Entraderas y asociación ilícita en el Alto Valle: la causa sumó tres imputados y ya son 10 los detenidos

La causa que investiga una seguidilla de entraderas violentas en el Alto Valle volvió a dar un giro significativo. Tras una serie de allanamientos en Roca, la Justicia imputó a tres nuevos hombres como integrantes de una asociación ilícita dedicada a cometer robos agravados en viviendas, con un alto nivel de planificación y violencia.

Con estas nuevas detenciones, ya son diez los imputados en una investigación que sacudió a distintas ciudades de la región durante el último año. El juez de Garantías Gustavo Quelín resolvió dictar prisión preventiva por dos meses para los tres acusados, al considerar acreditados riesgos procesales vinculados al entorpecimiento de la investigación.

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Una investigación que no se detiene

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El Ministerio Público Fiscal de Roca había imputado en noviembre a cinco hombres por un total de 12 hechos, entre los que se destacaban entraderas cometidas en el Alto Valle. Con el avance de las pesquisas, se logró individualizar a otros dos sospechosos, elevando el número de acusados a siete. Esta semana, tras nuevas diligencias, la cifra ascendió a diez.

Durante la audiencia, la fiscal Verónica Villarruel explicó que la investigación tiene como eje “el rol de una asociación ilícita conformada para cometer robos, realizar tareas de vigilancia previa y ejecutar los hechos con extrema violencia”.

Según detalló, los ataques estuvieron dirigidos principalmente contra personas en situación de vulnerabilidad por su edad o investigaban movimientos para llegar a propiedades sin moradores, con el fin de ingresar sin la resistencia de los dueños de los inmuebles.

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Allanamientos y nuevas detenciones

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El punto de partida de esta etapa de la causa fue una serie de cuatro allanamientos realizados este lunes por la mañana en Roca. Tres de los procedimientos se concretaron en barrios del sector noreste de la ciudad y otro en un inmueble céntrico, donde se secuestró documentación vinculada a operaciones inmobiliarias.

En esos operativos fueron detenidos tres hombres y se incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo, soportes digitales e indumentaria similar a la utilizada por fuerzas policiales. Las diligencias contaron con la intervención del COER, brigadas de Investigaciones y Criminalística.

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Los cargos formulados

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En la audiencia realizada este martes 23 de diciembre, la fiscalía imputó a los tres detenidos como miembros de la asociación ilícita y también por su participación directa en distintos hechos. Uno de ellos fue acusado por “tentativa de robo en poblado y en banda”, otro por “robo en poblado y en banda”, y el tercero por “robo agravado por ser cometido en poblado, en banda y con el uso de arma de fuego impropia”.

Villarruel remarcó que, “pese a no poseer antecedentes penales, la calificación legal por la que se tuvieron por formulados los cargos prevé una pena de cumplimiento efectivo”.

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Violencia y vulnerabilidad

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Durante su exposición, la fiscal fue enfática al describir la gravedad de los hechos. «No debemos olvidar que estas personas ultrajaron domicilios, atacaron a personas con alto grado de vulnerabilidad y avanzaron contra adultos mayores sabiendo perfectamente la situación en la que se encontraban«, sostuvo.

También advirtió sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según explicó, los imputados actuaron con “mucha organización”, ocultaron o hicieron desaparecer vehículos utilizados en los robos y, en algunos casos, los destruyeron. Como ejemplo, mencionó una Jeep Compass hallada incendiada en la zona de chacras de Allen, un Peugeot 208, una Honda HRV y un Fiat Cronos.

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Riesgos procesales y prueba pendiente

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El Ministerio Público Fiscal fundamentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de un testigo de identidad reservada y en la necesidad de proteger a las víctimas que aún deben participar de ruedas de reconocimiento. “Es necesario procurar la seguridad de quienes deben declarar y reconocer a los autores”, señaló la fiscalía.

Además, se informó que los teléfonos celulares secuestrados serán enviados a la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) para su análisis, una medida clave para reconstruir las vinculaciones telefónicas de la banda. También se investiga el presunto uso de drones en tareas de vigilancia previa a los robos.

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La postura de las defensas

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Las defensas se opusieron tanto a la imputación como a la prisión preventiva. El defensor penal público propuso como alternativa la colocación de tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento a las víctimas y a los demás imputados.

En el mismo sentido, un abogado particular sostuvo que su asistido “no ha tenido ningún tipo de oposición al proceso, cuenta con trabajo estable y tiene hijos menores que dependen de sus ingresos”, por lo que pidió una medida menos gravosa.

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La decisión del juez

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Tras escuchar a las partes, el juez Gustavo Quelín tuvo por formulados los cargos y dio inicio a la etapa preparatoria por el plazo de cuatro meses. En su resolución, explicó que la fiscalía “ha descrito la manera en que esa asociación se formaba, quiénes la integraban y cuál era su fin: cometer delitos contra la propiedad en distintos puntos de la ciudad de Roca y la región”.

El magistrado remarcó que “la imputación es grave” y que se investigan al menos 12 hechos. Si bien reconoció que en algunos legajos -en caso de recaer condena- podría existir la posibilidad de una pena condicional, sostuvo que ello “no limita la evaluación de los riesgos procesales”.

Finalmente, resolvió dictar prisión preventiva por dos meses —menor al plazo solicitado por la fiscalía— al considerar que el encierro preventivo “aparece como legal y necesario” para garantizar las ruedas de reconocimiento y la continuidad de la investigación. La medida vencerá el 22 de febrero de 2026.

Por disposición judicial, no se difundieron los nombres ni imágenes de los imputados, con el objetivo de no entorpecer las diligencias pendientes.