La Justicia espera un informe clave sobre el patrimonio de Manuel Adorni y podría exigirle una justificación formal
El fiscal Gerardo Pollicita aguarda un informe contable que analizará la evolución patrimonial del jefe de Gabinete y su entorno familiar. Si detecta inconsistencias entre ingresos y gastos, la Justicia podría exigirle una justificación formal sobre el origen de sus bienes.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresó en una etapa decisiva. En los próximos días, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibirá un informe contable elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), un documento considerado determinante para definir el rumbo de la causa.
La causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni se acerca a un punto clave
El estudio analizará la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Su objetivo será establecer si los ingresos declarados por el funcionario son compatibles con las adquisiciones, inversiones y gastos detectados durante la investigación.
Si el informe concluye que existen inconsistencias patrimoniales, el fiscal quedará en condiciones de solicitar al juez Ariel Lijo un requerimiento de justificación patrimonial. Esa instancia permitirá al funcionario presentar documentación y explicaciones sobre el origen de los fondos cuestionados. En caso de que esas respuestas no resulten satisfactorias, la causa podría avanzar hacia una citación a declaración indagatoria.
Durante los últimos dos meses, la fiscalía reunió información sobre compras y refacciones de propiedades, viajes de elevado costo y adquisiciones consideradas de lujo, entre ellas ropa blanca valuada en alrededor de ocho millones de pesos, una cascada para una pileta y una parrilla cotizada en 14.000 dólares.
La hipótesis de los investigadores sostiene que el nivel de gastos del funcionario habría aumentado significativamente desde su incorporación al Gobierno nacional en diciembre de 2023, pese a que su salario como funcionario público rondó los tres millones de pesos mensuales hasta comienzos de este año.
En declaraciones públicas, Adorni afirmó que gran parte de ese patrimonio proviene de una inversión realizada entre 2013 y 2014 en Bitcoin. Según explicó, destinó unos 200.000 dólares de sus ahorros a la criptomoneda y esa inversión se valorizó hasta superar los 500.000 dólares, fondos que, aseguró, mantuvo sin declarar hasta que actualizó recientemente sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.
El informe de la DAFI examinará de manera integral los bienes, ingresos, ahorros, movimientos bancarios, declaraciones juradas, operaciones con criptomonedas, gastos y deudas del grupo familiar. Además, reconstruirá el flujo de fondos para determinar si las erogaciones registradas encuentran respaldo en ingresos acreditados o si existen partidas que requieran una explicación adicional.
Como parte de esa tarea, el organismo también contrastará la información aportada por entidades financieras, plataformas de activos digitales y organismos públicos. En ese marco, se aguarda la incorporación de respuestas de las billeteras virtuales Lemon y Binance, del country Indio Cuá, de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Universidad Abierta Interamericana (UAI), que completarán la prueba reunida en el expediente.
Con esos elementos, la fiscalía considera que la investigación ingresará en su fase definitoria y que, una vez concluido el análisis contable, la Justicia estará en condiciones de resolver si corresponde exigir formalmente a Adorni que justifique el origen de su patrimonio.
Con información de Infobae
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