La Corte Suprema confirmó la destitución de una funcionaria judicial de Bariloche

La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso presentado por una exfuncionaria judicial de Bariloche que había sido destituida por el Consejo de la Magistratura en 2017 e inhabilitada por cinco años para ocupar cargos en el Poder Judicial.

Se trata de la exsecretaria de un Juzgado de Instrucción Penal de Bariloche, Mariela Taboada, que fue destituida por la Magistratura por mal desempeño en sus funciones, aunque un año después fue absuelta de una causa penal que se le inició por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Taboada, tras su destitución, interpuso distintos recursos ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que fueron rechazados, y luego acudió en queja ante la Corte Suprema que ahora falló en coincidencia con el tribunal rionegrino.

Según difundió el Poder Judicial, la Corte en su fallo recordó que los procesos de remoción de magistrados y funcionarios judiciales tienen una naturaleza esencialmente política y que el control judicial sobre ese tipo de decisiones es limitado.

Según la doctrina reiterada de la Corte, solo pueden revisarse cuando se acreditan violaciones manifiestas al debido proceso o a la garantía de defensa en juicio que tengan entidad suficiente para modificar el resultado del proceso. La Corte consideró que en este caso ese estándar no se encontraba satisfecho porque fue fundada adecuadamente la destitución y la sanción de inhabilitación.

En línea con el dictamen de la procuradora Fiscal, la Corte Suprema resolvió rechazar la queja y dar por concluido el planteo, quedando firme la decisión adoptada por los órganos provinciales.

Taboada había sido designada por el Consejo de la Magistratura en 2015 como secretaria de un Juzgado de Instrucción Penal -cuando existía ese organismo, que impulsaba la investigación, antes del cambio del Código Procesal Penal- y dos años más tarde se inició una investigación por siete cargos.

La conclusión del Concejo de la Magistratura en el juicio político fue que la exsecretaria “no resulta idónea para el cargo que fue designada, por lo que estimamos que las sanciones de destitución e inhabilitación resultan razonables y proporcionales al mal desempeño evidenciado a partir de los hechos acreditados en estas actuaciones”.

Señalaron que “cometió diversas conductas que incluyeron faltas de respeto y trato inapropiado hacia un magistrado, que era además su superior jerárquico”.

También la Magistratura encontró probado el maltrato reiterado hacia una empleada embarazada, el trato inapropiado a una mujer que acudió al Juzgado a denunciar y graves errores en 59 proyectos de resolución.