejada, “es difícil de sostener para la familia”. Señaló que su defendido tiene claras las restricciones que enfrenta y la “prohibición de acercamiento” que le impusieron respecto de los testigos. “Me gustaría poder trabajar, ayudar a mi hijo y a mi familia -dijo el propio Salazar cuando le dieron la palabra-. Estoy en pausa, sin ingresos. Es muy feo pasar esta situación”.
Aseguró que no tenía intenciones de entorpecer la investigación, demorada todavía por medidas pendientes, y dijo también que cuenta con cámara en su casa y ofrecía las claves para que la Justicia o el servicio penitenciario la aprovechen para el control.
Oposición tajante de la fiscalía
El fiscal, José Luis Torchia, sostuvo que la pretensión de alojar a Salazar en un sitio “pegado” al domicilio de los testigos resulta “inviable”. Señaló que los riesgos procesales evaluados cuando se le concedió la prisión preventiva en la casa de un tercero “no disminuyen con el mero traspaso del tiempo” y no alcanza tampoco con “el buen comportamiento” para acceder a lo pretendido por Salazar. Señaló que si lo reubican podría “interceder o influenciar en el ánimo de testigos”.
La defensora hizo un último intento, dijo que la influencia o presión sobre testigos era “una mera hipótesis” de la fiscalía y que Salazar “tiene claro que no puede salir del domicilio y tiene prohibición de acercamiento”. Pero su alegato no alcanzó.
El juez Gangarrosa dijo que estaba ante una solicitud “controvertida”, se apoyó en la investigación todavía inconclusa y dio por demostrado que la distancia “muy cercana” entre la casa de Salazar y la de los testigos era un factor determinante. “La posibilidad de influir resulta patente” dijo el juez, aceptó las razones de la fiscalía y señaló que no encontraba motivos para validar el cambio de domicilio para el cumplimiento de la prisión preventiva.
El de hoy fue un tercer revés de la defensa de Salazar en el marco del proceso. Hace tres meses el juez César Lanfranchi ya le había rechazado un pedido de pericia psiquiátrica abonada por la propia Justicia, con el propósito de demostrar que el imputado al momento de matar actuó bajo un “stress agudo”. Antes ya había fracasado en el intento de lograr un cambio de calificación y que el hecho sea investigado como un homicidio “en legítima defensa”.
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