Causa Viento Sur: hubo sobreseimientos y no habrá juicio contra las organizaciones sociales

Abrazos y saludos contenidos en el interior de la sala judicial, fue la primera reacción de los acusados de defraudación cuando supieron la decisión de la jueza Natalia Pelosso de que no habrá juicio para ellos. La fiscalía permaneció inmutable y masticó la dureza de las palabras de la magistrada hasta que llegó el momento de responder unas preguntas en rueda de prensa y dijo: «la jueza creyó en la palabra de los defensores, pero no pudo ver la prueba».

El fiscal en jefe Pablo Vignaroli aseguró que Impugnará el fallo de Pelosso e irá al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para llevar a juicio a los ocho imputados: «la jueza adjetivó de más», se quejó y devolvió la gentileza al indicar que Pelosso permitió que se valorara la prueba «algo que está totalmente prohibido en esta etapa procesal».

Pelosso citó jurispruencia para los sobreseimientos a los ex ministros (acusados de coautores de fraude) y para rechazar planteos de la acusación, pero le dijo al público que hablaría con palabras llanas y entonces surgió con claridad que «hubo falencias en la pieza acusatoria» y que su rol como jueza de garantías fue evitar «requerimientos arbitrarios ya antojadizos». «La acusación hace agua, se resquebraja, no cuenta con el mínimo fundamento», describió y preguntó por qué se trajo a los ministros de Desarrollo Social si fue el ex gobernador Omar Gutiérrez, el que fue el que firmó el decreto 1762 que creó los planes de capacitación para las cooperativas.

«La fiscalía habló de desvíos y de conocimiento y voluntad» de los ex funcionarios de Desarrollo Social pero «no acreditó las circunstancias concretas, no cuenta con evidencia», por lo que la pieza acusatoria «no tiene sustento», determinó. Y les dictó el sobreseimiento a los funcionarios.

Cuestionó a todo el equipo fiscal de delitos económicos, incluído a Juan Manuel Narvaez, que actuó en la etapa inicial por hablar de co autoría y autoría, del presunto desvío de fondos sin poder establecer el plan común entre los imputados.

Dictó sobreseimientos para los seis acusados de defraudación sobre 10 millones que la fiscalía les endilgó haber cobrado, pero luego retiró la acusación y luego la jueza describió sobreseimientos parciales de transferencias y plazos fijos por fuera del periodo de investigación desde el 18 de agosto de 2022 al 9 de diciembre de 2023.

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Tendrán un año y medio de suspensión del juicio a prueba

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De los seis imputados de la cooperativa Viento Sur, cinco quedaron fuera del juicio porque aceptó la suspensión del juicio a prueba. Varias horas al mes de trabajo comunitario, dos cartones de leche para entidades de bien público durante un año y seis meses de rectitud ciudadana, fue el reproche que valoró como «medios menos lesivos» que la violencia de una condena.

«El Estado no puede introducir violencia cuando no la hay: el dinero se destinó a un fin distinto de las capacitaciones: en un 93 por ciento se destinó a sueldos de sus propios integrantes; nadie se enriqueció, ni cambió su estilo de vida » y siguen en «situación de vulnerabilidad«, valoró la magistrada. Consideró que el pedido de suspensión del juicio a prueba «fue razonable» y que la oposición de la Fiscalía de Estado y de la fiscalía a una salida alternativa era «irrazonable«, cuando esgrimió el interés público en penalizar un hecho de corrupción.

La jueza insistió en que había mecanismos internos aplicables «menos lesivos», e insistió que el dinero «no se fue a vehículos de alta gama, ni a mansiones en barrios privados, relojes caros, ni a contratos de servicios públicos, ni a la designación de familiares en cargos para los que no se tenia idoneidad». Aclaró que no estaba justificando el destino social de los fondos, sino a considerar la salida alternativa que proponían los acusados «que no pidieron la absolución, sino no seguir sometidos a proceso, con reglas que deben cumplir».

Separó al dirigente Diego Mauro del resto de los imputados y consideró que la administración que realizó de los fondos confiados para capacitación, deberán ser analizados en un juicio con un tribunal colegiado, por la compra de terrenos y vehículos.

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Los defensores insistieron en que hubo persecución política

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«La jueza le puso nombre a varias situaciones que veníamos planteando», dijo el defensor Federico Egea quien insistió en que no fueron «sueldos» los que se pagaron sino aportes para desocupados en capacitación que estaban previstos en el mismo articulado del decreto. «Nosotros decimos que no fue ilícito» el manejo de fondos que la fiscalía calificó de desvío.

Agregó que el fallo «transparenta un proceso largo que se viene utilizando mediáticamente por parte del poder político». Fernando Diez, también el equipo defensor indicó que la jueza «fue franca» en la explicación de su fallo porque «la fiscalía tiene una gran responsabilidad frente a la ciudadanía cuando trae a juicio, personas que no merecen estarlo, en semejante contexto, es para preguntarnos dónde se enfoca la persecución penal».

Por su parte Mariano Pedrero sostuvo que impugnarán la exclusión del dirigente Diego Mauro de la probation y dijo que fue escuchado «varios planteos que pudimos hacer».

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«Inadmisible» habilitar la autoincriminación, cuestionó la jueza

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Sobre la prueba presentada, Pelosso rechazó la presentación en juicio de la ex presidenta de la cooperativa Viento Sur como testigo para desentrañar el entramado de los manejos de la cooperativa. «Ella es imputada, no fue sobreseída, no es el mismo caso» que el que se presentó como el de los planes sociales, consideró.

Recordó que las personas están protegidas para no auto incriminarse ante los jueces y que si declaraba, sería la insólito tener que hacerlo con un defensor para resguadar sus garantías constitucionales. «Sería una situación esquizofrénica frente a un tribunal colegiado: decir la verdad bajo la advertencia ante cada pregunta para no autoincriminarse, absurdo», evaluó. Criticó el planteo de la fiscalía que «se creen tan omnipotentes con sus llamadas decisión de política criminal que perdieron de vista la situación de una testigo que no puede ni abrir la boca sin autoincriminarse», cuestionó.