Cinco condenas de hasta 11 años por crímenes de lesa humanidad en un centro clandestino de la Patagonia
Esta semana, el TOF de Comodoro Rivadavia condenó a cinco represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “Las Casitas”, que funcionó en la Patagonia durante el terrorismo de Estado.
El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia dictó cinco condenas de hasta 11 años de prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención «Las Casitas«, que funcionó en el Regimiento de Infantería 8 «General O’Higgins», en plena Patagonia, durante el terrorismo de Estado.
El fallo alcanzó a exmilitares, expolicías de la provincia de Santa Cruz y a un exprefecto de la Prefectura Naval, mientras que otros dos imputados fueron absueltos. El tribunal declaró formalmente que los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad y reconoció a los inmuebles involucrados como Sitios de la Memoria.
Condenas por delitos de lesa humanidad en la Patagonia
La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal integrado por las juezas y jueces Ana María D’Alessio, Enrique Baronetto y Alejandro Cabral, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal de cinco acusados por los crímenes cometidos contra 23 víctimas que estuvieron privadas ilegítimamente de su libertad y sometidas a tormentos.
En representación del Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal general Teodoro Nürnberg, quien sostuvo durante el juicio que los hechos formaron parte del plan sistemático de represión ilegal desplegado por el Estado durante la última dictadura cívico-militar.
El centro clandestino «Las Casitas»
Los delitos juzgados ocurrieron en el centro clandestino de detención conocido como «Las Casitas», que funcionó dentro del Regimiento de Infantería 8 de Comodoro Rivadavia. El tribunal ordenó levantar las restricciones sobre los bienes inmuebles vinculados al proceso judicial, aunque dispuso su preservación como Sitio de la Memoria, en cumplimiento de la Ley 26.691 y del decreto 1986/14.
Este reconocimiento formal reafirma el valor histórico y simbólico del lugar como espacio de memoria, verdad y justicia en la Patagonia, donde operaron estructuras represivas durante el terrorismo de Estado.
Quiénes fueron los condenados
Las condenas alcanzaron a los exmilitares Raúl Pantaleón Cruz, quien recibió la pena más alta con 11 años de prisión, y Eduardo Rodríguez, sentenciado a 3 años y 6 meses.
También fueron condenados los expolicías de Santa Cruz Mario Enrique Pérez, a 7 años de prisión, y Francisco Olegario Sevilla, a 6 años, junto al exprefecto Alfredo Pablo Lisseri, a 3 años y 6 meses.
En tanto, el exmilitar Fernando Pedernera y el expolicía Rafael Augusto Manuelides fueron absueltos por el tribunal. Además, varios imputados fallecieron antes del inicio del debate oral, motivo por el cual no llegaron a ser juzgados.
Detalle de las penas impuestas
Según el veredicto, Raúl Pantaleón Cruz fue condenado a 11 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como partícipe necesario de 15 hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por la imposición de tormentos.
Mario Enrique Pérez recibió una pena de 7 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua como autor mediato de allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas y tormentos. Francisco Olegario Sevilla fue condenado a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por hechos similares en perjuicio de varias víctimas.
Alfredo Pablo Lisseri fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, como partícipe necesario de allanamientos ilegales y privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por el uso de violencia. Eduardo Rodríguez recibió la misma pena como partícipe secundario de privaciones ilegítimas de la libertad.
Obligaciones y fundamentos
El tribunal impuso además a los condenados la obligación de mantener actualizado su domicilio y teléfono, informar cualquier modificación y comparecer ante cada requerimiento judicial, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata detención en caso de incumplimiento.
Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 13 de febrero a las 13, según se informó oficialmente durante la audiencia de lectura del veredicto.
Las víctimas y el alcance del juicio
El juicio, iniciado en agosto del año pasado, abordó los crímenes cometidos contra 23 personas secuestradas en Comodoro Rivadavia, en las localidades santacruceñas de Güer Aike, Pico Truncado y Caleta Olivia, y también en la ciudad de La Plata.
Varias de las víctimas fueron trasladadas desde unidades penitenciarias de Rawson y Trelew hacia los centros clandestinos involucrados. Entre ellas se encuentra el militante universitario Guillermo Silvera, quien permanece desaparecido.
Un fallo clave para la memoria y la justicia
Por último, el tribunal absolvió a varios de los condenados del delito de asociación ilícita, por el cual también habían sido acusados por el fiscal Nürnberg. No obstante, la sentencia fue considerada un paso fundamental en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Patagonia.
El fallo reafirma el compromiso del Poder Judicial con la investigación y sanción de los delitos del terrorismo de Estado, y consolida a “Las Casitas” como un espacio emblemático de memoria en el sur del país.
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