La Justicia demora la investigación sobre la compra de tierras en Río Negro con fondos de Emiratos Árabes
El propietario de un campo ubicado en Alto Río Chubut (zona de frontera) que denunció usurpación por parte de una comunidad mapuche reconoció haberlo comprado con una "donación" de los Emiratos Árabes Unidos.
El reclamo formulado días atrás por el abogado defensor de una referente mapuche en un juicio por usurpación para que se investigue la venta de tierras en zona de frontera a un supuesto testaferro de los Emiratos Árabes Unidos no tiene todavía expediente abierto y el Ministerio Público Fiscal de Río Negro eligió tomar el tema con máxima cautela.
El fiscal que intervino en el juicio, Francisco Arrien, tiene decidido dar curso a esa denuncia recién cuando la sentencia quede firme, señalaron fuentes oficiales. Pero el dato que circula es que la justicia provincial se desligará del caso y tiene previsto girar el asunto a la Justicia Federal.
El abogado Martín Palumbo alertó el pasado 7 de abril durante su alegato en el juicio oral realizado en Bariloche sobre la posible violación de la ley 26.737 sobre protección y dominio de tierras rurales, que veda la compra de lotes y campos en zona de frontera por parte de personas físicas o jurídicas de origen extranjero.
Palumbo y Milton Díaz actuaron como defensores de Soledad Cayunao, quien llegó a juicio acusada de montar en febrero de 2023 un “campamento improvisado” en tierras cuyo propietario formal es Hugo Barabucci, un profesor y difusor del polo con residencia semipermanente en los Emiratos Árabes. Cayunao resultó absuelta, pero los ecos de lo escuchado durante la audiencia perduran hasta hoy y sembraron un mar de interrogantes que no encuentran respuesta.
Barabucci fue el denunciante original de la presunta usurpación y se presentó como propietario del campo de 14.689 hectáreas ubicadas en el paraje Alto Río Chubut, cerca de Ñorquinco, en el sur de Río Negro.
El juez Marcelo Álvarez Melinger, en su sentencia absolutoria, dejó constancia de que Palumbo subrayó durante su alegato de defensa lo expresado por el propio Barabucci cuando declaró bajo juramento que “había comprado esa tierra por una donación de Emiratos Árabes Unidos y sin cargo, sin nada a cambio”. El terrateniente dijo incluso ante el juez y las partes que el dinero recibido del gobierno del país asiático habían sido “unos dos millones de dólares”.
Para el abogado esa compra violó la ley 26.737, que tiene plena vigencia a pesar de que el gobierno nacional intentó derogarla mediante el decreto 70/23, luego revertido por la Corte Suprema de Justicia. Palumbo recordó que los artículos 6, el 7 y el 10 de la ley establecen que ni extranjeros “ni personas interpósitas” pueden adquirir tierras en zonas de seguridad de frontera, ni linderas con espejos de agua. Así quedó especificado en la sentencia, que también recogió otro detalle aportado por el abogado: “el lote objeto del presente litigio está a 45 kilómetros en línea recta de la frontera con Chile y obviamente está en zona de seguridad de frontera, porque la ley establece que esa limitación es de 100 kilómetros”.
Pidió en consecuencia que se remitan los antecedentes al Ministerio Público fiscal para que se investigue si la compra “fue legítima o ilegítima”. El articulado de la ley señala que la venta de tierras a extranjeros por “interposición” de personas físicas argentinas será considerado “una simulación ilícita y fraudulenta”.
Una operación que quedó en el ojo de la tormenta
A pesar de lo explícito del relato de Barabucci y del planteo del abogado defensor, hasta ahora no hubo gestos concretos de parte de los fiscales en dirección a comprobar el supuesto ilícito. Pero sí existieron repercusiones en el ámbito legislativo, tanto provincial como nacional.
Los bloques Vamos con Todos y PJ Nuevo Encuentro de la legislatura rionegrina emitieron hace dos semanas un pedido de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal para que tome intervención “ante posibles delitos vinculados al ingreso de divisas extranjeras y la adquisición de tierras en una zona estratégica de la provincia”.
La legisladora Magdalena Odarda aseguró que los fondos que empleó Barabucci para comprar el campo habrían tenido origen en una cuenta del First Gulf Bank de Abu Dhabi y llegaron vía transferencia a través del J.P Morgan Chase de Nueva York, “sin cumplir con los controles exigidos en materia aduanera, fiscal y penal”.
Al Congreso nacional el tema llegó por iniciativa del diputado Marcelo Mango (Unión por la Patria), quien presentó un proyecto de resolución dirigido al ministerio de Seguridad de la Nación y los organismos competentes en materia de seguridad de fronteras para que investiguen si la adquisición de tierras rurales en zona de frontera de la provincia de Río Negro, en Alto Río Chubut/Cerro Carreras, fue realizada“ mediante interpósita persona o testaferro en beneficio de intereses extranjeros”.
La ley lo prohíbe
Palumbo consideró que los dichos de Barabucci durante el juicio son incontrastables. Consultado ayer por este medio dijo no tener conocimiento de que su pedido haya generado algún movimiento en Tribunales y aclaró que la intervención no le corresponde solo al fiscal Arrien, como responsable de la acusación en el juicio a Cayunao, sino que “lo podría tomar cualquier fiscal de oficio”.
Admitió también que la investigación en último término deberá quedar a cargo de la Justicia Federal.
El diputado Mango dijo que su pedido está pendiente de tratamiento en la Cámara Baja, que primero debe pasar por la comisión de Legislación General y luego por la de Seguridad Interior. “Está claro que se violó la ley que prohíbe la venta de tierras a extranjeros en zona de frontera”, observó Mango.
Dijo que además de lo que ya es información pública se debería develar “el entramado oculto” de la operación inmobiliaria encarada hace casi diez años. A su entender, si se comprueba la ilegalidad la venta de la tierra a Barabucci debería ser anulada. Según sostuvo durante el juicio, el instructor de polo destina en la actualidad el valioso predio bañado por el río Chubut a desarrollar un coto de caza.
Este medio intentó conocer la postura de su abogada, que actuó como querellante en el juicio, Magdalena Sanguinetti, pero no respondió los llamados. Según Mango, si un ciudadano argentino “actuó como pantalla o testaferro” para la compra de tierras por parte de intereses extranjeros, el Estado nacional tiene “la obligación” de intervenir.
Recordó que la zona involucrada, en las nacientes del río Chubut, está especialmente protegida “por razones de soberanía y seguridad nacional”.
El diputado agregó que “las zonas de seguridad de fronteras no existen por capricho burocrático” y la ley que las protege “fue dictada precisamente para impedir procesos silenciosos de extranjerización de la tierra, concentración territorial y apropiación de áreas sensibles por parte de capitales foráneos”.
Esas restricciones quedarían eliminadas -reconoció Mango- si prospera el proyecto de ley llamado de “inviolabilidad de la propiedad privada” que impulsa el gobierno nacional. Pero recordó que aun si la ley resulta aprobada, la compra de tierras por parte de Barabucci y los Emiratos Árabes no quedaría blanqueada porque corresponderá aplicar la normativa vigente en el momento de su concreción.
El caso Joe Lewis, antecedente y controversia
Al rastrear otras situaciones similares, sin dudas la de mayor notoriedad es la que involucra al magnate de origen británico Joe Lewis, quien adquirió a través de su empresa Hidden Lake, una paradisíaca fracción ubicada en plena cordillera rionegrina, sobre el lago Escondido, y más cerca todavía de la frontera con Chile. La operación inmobiliaria data de mediados de los 90 y desde entonces logró sortear todas las impugnaciones jurídicas, favorecida por indulgencias varias, incluido una librada en fecha reciente por el presidente Javier Milei, según publicaciones de la prensa nacional.
La compra de las primeras 8.076 hectáreas en cercanías de El Foyel (entre Bariloche y El Bolsón) por parte de la firma Hidden Lake fue homologada por el gobierno de Río Negro en 1996. Luego se le sumaron más tierras hasta superar las 10 mil hectáreas, donde Lewis construyó una fastuosa mansión, una central hidroeléctrica y otras infraestructuras.
Durante años la operación eludió los cuestionamientos formales porque la compradora original era otra firma, de origen argentino, que poco después transfirió la propiedad a una “continuadora” a la perteneciente a Lewis.
Recién en 2017 la Procuraduría General de la Nación alertó sobre las irregularidades y una investigación de la Inspección General de Justicia determinó en 2022 que la sociedad Hidden Lake SA era nula por tratarse su origen de un “acto simulado”, y había sido constituida “con abuso del derecho”.
Luego de otras denuncias y actuaciones, el 27 de septiembre de 2023 el ministerio del Interior declaró “lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad” otorgadas por el Ministerio de Defensa a Hidden Lake en 1996 e instruyó a su oficina de asuntos jurídicos para que inicie una “acción por lesividad” contra esa firma, a fin de obtener “la declaración de nulidad” de los actos administrativos que la habilitaron para la compra de tierras en área de frontera.
Pero el cambio de gobierno abortó ese proceso y según publicó días atrás el periódico digital El Destape “la administración Milei clausuró la acción de lesividad contra Lewis con la homologación de una conciliación avalada desde el ministerio del Interior”, que formalizó el juzgado de feria en lo Contencioso Administrativo Federal el pasado 28 de enero, hace menos de tres meses.
Comentarios