Enriquecimiento ilícito: la Justicia imputará los millones de dólares del vestidor a Martín Insaurralde y Jésica Cirio
El fiscal federal Sergio Mola sumará los fajos de efectivo a la causa penal tras el rechazo a los planteos de nulidad de las defensas. La investigación sobre una red de presuntos testaferros vinculados a las usinas de facturas truchas y bienes de lujo.
Martín Insaurralde y Jésica Cirio están investigados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el juzgado de Lomas de Zamora. (Foto: gentileza NA)
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, ingresa en una fase de definiciones logísticas y operativas en los tribunales federales. La fiscalía avanza en la recolección de pruebas clave para consolidar una nueva ampliación de las acusaciones patrimoniales.
Según confirmaron fuentes judiciales a La Nación, el fiscal federal Sergio Mola formalizará la imputación contra la pareja por la propiedad de los fajos de billetes en bolsas de plástico que aparecieron en una serie de videos grabados en un vestidor. Los investigadores del Ministerio Público estiman que el dinero en efectivo registrado en las imágenes de 2023 ascendería a unos 10 millones de dólares. El objetivo actual es determinar el destino final de esos fondos y si quedaron bajo la órbita de presuntos testaferros.
El cruce de llamadas telefónicas y la trazabilidad de los fondos públicos
Para reconstruir la trazabilidad de esta fortuna, de la cual no se registraban movimientos formales desde hace tres años, la fiscalía solicitó al juez federal Luis Armella un entrecruzamiento masivo de llamadas. La medida apunta a los teléfonos celulares de Cirio, Insaurralde y el resto de los sospechosos de coordinar el ocultamiento del efectivo, cuyas pruebas e imágenes fueron exhibidas por primera vez por La Nación.
A pesar de que las defensas técnicas presentaron un cúmulo de pedidos de nulidad alegando la violación del derecho a la intimidad, la fiscalía rechazó los argumentos e insistió en determinar los contactos, la duración de las llamadas y la geolocalización de los aparatos. El juez Armella concedió el peritaje telefónico de manera parcial. Debido a esto, la fiscalía prepara nuevas solicitudes tecnológicas para auditar el tramo de comunicaciones posterior a la difusión masiva de los videos, un período que resulta crítico para determinar si existieron maniobras de encubrimiento activo.
La trama de testaferros: Priscila Ferrante y propiedades en Puerto Madero
La hipótesis central de la investigación judicial apunta a que los fondos bajo sospecha fueron derivados hacia una red de presuntos testaferros. En el centro de esta estructura financiera aparece Priscila Daiana Ferrante, de 33 años, sobrina de Jésica Cirio e investigada por su vertiginoso ascenso patrimonial. El juzgado federal ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de la mujer, activando requerimientos cruzados dirigidos a los siguientes organismos del Estado:
- ARCA (la reciente estructura que reemplazó a la AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para auditar reportes de operaciones sospechosas.
- El Banco Central (BCRA) para fiscalizar movimientos de cuentas corrientes, plazos fijos y cajas de seguridad.
- El Registro de la Propiedad Inmueble y el Registro Automotor para certificar la titularidad de una flota de rodados y propiedades.
La mira judicial sobre Ferrante abarca un patrimonio descomunal que incluye la vinculación con 77 propiedades distribuidas entre Puerto Madero y Miami, más de 200 vehículos, lanchas y una mansión de 750 metros cuadrados en Banfield Oeste valuada en 1,8 millones de dólares, la cual la Justicia sospecha que fue adquirida originalmente por Insaurralde mediante fondos reservados.
Facturas apócrifas y desvío de fondos en la Municipalidad de Lomas de Zamora
El caso conecta de forma directa con Ariel Heber Russo, expareja de Ferrante, quien está acusado de liderar una de las mayores organizaciones de facturas apócrifas del país. Esta asociación ilícita operaba un centenar de usinas contables truchas que servían para que miles de contribuyentes evadieran impuestos, generando un perjuicio fiscal calculado en 5.000 millones de pesos mediante una facturación apócrifa global de casi 200 millones de dólares.
Para montar esta estructura, la banda reclutaba a personas indigentes a través de un policía federal apartado de la fuerza, a quienes les pagaban sumas miserables de entre 5.000 y 10.000 pesos para utilizar sus nombres en la constitución de sociedades fantasma.
De manera llamativa para los investigadores, la Municipalidad de Lomas de Zamora figuraba como cliente de estas usinas de facturas truchas durante la gestión de Insaurralde. La sospecha principal de la fiscalía es que el municipio recurría a estas prácticas de simulación de gastos con el único objetivo de justificar el desvío de fondos públicos hacia el entorno del exintendente, donde Russo habría actuado como presunto testaferro.
Día clave en los tribunales por la recusación y la pericia contable
La agenda judicial de este lunes incluye la resolución sobre la recusación planteada por la defensa de Insaurralde contra el fiscal Mola, a quien acusan de supuesta hostilidad y de exponer mediáticamente los pormenores del expediente. Mientras se define este incidente reservado, se mantiene vigente la prohibición de salida del país impuesta por el juez Armella para Insaurralde, Cirio, la modelo Sofía Clerici y dos hijos del exjefe comunal.
La definición sustancial de la causa penal ocurrirá el próximo viernes 17 de julio, fecha límite establecida para la entrega de la pericia contable de 75 puntos. Este documento técnico determinará con rigor científico si los imputados poseen la capacidad económica para justificar sus respectivos patrimonios o si los números consolidarán el pedido definitivo de declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, ingresa en una fase de definiciones logísticas y operativas en los tribunales federales. La fiscalía avanza en la recolección de pruebas clave para consolidar una nueva ampliación de las acusaciones patrimoniales.
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