Un juez rechazó la probation y envió a juicio al agresor de un activista por el acceso al lago Escondido
El acusado es un empleado municipal de El Bolsón y la víctima un poblador de El Foyel. La querella insistió que el acusado tiene un "patrón de conducta violento".
Hugo Víctor Araneda, un empleado municipal de El Bolsón, deberá ir a juicio oral y público por el delito de lesiones leves y amenazas contra un poblador del paraje El Foyel a quien agredió en febrero de 2024, luego de que un juez desestimó la posibilidad de una probation.
La suspensión de juicio a prueba había sido propuesta por la defensa oficial de Araneda y aceptada por el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, pero la querella en representación de Raúl Brigues, la víctima, rechazó y fundamentó su teoría de que el agresor tenía un patrón violento y que no terminaría con esa situación con una resolución alternativa del conflicto.
El juez de Juicio de Bariloche Sergio Pichetto escuchó a las partes en una audiencia por Zoom solicitada por la defensa y rechazó la propuesta que establecía una suspensión de juicio a prueba por un año, con 30 horas de trabajo comunitario y un resarcimiento económico a la víctima por 300.000 pesos a pagar en 12 meses.
Pichetto insistió que el objetivo de esa figura del Código Procesal penal era “poner fin al conflicto” y en este caso entendió que no se terminaría el conflicto entre el agresor y la víctima porque consideró que existe una “cuestión conceptual que tiene que ver con una cuestión ideológica” por las posturas antagónicas de ambos.
La víctima es un poblador de El Foyel activista en defensa del libre acceso al lago Escondido y el agresor fue identifiado por la querella como partícipe en distintos episodios violentos hacia manifestantes de las costas libres, aunque es la primera vez que llega a esta instancia judicial.
Los abogados querellantes, Juan Palumbo y Andrea Reile, puntualizaron su rechazo a la suspensión de juicio a prueba al insistir en un accionar violento de Araneda en distintos episodios y que el ataque físico a Brigues -a quien le provocó una fractura de tabique, lesión de meniscos en una rodilla y afectación de toda la dentadura inferior en febrero de 2024- “no se trató de un hecho aislado”.
También señalaron que el acusado incumplió una medida cautelar con restricción perimetral de acercamiento a Brigues y su familia.
“Creemos que la respuesta que tiene que dar el Poder Judicial y la política de persecución penal que tiene que tener el Ministerio Público Fiscal con personas como el señor Araneda es inflexible y no otorgándole un beneficio que sabemos que ha incumplido”, esgrimió Palumbo que también cuestionó que una jueza anteriormente modificó la calificación penal que en principio era de lesiones graves y pasó a ser lesiones leves.
Su colega Reile dijo que con la suspensión del juicio a prueba ofrecido por la defensa y convalidado por la fiscalía “no se va a restablecer ninguna paz social” y mencionó una “conducta del imputado de gran importancia social”.
La defensa oficial representada por Blanca Alderete había fundamentado en el pedido de acceder a un método alternativo del conflicto con la falta de antecedentes penales del agresor y que la condena en caso de ser juzgado sería con una pena de prisión condicional. El fiscal coincidió y señaló que el pedido de pena máxima sería de 3 años de prisión de ejecución condicional.
Finalmente el juez descartó esta propuesta y avanzó hacia el juicio oral.
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