Avanza el reclamo para la restitución de la Torre de Periodistas de Neuquén, apropiada durante la dictadura

La justicia federal investiga la defraudación económica, ocurrida entre 1976 y 1979, cuando el Ejército se apropió ilegítimamente de la torre ubicada en avenida Argentina y Periodistas Neuquinos, de la ciudad de Neuquén. Recién el año pasado encuadró lo sucedido en el contexto de los delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Hoy las familias activaron el reclamo administrativo.

El 24 de marzo de 1976 vehículos militares arribaron a la «Torre de Periodistas I», donde funcionaba la sede de la Cooperativa de Viviendas de Periodistas, irrumpieron en el lugar, secuestraron documentación y desplazaron a sus autoridades. Impusieron como interventor al exintegrante del Ejército Argentino, Ulises Normando Baca Cau.

A partir de ese momento eliminaron de la lista de futuros adjudicatarios de la torre, que se encontraba en construcción desde 1972, a por lo menos 21 socios de la Cooperativa, que habían venido pagando ante el Banco Hipotecario Nacional las cuotas mensuales, apropiándose de ese dinero y frustrando la legítima expectativa de acceder a una vivienda.

Hay una segunda maniobra que involucró al banco, ya intervenido por autoridades militares, que valiéndose de un poder irrevocable concedido por la Cooperativa en 1972, procedió el 29 de septiembre de 1978 a vender o simular la venta de al menos de 21 departamentos a distintas fuerzas de seguridad.

Esta mañana el abogado que representa a las familias, Mariano Mansilla, presentó un recurso administrativo ante el gobernador Rolando Figueroa para que responda en un plazo de 60 días hábiles.

Lo que se le solicita, dijo Mansilla, es «la devolución de los departamentos porque el gobernador de facto en ese momento es el que ordena la ocupación del edificio, ordena la intervención de la Cooperativa y le pone los departamentos a disposición del Ejército, pero la ocupación la produce el Estado provincial, por más que sea un gobierno de facto».

Y agregó: «Después, en el juicio, es probable que la provincia cite como tercero al Estado nacional y diga «también hay responsabilidad del Ejército en esto», pero jurídicamente la responsabilidad de esta ocupación es del Estado provincial que en democracia debió subsanar esta situación y que lamentablemente no lo hizo».

Una vez agotada la vía administrativa, pueden presentar una demanda ante el fuero procesal administrativo.

Reparación

Actualmente en el edificio viven integrantes de la Cooperativa que lograron ser adjudicatarios en 1975.

«El año pasado se declaró de lesa humanidad (la defraudación) cuando el juez federal (Gustavo Villanueva) hizo lugar a la petición fiscal y convocó a indagatoria a Reinhold (Oscar) y a otro de los acusados para que declaren (muchos han muertos y otros están con problemas de salud), pero independientemente del avance de la causa penal esto genera la imprescriptibilidad del reclamo civil», afirmó Mansilla.

Mencionó que el Ejército ocupa los departamentos con personal de jerarquía que va rotando, «mientras que los periodistas que lo pagaron por qué sacaron un crédito hipotecario, que compraron el terreno, que se organizaron, nunca pudieron acceder a ellos».

Planteó que el reclamo es una reparación para las familias. «Todos recordamos a Osvaldo Arabarco, que era una de las víctimas que los domingos venía a mirar el lugar y decía «acá voy a vivir con mi familia». No lo vamos a poder ver entrar a Osvaldo Arabarco o a muchos de ellos porque han muerto, otros fueron asesinados por la dictadura, otros murieron en el exilio, o no volvieron», remarcó.