Ley de Tierras: la Corte Suprema trata este viernes el amparo sobre la venta de campos a extranjeros
El planteo lo presentaron la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, la asociación Árbol de Pie y dos comunidades mapuches. El tribunal sumó dos conjueces porque sus tres ministros no coinciden en cómo resolver el caso, que está vinculado al fallo de la semana pasada sobre el DNU 70/2023.
La Corte Suprema de Justicia se reunirá este viernes a las 9 en un acuerdo extraordinario en el que podría decidir si vuelven a regir las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. A los ministros Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz se sumarán los camaristas Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, sorteados como conjueces porque los tres titulares no coinciden en cómo resolver el caso.
Tal como anticipó Diario RÍO NEGRO, el expediente es un amparo colectivo impulsado por la asociación ambientalista de Bariloche Árbol de Pie y las comunidades mapuches Lafkenche y Fvta Anecon. Según informó La Nación, también lo firma la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, y el jueves pasado le pidieron a la Corte una aclaratoria para que precise si su fallo de la semana anterior alcanza también a esa causa, que, según ese medio, incluye un pedido de medida cautelar.
Ese fallo revocó, por un motivo procesal, la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que el gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737. La Corte entendió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había invocado la defensa de la soberanía, no estaba legitimado para promover el caso, y no se pronunció sobre el fondo.
Odarda y las organizaciones sostienen que su reclamo es distinto: no se apoya en la soberanía sino en la protección del ambiente y en los derechos del pueblo mapuche sobre sus territorios ancestrales, que según argumentan podrían verse afectados por la eliminación de la ley.
Qué establecía la Ley de Tierras y qué podría cambiar con la decisión de la Corte Suprema
Si el tribunal hace lugar al planteo, podrían volver a regir las restricciones de la Ley 26.737. La norma fijaba un tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental, con un máximo del 30% de ese porcentaje para una misma nacionalidad, y un límite de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo o su equivalente. Además, prohibía a extranjeros adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
Los magistrados tienen dos caminos posibles. Uno es devolver el expediente a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició, aunque la urgencia con la que se maneja la causa hace pensar que no será esa la opción.
El otro es que la propia Corte se pronuncie sin pasar por la primera instancia, algo que constitucionalistas consultados por La Nación calificaron de muy excepcional. En ese caso, podría tratarse de una medida interina, la figura prevista en la ley de cautelares contra el Estado, que rige solo hasta que el Estado presenta el informe que le pide el tribunal.
Por qué la Corte aceleró los plazos y qué se discute en el Congreso sobre el DNU 70/2023
La Corte acortó de 72 a 24 horas el plazo para recusar a los conjueces «en atención a las particulares circunstancias de la causa», sin detallar cuáles, y habilitó días y horas inhábiles. Una vez vencido ese plazo, Rosatti convocó al acuerdo de este viernes.
El fallo de la semana pasada generó críticas, y la oposición pretende tratar en una sesión especial, el jueves 15 de octubre, el rechazo de todo el DNU 70/2023 y no solo del artículo referido a las tierras. Según La Nación, una nueva decisión de la Corte podría ayudar al Gobierno a desactivar esa iniciativa.
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