Secta rusa en Bariloche: la defensa de Konstantin Rudnev apeló a la Corte para sostener la prisión domiciliaria
La defensa del ciudadano ruso Konstantin Rudnev presentó un Recurso Extraordinario Federal contra una resolución de Casación y busca que la Corte Suprema revise la controversia sobre su prisión domiciliaria en la causa que se investiga en Bariloche.
La defensa de Konstantin Rudnev presentó un Recurso Extraordinario Federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga en la disputa procesal por la prisión domiciliaria del ciudadano ruso imputado en la causa que se tramita por presunta trata en Bariloche. El planteo cuestiona la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que declaró inadmisible una impugnación presentada por el defensor Martín Sarubbi y sostiene que el Ministerio Público Fiscal no tenía habilitada la vía utilizada para cuestionar la morigeración de la prisión preventiva.
El recurso busca revertir la decisión notificada el 25 de junio por la Cámara de Casación, al considerar que cerró «arbitrariamente» la posibilidad de revisar una resolución que, según la defensa, constituye el verdadero eje del conflicto: la admisión de la queja presentada por la fiscalía para que la Casación analizara el cambio de la prisión preventiva por el arresto domiciliario.
El planteo contra la intervención de Casación
El escrito firmado por el abogado Martín Sarubbi sostiene que la resolución impugnada impidió revisar una decisión que habilitó un recurso que, a criterio de la defensa, no existe dentro del ordenamiento procesal aplicable.
El argumento central del planteo es que «el recurso de casación no resulta un remedio procesal válido» para que el Ministerio Público Fiscal cuestione la morigeración de una medida de coerción. Según el escrito, al admitir la queja de la fiscalía, la Cámara Federal de Casación Penal concedió «un recurso inexistente en el ordenamiento procesal», situación que puso «en jaque» el arresto domiciliario del imputado.
Para la defensa, esa decisión produjo un «gravamen irreparable», por lo que debe ser considerada equiparable a una sentencia definitiva y, en consecuencia, susceptible de revisión por parte de la Corte Suprema.
Cómo se originó la controversia
El recurso reconstruye la secuencia procesal que derivó en la presentación extraordinaria.
De acuerdo con el escrito, el Ministerio Público Fiscal había solicitado la prórroga tanto del plazo de la investigación como de la prisión preventiva de Rudnev. El juez de garantías de Bariloche hizo lugar a ambos pedidos.
Posteriormente intervino el Colegio de Jueces con Funciones de Revisión del Fuero Federal de General Roca. Ese tribunal confirmó parcialmente la resolución, aunque dispuso morigerar la prisión preventiva y convertirla en prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico y otras medidas previstas en el artículo 210 del Código Procesal Penal Federal.
La fiscalía cuestionó esa decisión mediante un recurso de casación. Sin embargo, el propio Colegio de Jueces declaró inadmisible esa vía recursiva.
Frente a ese rechazo, el Ministerio Público Fiscal presentó una queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que finalmente hizo lugar al planteo. La defensa criticó esa resolución por considerar que se trató de una «magra resolución» que únicamente afirmó que «la queja deducida reúne los requisitos de admisibilidad y fundamentación», sin desarrollar mayores argumentos.
La «casación horizontal» y el nuevo recurso
Luego de esa decisión, Sarubbi promovió una denominada «casación horizontal», con el objetivo de que otra sala de la Cámara Federal de Casación Penal revisara la admisión de la queja fiscal.
El fundamento de ese planteo fue que «todas las decisiones son revisables», especialmente cuando, según la postura de la defensa, existe un acto arbitrario.
No obstante, esa presentación fue declarada inadmisible, resolución que ahora es cuestionada mediante el Recurso Extraordinario Federal dirigido a la Corte Suprema.
Las garantías invocadas por la defensa
En su presentación, la defensa también reproduce parte de los argumentos que el propio Colegio de Jueces de General Roca utilizó para rechazar originalmente el recurso de casación impulsado por la fiscalía.
Según esos fundamentos, el ordenamiento procesal «no contempla» que las decisiones adoptadas por los jueces de revisión durante la etapa preparatoria sean revisables por la Cámara Federal de Casación Penal. Además, sostiene que la morigeración de la prisión preventiva «no es sentencia definitiva ni tiene tales efectos» y recuerda que el sistema jurídico argentino reconoce como regla general el estado de libertad durante el proceso, en consonancia con la garantía constitucional de presunción de inocencia.
En esa misma línea, la defensa concluye que la resolución cuestionada por el Ministerio Público Fiscal «no es una sentencia definitiva ni tampoco una resolución que por sus efectos pueda ser asimilada a tal», por lo que entiende que la queja nunca debió ser admitida.
En el apartado dedicado al agravio federal, el recurso enumera las garantías constitucionales que considera vulneradas, entre ellas el derecho de defensa en juicio, el debido proceso legal, la garantía del doble conforme y el derecho a recurrir, todos con jerarquía constitucional tras la reforma de 1994.
Finalmente, el petitorio solicita que se tenga por interpuesto el Recurso Extraordinario Federal en tiempo y forma y que se revoque la resolución dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.
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