Así se dibuja el mapa del microtráfico en Neuquén: «Cada tres o cuatro cuadras hay una denuncia»
La fiscal Mariana Querejeta destacó el aporte de las denuncias anónimas en la persecución del microtráfico en Neuquén. También señaló la caída de delitos conexos, 197 condenas y 100 armas secuestradas.
La Unidad Fiscal de Narcocriminalidad analiza las denuncias anónimas para establecer prioridades y avanzar sobre los puntos de venta.
Las denuncias anónimas de los vecinos permiten construir un mapa territorial de los puntos de venta de drogas en Neuquén y se convirtieron en uno de los principales insumos de la estrategia provincial contra el microtráfico. Para Mariana Querejeta, asistente letrada de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, la participación comunitaria resulta central para intervenir sobre una problemática que, además de los expedientes judiciales, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los barrios.
“Sin la participación de la comunidad, el compromiso de la comunidad, es imposible”, afirmó Querejeta al analizar el trabajo desarrollado desde la desfederalización del microtráfico. Según explicó, la información de quienes viven en los barrios permite detectar situaciones que difícilmente podrían ser advertidas únicamente a partir de las tareas de los organismos de investigación.
La Unidad Fiscal de Narcocriminalidad fue creada a fines de febrero de 2025 y concentra el trabajo especializado en la ciudad de Neuquén y la región Confluencia. En el resto de la provincia, la persecución está a cargo de fiscales jefes, asistentes letrados y equipos especializados.
La decisión de que la Provincia asumiera la persecución del último eslabón de la cadena del narcotráfico fue impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y, de acuerdo con Querejeta, permitió fortalecer la coordinación entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal, la Policía del Neuquén, la Justicia, los municipios y la ciudadanía.
Del expediente al impacto en los barrios
Para la asistente letrada, uno de los cambios centrales fue modificar la manera de medir los resultados. Explicó que, a partir de una decisión del fiscal general José Gerez, la unidad dejó de concentrarse exclusivamente en indicadores tradicionales como la cantidad de droga secuestrada o de personas detenidas.
“Lo cierto es que nosotros tratamos, y fue una decisión del fiscal general, José Gerez, corrernos de las métricas tradicionales de medir el éxito según cuántas sustancias incauten en la calle o cuántas personas se apresan”, explicó.
Según detalló, esos números no permiten establecer qué proporción representa lo incautado respecto del total de droga que circula ni dimensionar cuántas personas participan de la actividad delictiva. Por eso, comenzaron a observar otros indicadores y, particularmente, la evolución de los delitos conexos.
“Las métricas que nosotros tomamos para poder decir que estamos yendo por un buen camino son cómo está impactando el inicio de la persecución en materia de microtráfico en delitos conexos”, afirmó.
En su análisis, durante 2025 se produjo un quiebre en el crecimiento del ingreso de determinados casos al Ministerio Público Fiscal. Entre los delitos que comenzaron a descender mencionó robos, hurtos, daños, lesiones y amenazas, además de situaciones de violencia vinculadas con bandas y utilización de armas.
“Por primera vez, históricamente, los delitos que normalmente están conectados con este flagelo han empezado a descender”, sostuvo. De todos modos, aclaró que la evolución puede responder a múltiples factores y no exclusivamente a la persecución del microtráfico.
Cien armas secuestradas en allanamientos
Otro de los resultados que Querejeta destacó fue el secuestro de armas durante los procedimientos realizados por causas de microtráfico.
“En este año y un poco más de siete meses que llevamos implementando esta política, ya hemos sacado solamente en allanamientos por microtráfico 100 armas, de la mayoría de alto calibre, de las calles”, señaló.
Para la funcionaria, ese dato permite observar una parte de la relación entre la comercialización de drogas y la violencia en los barrios. El secuestro de esas armas forma parte, en ese sentido, de una estrategia que apunta no solamente a retirar sustancias del circuito ilegal sino también a intervenir sobre otros elementos vinculados con los conflictos territoriales.
Hasta el momento, la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad también registra 197 condenas y el secuestro de bienes relacionados con esta actividad.
En relación con esos recursos, Querejeta destacó el destino que pueden tener una vez recuperados por el Estado. “Estamos pudiendo lograr que esos bienes que fueron mal logrados, afectando a la sociedad, puedan utilizarse para seguir investigando, para fortalecer los planes de salud”, explicó.
Las denuncias permiten construir un mapa
El otro eje de la estrategia está vinculado con la información que aportan quienes viven en los sectores donde se desarrolla la actividad. Querejeta describió la dimensión territorial que surge del análisis de las denuncias anónimas.
“Cuando uno ve el mapa de las denuncias anónimas que hacen los ciudadanos uno ve la ciudad de Neuquén, como ejemplo, pasa en varios lugares de la provincia, cada tres, cuatro cuadras hay reportado un punto de venta”, relató.
La magnitud de ese mapa obliga, según explicó, a establecer prioridades. “No podemos hacer todo junto a la vez”, reconoció.
Por esa razón, pidió paciencia a las personas que realizan una denuncia y esperan una respuesta inmediata. “Sé que es difícil, pero nosotros leemos, escuchamos, nos nutrimos de la información que nos mandan”, aseguró.
La estrategia toma en cuenta distintos factores para establecer qué investigaciones avanzar primero. Entre ellos se encuentran la presencia de violencia, la utilización de armas, las amenazas y la comercialización de sustancias que, según el análisis de la unidad, generan mayores daños. En particular, Querejeta señaló su preocupación por la cocaína y su vinculación con los problemas de adicción.
Una mirada puesta en el territorio
Querejeta tiene una trayectoria extensa en la persecución del narcotráfico. Trabajó durante 18 años en el fuero Federal y lleva dos décadas vinculada con esta materia. Desde esa experiencia, considera que la desfederalización permitió modificar el enfoque sobre el fenómeno.
“Creo que es el camino por el que se tiene que transitar”, sostuvo.
Según explicó, el fuero federal tiene entre sus objetivos la persecución de organizaciones criminales de gran envergadura, mientras que la Provincia puede concentrarse en el impacto concreto que genera el microtráfico en el territorio.
“Antes no se ponía el foco en el daño territorial que genera este tipo de delictividad”, señaló. Y agregó que, en algunos casos, “no se priorizaba o no se le daba relevancia al vendedor en el barrio, que generaba violencia, disturbios, se adueñaba de una zona”.
Para la asistente letrada, la respuesta no se agota en las detenciones, los allanamientos o las condenas. El resultado también se mide por la recuperación de espacios y por la posibilidad de que quienes viven en esos sectores vuelvan a sentirse seguros en su propia cuadra.
Querejeta destacó, además, el cambio que percibe entre los vecinos cuando una investigación permite desarticular un punto de venta. Para ella, esa reacción social es una señal concreta de que la persecución penal logra intervenir sobre una problemática que forma parte de la vida cotidiana de los barrios.
El próximo desafío: seguir la ruta de la droga
La estrategia también requiere una mayor articulación entre organismos. Querejeta destacó el diálogo con el Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial, la Legislatura, los municipios y la Policía del Neuquén, especialmente con el área de Antinarcóticos.
Como próximo desafío, planteó profundizar el intercambio con el fuero federal para desarrollar investigaciones conjuntas que permitan seguir la ruta de la droga y llegar a quienes abastecen los puntos de venta territoriales.
El objetivo, sostuvo, es combinar la persecución del comercio minorista con investigaciones que permitan avanzar sobre los eslabones que abastecen esos lugares y ampliar la coordinación institucional.
En ese marco, la desfederalización aparece para Querejeta como una política que busca medir sus resultados en el territorio y no solamente en las estadísticas judiciales. El desafío, según su mirada, es sostener la participación de la comunidad, mejorar la coordinación entre organismos y lograr que la intervención sobre los puntos de venta tenga un impacto concreto sobre la violencia.
“Yo creo que este es el camino para poder bajar la violencia fuertemente”, concluyó.
Las denuncias anónimas de los vecinos permiten construir un mapa territorial de los puntos de venta de drogas en Neuquén y se convirtieron en uno de los principales insumos de la estrategia provincial contra el microtráfico. Para Mariana Querejeta, asistente letrada de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, la participación comunitaria resulta central para intervenir sobre una problemática que, además de los expedientes judiciales, tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los barrios.
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