El Gobierno oficializó el pedido de juicio político contra los jueces que viajaron al Lago Escondido
La solicitud de investigación por "mal desempeño" fue presentada hoy ante el Consejo de la Magistratura. "En el comportamiento del juez deberá primar un irrepochable sentido de independencia e imparcialidad", afirmo el escrito.
El escándalo de Lago Escondido fue citado en varias ocasiones por el oficialismo tras conocerse la condena de la causa Vialidad. Foto ilustrativa
El Gobierno Nacional concretó el pedido de juicio político para los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por un viaje privado a la mansión del magnate británico Joe Lewis en Lago Escondido. La solicutud fue presentada esta mañana por el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz.
Ustarroz realizó el ingreso del escrito de 16 páginas por mesa de entrada. En su redacción consideró “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.
“Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”, sostiene el documento.
El representante del Ejecutivo recordó que la Constitución Nacional de 1860 estableció que “pueden los actos de un funcionario no ajustarse al vocabulario de las leyes penales vigentes, no ser delitos o crímenes calificados por la ley común, pero sí constituir mal desempeño porque perjudiquen al servicio público, deshonren al país o la investidura pública, impidan el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución, en cuyo caso bastan para promover el enjuiciamiento”.
Tras describir los pormenores del viaje –del que también habrían participado el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques-, Ustarroz subrayó que “una sociedad mandante comprende que el magistrado no sólo debe preocuparse por ‘ser’ según la dignidad propia del poder conferido, sino también por ‘parecer’, de manera de no suscitar legítimas dudas acerca del modo en el que cumple el servicio judicial”.
“En el comportamiento del juez deberá primar una mirada social que anteponga el interés colectivo y común al particular o individual, como también un evidente e irreprochable sentido de independencia e imparcialidad en todo aquello en lo que por su función deba intervenir”, insistió.
Además describió la existencia de un “mecanismo” que buscó “influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro”.
En ese contexto, citó que la Ley de Ética Pública “prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.
Fuente Noticias Argentinas
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