Acusado de homicidio seguirá con prisión domiciliaria, a pesar de una denuncia sobre consumo de alcohol y drogas
También le atribuyeron hechos de violencia con una menor. La querella y la fiscalía pidieron la revocatoria del beneficio para Richard Salazar, pero el juez no le hizo lugar. Dijo que no había "prueba objetiva".
La querella y la fiscalía que intervienen en el proceso contra Richard Salazar, acusado de un homicidio cometido en El Bolsón, reclamaron que se le revoque la prisión domiciliaria porque existen testimonios que lo señalan como responsable de maltratar a una menor y de consumir alcohol y otras “sustancias” con su actual pareja, pero el juez de Garantías César Lanfranchi consideró que esos hechos no están acreditados y descartó enviarlo a un establecimiento penal.
El abogado defensor, Hugo Cancino, pidió que se mantenga el beneficio de prisión domiciliaria para Salazar, dijo que no hubo incumplimiento del monitoreo electrónico ni violación de los riesgos procesales, mientras que las acusaciones sobre distintas actitudes violentas u otros presuntos delitos “no fueron constatados”.
Salazar es investigado como presunto autor del homicidio de Julián Salvo, a quien habría apuñalado luego de una persecución callejera, que se originó cuando la víctima y un amigo se presentaron en su casa con la intención de comprar droga. El imputado está detenido desde hace casi un año, pero en agosto accedió a la prisión domiciliaria. Su abogado esgrime la teoría de que el crimen se produjo en medio de una disputa y pidió una calificación más atenuada, de homicidio en legítima defensa “privilegiada”, por ahora sin éxito.
La audiencia de hoy fue pedida por el querellante, Leandro Cortés, quien señaló que existían “nuevos hechos” que cambiaban el escenario. Refirió que en la vivienda donde Salazar cumple prisión domiciliaria y convive con su actual pareja y dos hijas de ella se sucedieron hechos de violencia y otras inconductas del imputado que eran motivo suficiente para redefinir su situación.
Dijo que existe una denuncia del padre de las menores según la cual el presunto homicida ”había tomado de los pelos” a una de las niñas, de siete años, para sacarl a de la habitación, y que por relato un episodio en el cual Salazar y la mujer dueña de casa se encontraban en estado de ebriedad y “consumo de sustancias” y se agredieron entre ellos.
Recordó que la querella se opuso a la prisión domiciliaria “desde el primer día”. Dijo que las conductas “peligrosas” atribuidas al imputado tornan inviable la continuidad de ese beneficio y reclamó “que se lo devuelva al penal”. Cortés dijo que ante las denuncias intervinieron el juzgado de paz de El Bolsón, la Justicia de Familia y la Defensoría de Menores, y también que las niñas ya no viven en el lugar.
El juez consideró que no había prueba “objetiva”
El fiscal Francisco Arrien dijo que hay entrevistas del Senaf con las menores que “corroboran la situación de violencia y consumos de alcohol y drogas en la casa”. Pidió también que Salazar “sea retirado inmediatamente para preservar la integridad de las niñas”.
Pero el defensor Cancino dijo que el “núcleo fáctico” de las transgresiones que habría cometido Salazar “no provienen de una percepción directa del denunciante”, sino de lo que escuchó. Agregó que además “no hay constatación médica, ni secuestro de sustancias, ni pericia toxicológica” que aporten pruebas objetivas sobre esas faltas.
Puesto a resolver, el juez Lanfranchi reconoció que además de cumplir las pautas establecidas para la prisión preventiva domiciliaria (como la de permanecer en el lugar por ningún motivo y no quitarse la tobillera) el imputado tampoco tiene permitido consumir alcohol o estupefacientes. Pero entendió que “no existen elementos objetivados para revocar la prisión domiciliaria”.
Recordó que él mismo en una instancia anterior había rechazado la concesión de ese beneficio, pero el juez revisor Martín Arroyo atendió una impugnación y se la otorgó, con motivos que conservan vigencia.
Lanfranchi subrayó que en la conducta de Salazar “no han habido nuevos eventos respecto de los riesgos procesales” y tampoco actos de “entorpecimiento” de la investigación. Sobre la situación de las menores dijo que “ya intervino el fuero de Familia”, se tomaron medidas preventivas y fueron retiradas del lugar.
Pero el juez admitió que existió “una evidente falencia de control estatal”. Resolvió que el acusado continúe privado de libertad, con monitoreo, y en el mismo domicilio, pero encomendó al Servicio Penitenciario Provincial que realice “controles aleatorios” para comprobar que Salazar no incurra en consumos prohibidos.
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