Juicio por YPF: Estados Unidos suspende las apelaciones secundarias y ratifica el escenario a favor de Argentina
La Cámara de Apelaciones de Nueva York formalizó el freno a todos los recursos pendientes hasta que la sentencia principal quede firme. La medida cancela la audiencia del 16 de abril y confirma la pérdida de sustento de los reclamos de Burford tras la anulación de la condena.
Como consecuencia natural del fallo que revocó la sentencia de primera instancia, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso todos los trámites de apelación vinculados al juicio por la estatización de YPF. La resolución no representa un cambio de rumbo, sino el paso procesal esperado: al no existir ya una condena firme de US$16.100 millones, los recursos derivados de ese fallo quedan sin efecto práctico hasta que se agoten las instancias de revisión.
Esta decisión del tribunal conlleva la cancelación de la audiencia que estaba prevista para el próximo 16 de abril. En esa fecha se debían discutir, entre otros puntos, la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a la Argentina a entregar acciones de la petrolera como garantía. Según explicó el ex subprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, el tribunal simplemente está aplicando la lógica derivada de su propio fallo favorable al Estado nacional.
El camino «cuesta arriba» para Burford Capital
El fondo Burford Capital, principal demandante, ya solicitó una prórroga hasta el 8 de mayo para intentar revertir el fallo. Argumentaron que su abogado principal, Paul Clement, posee compromisos previos que dificultan una presentación adecuada en los plazos originales. Sin embargo, para los especialistas, el fondo enfrenta un panorama complejo a través de las únicas dos vías que le restan:
- Reconsideración «en banc»: Solicitar que el plenario de la Cámara revise lo decidido por los tres jueces del panel.
- Recurso de «certiorari»: Acudir a la Corte Suprema de los Estados Unidos, una opción que se considera de difícil acceso.
Tras la derrota judicial, el fondo emitió un comunicado expresando que la decisión representa un «notable abandono de los derechos de los accionistas», aunque deslizaron que podrían recurrir a arbitrajes de tratados de inversión como alternativa viable.
La preeminencia de la ley argentina
El fundamento central que sostiene este estado de la causa es la interpretación del tribunal sobre la jerarquía normativa: las leyes dictadas por el Congreso de la Nación prevalecen sobre el estatuto de YPF. Los jueces argumentaron que, bajo la ley argentina, los estatutos sociales no funcionan como contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y el Estado en procesos de expropiación.
Este criterio fue el que desarmó la estrategia de Burford, que buscaba probar un «incumplimiento de contrato» y reclamaba medidas extremas como la declaración de desacato del país o la entrega forzosa de acciones estatales. Por ahora, todos esos reclamos quedan congelados a la espera de que el fallo de fondo sea definitivo.
Con información de Infobae y La Nación
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