Tras el veredicto que condenó a Cristina, la Corte pidió evaluar los perjuicios a Vialidad Nacional

Con el  dictamen del procurador interino Eduardo Casal, se designó a un magistrado del juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 11, para que determine si los imputados produjeron "daños y perjuicios" al Estado.

La Corte Suprema definió que, un juez Civil y Comercial Federal, determine si Cristina Fernández de Kirchner y los demás funcionarios imputados en la causa Vialidad produjeron “daños y perjuicios al Estado Nacional. La decisión se dio ayer, tras conocer la sentencia que condenó a la mayoría de los imputados.

Se trata del reclamo civil que la Dirección de Vialidad postuló como consecuencia de los delitos que le atribuyó en su denuncia de 2016, a los funcionarios del gobierno kirchnerista que ayer resultaron condenados en primera instancia.

De esta manera, el máximo tribunal resolvió una cuestión de competencia suscitada entre el Tribunal Oral Federal Nº 2 -que el martes dictó veredicto en la causa Vialidad-, y el fuero de lo Civil y Comercial Federal.

El procurador general interino, Eduardo Casal, consideró como «razonable y verosímil», la conclusión de que el desarrollo del presente litigio civil en el proceso penal es capaz de «entorpecer el curso de este último en un grado que comprometería la exigencia de juzgar a los imputados en el plazo más breve posible y sin dilaciones indebidas”.

De esa manera, el tribunal oral que dictó las condenas por “administración fraudulenta” declinó –en cambio- su competencia para intervenir en la acción civil, que persigue una condena también por “daños punitivos”.

El jefe de los fiscales resaltó que la demanda contra el contratista Lázaro Báez se fundó en el régimen de la responsabilidad contractual, dado que el daño emana del incumplimiento de las relaciones convencionales que lo ligaban con el Estado. Por otro lado, el reclamo civil en el proceso penal sólo puede basarse en la responsabilidad extracontractual que surge de la comisión de un delito”.

Desde Vialidad también se reclama la compensación económica por los perjuicios supuestamente ocasionados por los imputados al Estado Nacional. «Con su actuación contraria a la leyes en la adjudicación y ejecución de obras públicas en la provincia de Santa Cruz”.

Ese reclamo quedó ahora en manos del juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 11, a cargo del juez Alejandro Nóbili.

NA – Noticias Argentinas


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